*"Bienvenida
a la fiesta", le dijo un oficial a Mónica, vio a su hermano y su esposo
sentados, desnudos y ensangrentados.
Ciudad de México. | 25 abril de 2018
Tribuna Libre.- Mónica viajaba en su camioneta junto a su
esposo y hermano por la intersección de Boulevard Libertad y Revolución en la
ciudad de Torreón, Coahuila, cuando elementos de la Policía Municipal los
detuvo. Era febrero del 2013.
Los agentes, sin mediar palabra alguna y en
carencia de una orden de aprehensión, detuvieron a los tres tripulantes
quienes, en lugar de ser consignados ante el Ministerio Público (MP), fueron
llevados a una bodega ubicado detrás de las oficinas de la Dirección de
Seguridad Pública de Torreón.
Durante el arresto, les robaron veinte mil
pesos –dinero con el cual comprarían material para hacer arreglos a su negocio
de ropa– alhajas, ropa y el vehículo en el que se transportaban, el cual
condujo personal del Ejército Mexicano, elementos que fueron llamados por los
policías municipales para que los "apoyaran" con la detención.
Al llegar a dicho lugar, Mónica se quedó
afuera dentro de una patrulla, mientras su esposo y hermano eran introducidos a
la bodega.
Sin embargo, un oficial más llegó y, cuando
vio a la mujer de entonces 26 años dentro del vehículo, enfureció contra una de
las policías que habían llevado a las tres personas al lugar.
"¡Eres una pendeja! ¿Por qué la tienes
detenida ahí?", le dijo el oficial a la uniformada, por lo que
inmediatamente metió a Mónica a la bodega, mientras amenazaba con hacerla
"pedacitos" si se oponía.
"Bienvenida a la fiesta", le dijo
un oficial a la mujer al entrar al galpón, donde vio a su hermano y su esposo
sentados, desnudos y ensangrentados. Fue ahí cuando inició el infierno de
Mónica.
Los uniformados la amarraron y vendaron, para
después empezar a sumergir su cabeza en repetidas ocasiones al interior de una
cubeta con agua.
Luego, la asfixiaron con bolsas de plástico,
la golpearon en las nalgas con un tablón de madera y la arrastraron por el
suelo jalándola del cabello. También le aplicaron descargas eléctricas en los
genitales y las piernas.
Mientras la tortura era realizada, los
gendarmes no dejaban de hacerle preguntas a Mónica, mismas no podía contestar.
Durante los escasos instantes en que los
oficiales cesaban los castigos, Mónica veía cómo golpeaban a su esposo con
látigos con espuelas de metal y le desprendían la piel de la pierna con un
cuchillo.
Cuando parecía que el infierno había
terminado, un representante de la Secretaría de Seguridad Pública de Torreón
comenzó a besarla bruscamente, a morderla en la cara y el cuello, luego la
violó delante de su esposo y su hermano.
Uno tras otro, seis policías violaron a
Mónica. Por si fuera poco, los oficiales se masturbaron en su cara, la
obligaron a practicarles sexo oral y tragarse el semen.
Todo esto mientras elementos del Ejército
miraban la escena.
Tras el viacrucis de tortura encabezada por
la Policía Municipal de Torreón y la supervisión de efectivos militares, los
detenidos fueron llevados a las oficinas de la Procuraduría General de la
República (PGR) en la capital coahuilense.
Sin embargo, en el camino, el esposo de
Mónica murió en sus brazos, a consecuencia de la tortura.
Al llegar a la PGR, Mónica y su hermano
estuvieron más de 12 horas bajo custodia policías, después los llevaron en
avión a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México.
Ya en la capital del país, los obligaron a
firmar una "confesión" en la que afirmaban formar parte de "Los
Zetas" y si se negaba a hacerlo, le iba a mandar fotografías de sus hijos
y de su madre "muertos y descuartizados".
