Tribuna Libre / José Miguel Cobián
La reforma recién aprobada del código penal del estado que tanto escozor ha causado en las redes sociales, es la que adiciona el siguiente párrafo al artículo 373 del Código Penal del Estado, creando la figura del delito por perturbación del orden público: ¨Se castigará hasta con cuatro años de cárcel a quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego, de sustancias químicas biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, siempre que su conducta genere una perturbación en el orden público¨.
Quienes han estado en contra de esta ley afirman que no es correcto castigar a alguien por difundir rumores falsos, e incluso defienden el derecho de comentar cualquier cosa por las redes sociales, aún cuando quien las comente altere con su conducta el orden público, si por miedo afirmó algo que no es verdad.
Creo que la discusión es tonta y bizantina, y sobre todo, que la mayoría de los twitteros no han leído lo que se aprobó, y se han dejado llevar por su antigobiernismo y por la propaganda en contra de dicha ley del gobernador Duarte.
Los que hemos vivido los efectos de los rumores, la paralización de la actividad económica, y la angustia de madres y padres que acuden a centros de estudios a recoger a sus retoños ante una amenaza ficticia manejada mediante el rumor ya sea en persona o en las redes sociales, sabemos que quien esparce rumores y mentiras hace un daño a la sociedad.
Como mexicanos sabemos también que urge en este país una cultura de la verdad, pues en todos los ámbitos se miente sin el menor recato e incluso sin la desaprobación social. Mentir es una costumbre vista como normal por la ciudadanía en general, aunque dichas mentiras pongan en riesgo a personas y sus bienes.
La propuesta de ley puede tener sus errores, aunque no le veo problema en lo personal, pero está tratando de defender a la sociedad de personas que puedan utilizar la mentira con afán de notoriedad o como un medio para distraer la atención pública e incluso desviar esfuerzos de protección de gobierno, con el fin de obtener algún tipo de beneficio.
El artículo modificado establece dos requisitos para que alguien pueda ser acusado de cometer ese delito, y si no se dan los dos requisitos conjuntamente no se podrá acusar a nadie. El primer requisito es que alguien transmita un rumor falso y el segundo requisito es que ese rumor cause un problema de perturbación en la paz pública.
Si alguien dice la verdad, y al decirla altera la paz pública no hay delito. Si alguien dice una mentira y nadie le cree, y no se perturba la paz pública, tampoco hay delito. El delito se configura generando una mentira que altere la paz pública. Y hay también un tercer candado, la mentira se debe referir a la existencia o uso de artefactos explosivos, uso de armas de fuego, o uso de armas biológicas o bacteriológicas. Si no se cumple ese requisito, entonces tampoco se incurre en el delito.
Un error claro en la redacción del artículo es que no cubre la posibilidad de que alguien con un avieso interés, afirme en redes sociales o en cualquier otro medio, que en una escuela se está llevando a cabo un secuestro masivo de alumnos. Allí se cumple el requisito de que se está mintiendo, también se cumple el requisito de que se perturba la paz pública, pero no se cumple ningún otro supuesto que debe de existir para que se tipifique el delito.
En lo personal considero que la decisión de actuar contra quienes generaron los rumores en días pasados en el puerto de Veracruz fue correcta. Incorrecto el modo de realizar la investigación y el de integrar la averiguación previa, incorrecto el negar el auto de libertad e iniciar el proceso. Correcta la liberación ordenada por el propio gobernador al desistirse el ministerio público de su querella. Correcta la modificación al código penal del estado, pues no podemos permitir que ciudades enteras, como ya sucedió también en la zona de Córdoba-Orizaba, se paralicen y entren en pánico gracias a una muy bien orquestada campaña de rumores.
La historia de un celular
Le ofrezco a mi hija cambiar su nextel por un blackberry, pero por motivos de presupuesto decido que el nuevo celular sea de otra empresa, pues los nextel cuestan al mes $900.00 o más. Vamos a Telcel a preguntar y nos atienden rapidísimo, de inmediato nos dicen que no puedo contratar a 12 meses, y que no puedo contratar un número del D.F. aquí, así que nos olvidamos de esa empresa y pasamos a Iusacell.
