Eduardo de la Torre Jaramillo / 21de julio de 2012
Tribuna
Libre.-El
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene hasta el 6 de
septiembre de este año para tener un fallo sobre el Juicio de Inconformidad que
interpuso Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la invalidez de la elección
presidencial, es pertinente mencionar que AMLO está teniendo una actitud
política institucional, ya que la impugnación se encuentra dentro de la ruta
del proceso electoral y evidentemente no está repitiendo lo que hizo en 2006.
El Juicio de Inconformidad que presentaron
las izquierdas es una muestra ampliada de que la elección federal fue sucia, y
no necesariamente por parte del IFE, a éste lo que le podemos criticar es que
abdicó de las funciones que se le ampliaron con la reforma electoral 2007-2008,
particularmente en la parte de la fiscalización. En el caso de la argumentación
jurídica, desde mi punto de vista es sólida en lo referente a la
constitucionalidad, las pruebas que presentaron fueron las que les
proporcionaron mayoritariamente los ciudadanos y no sus representantes de
partido en las casillas,porque tuvieron una cobertura deficiente de acuerdo al
IFE, el PRD, PT y MC, únicamente cubrieron el 50, 50 y 25 por ciento,
respectivamente, lo que evidencia que la izquierda en su conjunto no se preparó
electoralmente para la elección o actuó desordenadamente o no hubo estrategia
para el día de la elección.
De todas las pruebas que presentó en su
impugnación AMLO, sólo el caso de Zacatecas está documentado porque realizaron
una investigación, las otras 24 evidencias presentadas, entre las más
representativas son los reportajes de los periódicos, “Reforma”, “The
Guardian”, la revista “Proceso”, una entrevista de Carmen Aristegui, los cables
de WikiLeaks y el reportaje de Jenaro Villamil sobre los contratos de Televisa
con Enrique Peña Nieto; lo más complejo de comprobar es la compra de los 5
millones de votos, en donde focalizan a Soriana y Monex.
Hasta allí estaba la participación de la
izquierda frente al TEPJF, pero el PAN decidió impugnar por separado, ahora se
une al PRD para denunciar por lavado de dinero al candidato del PRI, y aquí es
donde empieza el doble juego político y jurídico, porque primero el presidente
Felipe Calderón hasta gustoso felicitó el 1 de julio a Peña Nieto y 5 días
después criticó la compra de votos y pidió sanción a quienes lo hicieron,
después hizo lo propio la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota y al
final Gustavo Madero, quien ya hasta se sentó en una rueda de prensa con el
dirigente nacional del PRD, aunque la crisis en el interior del PAN se observó
con la representante del Yunque, Cecilia Romero avalando el triunfo de Peña
Nieto; aquí es muy ilustrativo comentar que el presidente Felipe Calderón tiene
como característica que siempre está razonando sus acciones, y políticamente es
un hombre impredecible, por eso quizá el nerviosismo de los priistas, quienes
ya asistieron a la PGR para presentar sus pruebas de que si compraron tarjetas
por 62 millones de pesos, con este hecho se desdicen de su negativa original.
El cambio del PAN se pudo haber dado porque
están analizando lo peligroso que podría resultarle al país la toma de posesión
de Enrique Peña Nieto, esto con la reunión de los grupos radicales en Atenco,
donde algunos de esos grupos tienen vínculos con el EPR, por eso el nerviosismo
priista hizo que los 18 Congresos Locales aprobaron una reforma política que se
gestó hace 5 años y estaba en la congeladora dese hace 2 años, y la sacaran de fast track porque le da oportunidad a
tomar posesión en otro lugar distinto al Congreso de la Unión, en caso de que
se ratifique el triunfo de Peña Nieto. Si a todo esto le agrego la declaración
de Gustavo Madero sobre un posible “estallido social”, aquí sólo caben dos
respuestas: a) no sabe lo que dijo, o b) tiene alguna información sobre esa
posibilidad, y de allí su rápida alianza con el PRD para que simbólicamente
signifique un frente jurídico-político opositor para lo que viene; de la visita
“amistosa” de Peña Nieto a Los Pinos cuando no son los tiempos jurídicos para
hacerlo, ya que esos tiempos son a partir del 7 de septiembre porque la toma de
posesión es hasta el 1 de diciembre; es aquí donde el juego de los símbolos,
los tiempos y los futuros resultados serán importantes para el resolutivo del
TEPJF.
Finalmente, si la mayoría de los 7
magistrados, se inclinan por un fallo “garantista” y deciden invalidar la
elección presidencial, lo cual estaría dentro de la interpretación de las
últimas reformas constitucionales, donde tiene primacía la democracia
constitucional ese puede ser el criterio que fijarían, el respeto a la
Constitución particularmente a los artículos 39 y 41 que invocaron las
izquierdas en el Juicio de Inconformidad; aquí es pertinente mencionar que si
la elección se invalida es una salida institucional que fortalece al TEPJF,
quien estaría actuando como un Tribunal Constitucional, donde se repite la
elección en dos años, se nombra un presidente interino, que sería el secretario
de gobernación, ello de acuerdo a la reforma política que se aprobó hace 2
días, por eso hay que leer detenidamente esa reforma política que contempla el
doble juego: la ratificación de Peña Nieto, quien tomaría posesión en un lugar
distinto al Congreso de la Unión, o la presidencia interina del secretario de
gobernación, quien curiosamente está ausente en estos días. Este es un
escenario más, estimado lector.