Ante el miedo de que las amenazas se hicieran
realidad y que las torturas volvieran, Mónica y su hermano firmaron la
confesión.
Al día siguiente, ambos fueron presentados
ante los medios como integrantes de una banda de secuestradores y señalaron que
el esposo de Mónica había muerto luego de un enfrentamiento tras el operativo
que buscaba su detención.
Además, se dio a conocer un decomiso de
armamento de alto poder y equipo táctico, así como redes de comunicación.
Desde entonces, Mónica y su hermano están en
prisión en espera del resultado de su juicio por cargos de participación en delincuencia organizada.
En tanto dos de los cuatro hijos de Mónica
están al cuidado de un albergue, ya que, ante su encarcelamiento y el asesinato
del esposo, su familia no puede asumir el costo de su manutención.
El caso de Mónica ante la ONU
El caso de Mónica ha sido ampliamente
documentado por diversos organismos como Amnistía Internacional, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez.
Incluso, formará parte del Informe
Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México 2012-2019,
realizado por más de 100 instancias de defensa de los Derechos Humanos, que se
presentará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante esta
semana para acusar al Estado Mexicano de tortura.
También abordaran la militarización –no
oficial– que ha vivido México en los últimos 12 años y que continuará, según
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, con la Guardia Nacional
propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"La Guardia Nacional representa una
respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que
enfrentamos [...] genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no
garantiza terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y
democrática", ha señalado Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH.
Mientras que la ONU ha sentenciado:
"reiteramos nuestra grave preocupación ante un proyecto que dará carácter
permanente a un esquema de seguridad pública militarizado, mismo que hemos
cuestionado de manera reiterada en el pasado".
La preocupación de la militarización de la
seguridad pública en México es la constante violación de los Derechos Humanos
de parte de los miembros castrenses, por ejemplo, de diciembre del 2006 a junio
de 2017, la CNDH emitió 7 mil 869 quejas por actos de tortura, mismas que el
59% fueron destinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Dicha inquietud continúa para las
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, luego que el presidente
colocara a un militar al frente de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio,
pese a que la legislación aprobada por el Congreso detallaba que el mando de
este nuevo cuerpo del orden debía ser civil.
"¡Desde la sociedad civil seguimos
rechazando enérgicamente el mando militar en la Guardia Nacional! Exigimos que
se respete el acuerdo colectivo de que el mando sea civil", se manifestó
Amnistía Internacional.
"El presidente habla y piensa en la
Guardia Nacional como él la propuso y no como el Congreso la aprobó. [...] Los
33 Congresos acordaron que fuera un mando civil y aprobaron una reforma con una
Guardia civil y no militar", refirió en entrevista con Carmen Aristegui,
Alejandro Madrazo, profesor-investigador del Departamento de Estudios Jurídicos
del CIDE.
La institucionalización de la tortura por
parte del Estado mexicano ha sido señalada constantemente por organizaciones
internacionales.
Desde 2014, Juan Méndez, relator de la ONU
sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ha sostenido
que en México la tortura es una práctica generalizada.
Asfixia, violencia sexual, descargas
eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica, son parte de las
ilegalidades que las fuerzas del orden de todos los niveles cometen de forma
irregular, según Méndez.
Por su parte, Amnistía Internacional sostiene
en México a los detenidos se les tortura de manera habitual en un intento de
obligarlos a firmar "confesiones" falsas.
Mientras que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha calificado de insuficiente la respuesta del gobierno
mexicano ante las violaciones de los derechos humanos.
Y como no iba a ser así, si el gobierno de
Enrique Peña Nieto rechazó en al menos cuatro ocasiones informes
internacionales donde señalaban la violencia, así como la violación a los
Derechos Humanos.
En tanto, Andrés Manuel López Obrador ha
comenzado con el pie derecho en materia, al reunirse con Michelle Bachelet, la
Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde firmaron un acuerdo
para que la ONU sea quien capacite a los efectivos de la Guardia Nacional.