Nunca pensé que la odisea se llevara una semana. Resulta ridículo todo lo que hemos pasado, y nos muestra que en México no hay respeto por el cliente, y que los ciudadanos estamos indefensos ante los monopolios que todo lo pueden.
Busco hablar con una ejecutiva de UNEFON que me ha atendido en varias ocasiones. El teléfono de la oficina dónde venden teléfonos no funciona y su celular jamás contesta, lo que me hace pensar que ya no trabaja allí. Decido ir al centro de servicio de IUSACELL en Córdoba, y me atiende un joven muy amable que está en su primera semana de trabajo, sin la suficiente capacitación. Perdemos aproximadamente una hora y me dice que no me puede dar el teléfono porque no tengo suficiente crédito.
Me llama la atención su argumento, pues la tarjeta de crédito con la que pago mi celular tiene un límite de crédito 100 veces mayor a mi consumo mensual y estoy al corriente con todos mis pagos. Me explica entonces que el problema no es mi tarjeta sino Banco Azteca, y que son ellos los que no me otorgan más crédito. Me dice que vuelva el lunes con una serie de documentos para ver si banco azteca aumenta mi línea de crédito y puedo contratar otro celular a mi nombre.
Al día siguiente paso por un centro comercial y allí se me ocurre pasar a una tienda IUSACELL, en dónde un joven me da la misma explicación en quince minutos y se ofrece a tramitar mi aumento de crédito, o en su defecto a tramitar una línea para una persona moral que poseo, y a nombre de esa empresa sacar el celular. Me promete ir al día siguiente (lunes) a mi oficina por los papeles y me ofrece que el martes ya estará mi hija disfrutando de su Blackberry.
Pasa el lunes y nadie va por mis papeles, también pasa el martes, y comienzo a pensar que me equivoqué, que las empresas de hoy y los jóvenes de ahora ya no tienen el mínimo interés en vender y atender a sus posibles clientes. Sin embargo, el miércoles por fin al medio día se recoge la documentación.
El jueves me llama y me pide unos recibos de nómina míos para poder aumentar mi línea de crédito en Banco Azteca, banco al que no le pido nada, pues pago con una tarjeta de crédito expedida por Santander. En fin, le mando por mail los documentos que solicita, y también le firmo la solicitud de teléfono para la persona moral, con el fin de saber cuál de los dos, yo o la sociedad seremos dignos de obtener un celular con pago mensual de $500.00.
Desde el domingo, quien me atiende, afirmaba que al día siguiente estaría todo resuelto, y yo pensaba en que gracias a Dios no me urgía el teléfono. Llegado el día siguiente –del jueves-, me entero que Banco Azteca todavía no ha autorizado ni la línea de crédito para la persona moral ni el aumento de línea de crédito para mí como persona física y me piden más documentos para poder demostrar mi solvencia moral, documentos que me enteré se requerían, al medio día del viernes. Esto implica que si tengo suerte, dispondré del celular por allí del lunes o martes de la próxima semana, es decir 10 días después de haberme acercado por primera vez a una tienda de celulares para sacar el que yo requiero.
En cualquier lugar civilizado del planeta, tramitar un celular tarda aproximadamente media hora. En México tarda aproximadamente 10 días. Benditos monopolios de telefonía celular y bendito monopolio de bancos incompetentes, y bendita falta de interés de los vendedores mexicanos por atender a sus clientes. Y así queremos competir con el primer mundo…
Otro día hablaremos de lo carísimo del mercado nacional de celulares, de lo pésimo de la infraestructura, de lo mediocre de su velocidad de internet, y de su desinterés por realizar las inversiones necesarias para ofrecer un buen servicio. Claro, como comentario, porque no hay autoridad que ponga orden ante tanto abuso, al contrario son cómplices como siempre.
