Luis Arturo Ugalde Álvarez | 29
septiembre de 2012
Tribuna Libre.-Los propósitos del
Gobierno en principio deben orientarse a resolver los problemas que al paso
surgen. No ha sido así a pesar de los esfuerzos realizados y a la
postergación de decisiones, errores cometidos e ineptitudes. Durante los
12 últimos años esos problemas se acrecentaron. Padecemos serias
dificultades económicas y los indicadores muestran abrumadoras e injustas
diferencias entre las clases sociales.
En las actuales
circunstancias de inseguridad pública originadas por el combate a la
delincuencia, todo parece indicar que se trata de una trampa que deja al nuevo
gobierno la Iniciativa presentada al Congreso por el Presidente Felipe Calderón
para una Nueva Ley Federal del Trabajo. Preocupa la ola de
inconformidades que se han suscitado, cuando hace falta pacificar al
país. Es inapropiado tratar un tema tan delicado a tres meses y días para
la renovación del poder presidencial.
Para culminar con
notoriedad su estadía en Los Pinos y enfatizar en las medidas anti obreristas
que han singularizado a su régimen y al de su antecesor, se ha valido del
carácter de preferente que la propuesta adquiere por disposición de ley para su
pronto dictamen, y ha inducido a través de sus embajadores panistas apoderados
de diversos organismos empresariales y de los legisladores afines, a presionar
con todo para exigir y lograr el cambio de la ley laboral, sin que el proyecto
responda a las expectativas de que con tal reforma habrá generación de empleo,
que es la necesidad más sentida en el país.
En el plan de
trabajo de Enrique Peña Nieto se visualiza sin duda la realidad nacional para
descubrir qué se puede hacer para traducir los deseos colectivos a metas
asequibles mediante programas factibles, en acciones realizables y
concretas. Precisar la política laboral, por ejemplo, que ha de seguirse
durante un régimen de gobierno no consiste en señalar, simplemente, qué
objetivos nacionales querrían alcanzarse. En esta área, como en todas las
demás, la política sigue siendo ciencia de lo posible; arte de lo que se puede
entre lo que se tiene y lo que se quiere.
Ocurre que las circunstancias
políticas por su propia naturaleza, propician, demoran o cancelan las posibles
soluciones, según sea el caso. Unas veces aunque la causa lo amerite, no
resulta por lo pronto conveniente ensayar o iniciar siquiera algún tipo de
solución, porque pudiera caerse en un ardid tendido por el adversario político
para producir turbulencia social, afectación de intereses y perjuicio a
determinados sectores, lo que complica aún más la problemática.
Para acertar, esas
decisiones deben tomarse justo a tiempo por el jefe político responsable del
Gobierno, con sustento en la información necesaria sobre la materia de que se
trate y habiendo visualizado los alcances sociales, económicos y políticos que
resulten de la medida adoptada. Sin soslayar la necesidad de actualizar el
código laboral, el proyecto calderonista de inicio no es procedente
porque muchos de sus contenidos se oponen al texto
constitucional. En todo caso, debió presentarse al mismo tiempo una
reforma al Artículo 123 de la Carta Magna para empatar las modificaciones
pretendidas a la Ley Federal del Trabajo. Por esta razón las Cámaras
tendrán que desechar la mayor parte del articulado.
La
inconstitucionalidad es evidente en los planteamientos en torno a la limitación
a un año de los salarios caídos, cuando la demora para resolver los juicios no
es imputable a los tra bajadores; al salario por unidad de tiempo, sin prever
salarios que correspondan a esa modalidad de contratación; al trabajo de
menores, del cual se dice que debe tipificarse como delito, cuando en el Código
Penal ya existe desde hace años esa disposición. Igual ocurre con los
conceptos de contratación colectiva, arbitraje, derecho de huelga y autonomía
sindical, que son los temas más controvertidos y en el contexto obrero patronal
son minas sembradas a estallarle al siguiente gobierno.
Véase por ejemplo,
como se desvirtúa por su pésima sintaxis, el sentido del pretendido Artículo
2°, al tratar de definir el Objeto de las normas de trabajo, adicionando el
concepto – abascalista - de “… “trabajo decente” en “todas” las
relaciones laborales”…”. Sobra la palabra “todas”; y el adjetivo
inapropiado de “decente”, cuyo significado del diccionario es: con compostura,
modestia, recato, pudoroso, casto, honesto, puro, probo, etc., no puede
sustituir al enunciado constitucional de: “Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil”; luego en el mismo artículo se abunda
innecesariamente sobre seguridad social, salario, capacitación, productividad y
seguridad e higiene, que después se tratan en los apartados correspondientes.
En cuanto a la
transparencia, la rendición de cuentas y auditorías a las organizaciones
sindicales, si bien es cierto que los trabajadores deben exigir de sus
dirigentes evitar tantos abusos y derroches, es indubitable que eso compete
sólo a los agremiados a los sindicatos, inclusive de los sindicatos patronales,
y que no son tareas de las autoridades del trabajo. Por su parte, la
autoridad hacendaria siempre ha podido intervenir en los sindicatos cuando advierte
incumplimiento de las obligaciones fiscales.
El nuevo proyecto
reincide en poner por delante los contratos temporales: a prueba, por tiempo
fijo y por capacitación, para supuestamente facilitar la contratación de
desempleados. Al respecto, Néstor de Buen Lozano advierte que resulta eso
una paradoja porque al terminar un contrato temporal, evidentemente que la
desocupación aumenta y, en todo caso, se mantiene en vigor la falta de mercado
de la que tanto se quejan los empresarios, porque no puede haber mercado cuando
faltan los salarios.
La iniciativa no
alcanza a regular la práctica de la subcontratación, como lo han hecho otros
países. Contratar a otros, que en realidad son proveedores de un servicio
para un patrón básico, se justifica cuando se trata de un valor agregado a la
actividad predominante por la especialidad ofrecida, no para ceder la
responsabilidad del manejo de los recursos humanos al subcontratista, lo que se
lleva a cabo en México cada vez en mayor medida para disminuir costo de mano de
obra y escatimar impuestos, lo que constituye un fraude.
Aunque modificada,
tendrá que salir la reforma de cualquier manera para no incumplir la legalidad,
pero por lo visto será una aportación pobre para los propósitos de favorecer la
generación del empleo y la productividad, así como para dinamizar el mercado de
trabajo; en todo caso, será la – primera- de las reformas contemporáneas a la
Ley Federal del Trabajo, la que fracasará por no alcanzar sus objetivos y ello
será atribuible a la responsabilidad de Felipe Calderón, pero habrá desgaste
político para los diputados que aprobarán con premura esa disposición.
Como quedará la
papa caliente en la cancha de Peña Nieto, podría ser procedente recomendar que,
en cuanto tome posesión, decida integrar una Comisión Tripartita, conformada
con representantes de los trabajadores, patrones y gobierno, con la asistencia
de expertos laboralistas y analistas sobre la materia, para que, con base en
sus deliberaciones y estudios, mediante la conciliación, propongan una renovada
Iniciativa consensuada y realista que sea útil a los propósitos que requiere el
país. Esa sería el revire político justo a tiempo.