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lunes, 27 de septiembre de 2010

Reporteros demandan garantías para informar

*La víspera, tras el ataque en el que murió el fotógrafo de El Diario de Juárez, Luis Carlos Santiago Orozco, y quedó herido su compañero Carlos Manuel Sánchez, decenas de activistas adheridos al Frente Plural Ciudadano (FPC) y del Frente Democrático Estudiantil exigieron justicia a las autoridades y el esclarecimiento del homicidio.

Tribuna Libre / Tapachula Chiapas (Universal)
Periodistas de Chiapas, marcharon ayer para demandar al gobierno federal que se garantice la seguridad física, jurídica, de vida, patrimonial y social del gremio periodístico nacional y de sus familias en el ejercicio de la profesión.
La pertinaz lluvia no evitó que reporteros, camarógrafos, fotoperiodistas, columnistas, editorialistas y comunicadores que laboran en medios impresos, radiofónicos, televisivos y de internet de los municipios chiapanecos de Cacahoatán, Tapachula, Mazatán, Huixtla y Motozintla caminaran del parque Bicentenario hasta la explanada de la presidencia municipal de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala.
La víspera, tras el ataque en el que murió el fotógrafo de El Diario de Juárez, Luis Carlos Santiago Orozco, y quedó herido su compañero Carlos Manuel Sánchez, decenas de activistas adheridos al Frente Plural Ciudadano (FPC) y del Frente Democrático Estudiantil exigieron justicia a las autoridades y el esclarecimiento del homicidio.
A lo largo de unos cinco kilómetros por la avenida Jilotepec, los manifestantes conminaron a los ciudadanos a protestar y a perder el miedo, para exigir que las autoridades municipales, estatales y federales garanticen la seguridad.
En marchas simultáneas, en la capital (Chihuahua) y en la ciudad fronteriza de Juárez, el grupo de activistas, identificado con la izquierda, pidió también el esclarecimiento del crimen del periodista policiaco Armando Rodríguez Carreón “El Choco”, asesinado el 13 de noviembre de 2008. Los dos reporteros ejecutados pertenecían a la plantilla de trabajadores de El Diario.
Con pancartas e imágenes de cámaras fotográficas y de los periodistas juarenses asesinados, y señalamientos por las poco más de 2 mil 400 ejecuciones cometidas en el año en esa frontera, se desarrolló la Sexta Caminata contra la muerte, que se realiza como una medida de presión tras el asesinato de la activista social Josefina Reyes.
En la protesta se congregaron líderes de colonias, estudiantes y trabajadores de los medios de comunicación.
Luis Carlos Santiago fue asesinado la tarde del pasado 16 de septiembre por un grupo de desconocidos, que le dispararon desde un carro en movimiento, en tanto que su compañero Carlos Manuel Sánchez, herido de bala, pudo escapar de los agresores.
Marcha en la frontera sur
Portando mantas y pancartas, informadores de medios locales, estatales, nacionales e internacionales demandaron un alto a la violencia y seguridad para el gremio periodístico, al tiempo de solidarizarse con los familiares de los compañeros fallecidos en el país.
En un documento firmado por los comunicadores que se hará llegar al gobierno federal y al Poder Legislativo, del cual dio fe la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de la visitadora adjunta Ana Lucía Ramírez, se refiere que los deudos de los periodistas caídos en cumplimiento de su deber de informar quedan en el desamparo por que no existe por parte del Estado la garantía en la ley de proteger socialmente a los hijos huérfanos, a las cónyuges viudas o a los doloridos padres.
“Por ello es que, desde esta región del Soconusco en la Frontera Sur de México, les solicitamos: un marco jurídico, de aplicación general en todo el país, de protección social y a la integridad de los trabajadores de la información”, refiere el escrito por entregarse.
En su intervención, el columnista Carlos Z. Cadena dijo que de acuerdo a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos hasta ahora se llevan contabilizados 112 asesinatos de periodistas de 1983 a la fecha, de los cuales 12 permanecen desaparecidos, lo grave es que de ellos 46 han sido muertos en los 46 meses del actual gobierno federal y todos los casos se encuentran en la más absoluta y vergonzante impunidad.

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