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septiembre 29, 2012

Ley Federal del Trabajo, señuelo de Calderón


Luis Arturo Ugalde Álvarez | 29 septiembre  de 2012
 Tribuna Libre.-Los propósitos del Gobierno en principio deben orientarse a resolver los problemas que al paso surgen.  No ha sido así a pesar de los esfuerzos realizados y a la postergación de decisiones, errores cometidos e ineptitudes.  Durante los 12 últimos años esos problemas se acrecentaron.  Padecemos serias dificultades económicas y los indicadores muestran abrumadoras e injustas diferencias entre las clases sociales.

En las actuales circunstancias de inseguridad pública originadas por el combate a la delincuencia, todo parece indicar que se trata de una trampa que deja al nuevo gobierno la Iniciativa presentada al Congreso por el Presidente Felipe Calderón para una Nueva Ley Federal del Trabajo.  Preocupa la ola de inconformidades que se han suscitado, cuando hace falta pacificar al país.  Es inapropiado tratar un tema tan delicado a tres meses y días para la renovación del poder presidencial.
Para culminar con notoriedad su estadía en Los Pinos y enfatizar en las medidas anti obreristas que han singularizado a su régimen y al de su antecesor, se ha valido del carácter de preferente que la propuesta adquiere por disposición de ley para su pronto dictamen, y ha inducido a través de sus embajadores panistas apoderados de diversos organismos empresariales y de los legisladores afines, a presionar con todo para exigir y lograr el cambio de la ley laboral, sin que el proyecto responda a las expectativas de que con tal reforma habrá generación de empleo, que es la necesidad más sentida en el país.

En el plan de trabajo de Enrique Peña Nieto se visualiza sin duda la realidad nacional para descubrir qué se puede hacer para traducir los deseos colectivos a metas asequibles mediante programas factibles, en acciones realizables y concretas.  Precisar la política laboral, por ejemplo, que ha de seguirse durante un régimen de gobierno no consiste en señalar, simplemente, qué objetivos nacionales querrían alcanzarse.  En esta área, como en todas las demás, la política sigue siendo ciencia de lo posible; arte de lo que se puede entre lo que se tiene y lo que se quiere.

Ocurre que las circunstancias políticas por su propia naturaleza, propician, demoran o cancelan las posibles soluciones, según sea el caso.  Unas veces aunque la causa lo amerite, no resulta por lo pronto conveniente ensayar o iniciar siquiera algún tipo de solución, porque pudiera caerse en un ardid tendido por el adversario político para producir turbulencia social, afectación de intereses y perjuicio a determinados sectores, lo que complica aún más la problemática.

Para acertar, esas decisiones deben tomarse justo a tiempo por el jefe político responsable del Gobierno, con sustento en la información necesaria sobre la materia de que se trate y habiendo visualizado los alcances sociales, económicos y políticos que resulten de la medida adoptada. Sin soslayar la necesidad de actualizar el código laboral, el proyecto calderonista  de inicio no es procedente porque muchos de sus contenidos se oponen al texto constitucional.  En todo caso, debió presentarse al mismo tiempo una reforma al Artículo 123 de la Carta Magna para empatar las modificaciones pretendidas a la Ley Federal del Trabajo.  Por esta razón las Cámaras tendrán que desechar la mayor parte del articulado.

La inconstitucionalidad es evidente en los planteamientos en torno a la limitación a un año de los salarios caídos, cuando la demora para resolver los juicios no es imputable a los tra bajadores; al salario por unidad de tiempo, sin prever salarios que correspondan a esa modalidad de contratación; al trabajo de menores, del cual se dice que debe tipificarse como delito, cuando en el Código Penal ya existe desde hace años esa disposición.  Igual ocurre con los conceptos de contratación colectiva, arbitraje, derecho de huelga y autonomía sindical, que son los temas más controvertidos y en el contexto obrero patronal son minas sembradas a estallarle al siguiente gobierno.

Véase por ejemplo, como se desvirtúa por su pésima sintaxis, el sentido del pretendido Artículo 2°, al tratar de definir el Objeto de las normas de trabajo, adicionando el concepto – abascalista -  de “… “trabajo decente” en “todas” las relaciones laborales”…”.  Sobra la palabra “todas”; y el adjetivo inapropiado de “decente”, cuyo significado del diccionario es: con compostura, modestia, recato, pudoroso, casto, honesto, puro, probo, etc., no puede sustituir al enunciado constitucional de: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”; luego en el mismo artículo se abunda innecesariamente sobre seguridad social, salario, capacitación, productividad y seguridad e higiene, que después se tratan en los apartados correspondientes.

En cuanto a la transparencia, la rendición de cuentas y auditorías a las organizaciones sindicales, si bien es cierto que los trabajadores deben exigir de sus dirigentes evitar tantos abusos y derroches, es indubitable que eso compete sólo a los agremiados a los sindicatos, inclusive de los sindicatos patronales, y que no son tareas de las autoridades del trabajo.  Por su parte, la autoridad hacendaria siempre ha podido intervenir en los sindicatos cuando advierte incumplimiento de las obligaciones fiscales.

El nuevo proyecto reincide en poner por delante los contratos temporales: a prueba, por tiempo fijo y por capacitación, para supuestamente facilitar la contratación de desempleados.  Al respecto, Néstor de Buen Lozano advierte que resulta eso una paradoja porque al terminar un contrato temporal, evidentemente que la desocupación aumenta y, en todo caso, se mantiene en vigor la falta de mercado de la que tanto se quejan los empresarios, porque no puede haber mercado cuando faltan los salarios.

La iniciativa no alcanza a regular la práctica de la subcontratación, como lo han hecho otros países.  Contratar a otros, que en realidad son proveedores de un servicio para un patrón básico, se justifica cuando se trata de un valor agregado a la actividad predominante por la especialidad ofrecida, no para ceder la responsabilidad del manejo de los recursos humanos al subcontratista, lo que se lleva a cabo en México cada vez en mayor medida para disminuir costo de mano de obra y escatimar impuestos, lo que constituye un fraude.

Aunque modificada, tendrá que salir la reforma de cualquier manera para no incumplir la legalidad, pero por lo visto será una aportación pobre para los propósitos de favorecer la generación del empleo y la productividad, así como para dinamizar el mercado de trabajo; en todo caso, será la – primera- de las reformas contemporáneas a la Ley Federal del Trabajo, la que fracasará por no alcanzar sus objetivos y ello será atribuible a la responsabilidad de Felipe Calderón, pero habrá desgaste político para los diputados que aprobarán con premura esa disposición.

Como quedará la papa caliente en la cancha de Peña Nieto, podría ser procedente recomendar que, en cuanto tome posesión, decida integrar una Comisión Tripartita, conformada con representantes de los trabajadores, patrones y gobierno, con la asistencia de expertos laboralistas y analistas sobre la materia, para que, con base en sus deliberaciones y estudios, mediante la conciliación, propongan una renovada Iniciativa consensuada y realista que sea útil a los propósitos que requiere el país.  Esa sería el revire político justo a tiempo.  

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