
*Advierte la izquierda que todavía hay que abordar
la reestructuración del Instituto Electoral Veracruzano y Órgano de
Fiscalización Superior.
*En la nueva propuesta se restablecen los
principios de equidad y transparencia; se regulan las encuestas; se prohíbe el
financiamiento de personas morales en campañas políticas; se determina que el
desarrollo de las sesiones de los órganos electorales, debe tener carácter
público; se permite la participación de observadores electorales de todo el
país y no sólo de locales como se pretendía.
Xalapa, Ver. / 30
de julio de 2012
Tribuna
Libre.-El frente opositor encabezado por el PRD, PAN Y
Movimiento Ciudadano, logró frenar la imposición de una reforma al Código
Electoral de Veracruz, propuesta por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, que
coartaba la libertad de expresión y estaba hecha "a modo" por los
priistas, sostuvo el presidente del Comité Ejecutivo estatal de PRD, Juan
Vergel Pacheco.
Explicó que tanto
el gobernador de Veracruz como los diputados locales del PRI, se vieron
obligados a incluir las propuestas de los partidos de oposición, toda vez que
la ciudadanía veracruzana había mostrado rechazo a la aprobación de una reforma
electoral "caprichosa y convenenciera".
Sin embargo,
Vergel Pacheco observó que todavía queda pendiente la reestructuración del
Instituto Electoral Veracruzano (IEV), dada la urgente necesidad de que la
instancia organizadora de los procesos electorales de Veracruz, recupere la
credibilidad de los actores políticos.
De la misma
manera, "urge que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) cubra su
responsabilidad para que los recursos públicos municipales se administren de
forma honesta y transparente”.
Es lamentable,
acotó, que los ciudadanos tengan que vigilar más al órgano electoral y a los
servidores públicos que involucran recursos institucionales en campañas
políticas.
En un acto
protocolario a donde asistieron los representantes de todos los partidos
políticos de Veracruz y también se tuvo la presencia del ejecutivo estatal, el
presidente del PRD en el estado, expuso la necesidad de reformar leyes para
regular el funcionamiento de algunos órganos autónomos que intervienen en los
procesos electorales locales.
"Nos parece
grave que todavía sean los ciudadanos y, en este caso, los dirigentes de los
partidos, quienes tengamos que andar atrás del árbitro de la contienda
electoral o cuidando a los representantes de los poderes, para garantizar que
éstos no violenten la ley y tengamos procesos electorales transparentes,
limpios y sobre todo creíbles", recalcó.
Precisó que esta
iniciativa ha sido replanteada y por supuesto es positivo que se haya establecido
diálogo entre los actores políticos; sin embargo, "todavía existen
opiniones de la sociedad que no han sido escuchadas en torno a esta reforma
electoral".
El PRD logró que
en esta nueva propuesta de reforma se restablezcan los principios de equidad y
transparencia, se regulen las encuestas para que no sean instrumento de
propaganda electoral; además, se evita el turismo electoral en Veracruz, al
establecer que los representantes de casilla estén inscritos en la lista
nominal de electores del estado.
Asimismo, se
realizaron modificaciones para que puedan participar observadores electorales
de todo el país en los comicios locales y no solo de la entidad, como se pretendía
imponer por la mayoría priista. Un aspecto importante de los contenidos de la
propuesta de reforma hecha por la izquierda, es la prohibición del
financiamiento de personas morales en campañas; también se retiró la limitante
que aludía a la protesta ciudadana durante procesos electorales, que en un
principio era contemplada en el documento enviado por el gobernador.
Finalmente, Juan
Vergel Pacheco en su calidad de presidente del PRD en Veracruz, destacó que en
este nuevo Código Electoral es un logro de la izquierda y de los partidos de
oposición, pues se plantea la regulación del recuento de voto por voto y se
incorporan los debates de candidatos para su transmisión en medios estatales.
No obstante, se determina que el desarrollo de las sesiones de los órganos
electorales tengan carácter público.