Decreto sin
precedente en el país
* El dar positivo implicará la separación temporal
o definitiva del cargo.
* Serán sujetos, desde el Ejecutivo del Estado
hasta el último servidor de confianza con rango de mando.
* Pide a organismos autónomos y ayuntamientos
sumarse a esta medida para consolidar confianza en instituciones.
* Más de 8 mil millones de dólares reditúa el
consumo de drogas en México, señala.
* Paradoja dramática que como sociedad financiemos
a los delincuentes.
Xalapa, Ver. / 29
de mayo de 2012
Tribuna
Libre.- En una acción sin precedente en el país, el
gobernador Javier Duarte de Ochoa emitió un decreto mediante el cual ordena que
todos los servidores públicos de confianza de la administración estatal deberán
someterse a exámenes toxicológicos para garantizar que su desempeño público no
se vea afectado o influenciado por el consumo de drogas o sustancias prohibidas
por la ley.
El dar positivo en
los resultados será motivo para la separación temporal o definitiva del cargo,
según sea el caso, y el Estado, previa solicitud del servidor público, podrá
otorgarle las facilidades para el ingreso a alguna institución de
rehabilitación pública.
El gobernador
Javier Duarte de Ochoa dio a conocer lo anterior en un evento realizado en la Sala
de Banderas ante la presencia del gabinete legal y representantes de todos los
medios de comunicación, a quienes refirió que la acción de los grupos
criminales tiene una vertiente que no debe perderse de vista, y que debe
atenderse con la misma decisión y prontitud con la que se enfrentan los delitos
que cometen.
Expresó que cifras
oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública federal revelan que el consumo
de drogas en México se ha disparado; su valor actual en el mercado nacional
supera los 8 mil 780 millones de dólares al año. “Estamos ante un claro
fenómeno de incremento de las adicciones, que es a la vez, la mayor
fuente de ingreso de esos grupos criminales”.
En una paradoja
dramática, manifestó el mandatario veracruzano, “somos nosotros, como sociedad,
los principales patrocinadores de esos criminales que envenenan a nuestros
jóvenes, que nos lastiman y agravian; que extorsionan, secuestran y asesinan”.
Sostuvo que en
Veracruz, además de las acciones para poner fin a la violencia y zozobra que
generan los grupos delictivos, el Gobierno está consciente de la necesidad de
tomar medidas para atender de manera integral la circunstancia nacional que hoy
se enfrenta y que está relacionada con el envenenamiento y descomposición
social, a partir del consumo de drogas.
Javier Duarte de
Ochoa señaló que en el Gobierno de Veracruz se predica con el ejemplo y es por
ello que, con fundamento en sus facultades, emitió este lunes un decreto que
ordena la realización de exámenes toxicológicos a todos los servidores
públicos de confianza de la administración pública centralizada y paraestatal
del estado.
Esto implica que
además de los requisitos previstos en las leyes y reglamentos del estado, los
servidores públicos de confianza se sujeten a estas pruebas para asegurar que
su desempeño público no se verá afectado o influenciado por el consumo de
fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la ley.
Son sujetos del
presente ordenamiento desde el Gobernador del Estado hasta el último
funcionario de confianza de la estructura de gobierno que esté en un rango de
mando.
El Ejecutivo del
Estado subrayó que si como consecuencia de los exámenes médicos y toxicológicos
practicados algún servidor público diera positivo en los resultados de
laboratorio, tal condición dará lugar, según sea el caso, a la separación
temporal o definitiva del cargo.
Los exámenes
deberán realizarse dos veces al año y la Secretaría de Salud será la
responsable de contratar los servicios de un laboratorio certificado para la
realización de los mismos.
El mandatario
veracruzano hizo un exhorto respetuoso para que se sumen a esta medida, que no
tiene precedente en el país, a los integrantes de los organismos autónomos del
estado, así como de los ayuntamientos, bajo la convicción de que ello permitirá
consolidar la confianza de la sociedad en las instituciones a través de la
confiabilidad de sus servidores públicos.
