Eduardo de la Torre Jaramillo| 21 Enero de 2013
www.tribunalibrenoticias.com
Tribuna Libre.- En el año 2000 el Congreso Local estaba
compuesto por 40 diputados, 24 de mayoría relativa y 16 de representación
proporcional; empero hacia el año 2004 el Congreso Local aumentó a 50
diputados, 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, aquí
inicia una lógica contraria a la distritación federal, mientras a nivel nacional
se eliminan dos distritos electorales federales para el 2006, en el plano local
se incrementan seis distritos locales en la clásica manipulación electoral
rural a través del gerrymandering en 2004, por supuesto producto de las
derrotas electorales priistas en el plano municipal de 1997 y 2000.
Dado lo anterior, el Congreso Local para el
priismo en el pasado reciente significó un creciente declive es el último
reducto del autoritarismo para frenar la cerca alternancia en 2004; de manera
previsible en ese año el PAN ganó 14 diputaciones de mayoría y el PRD 3, con
sus respectivos “plurinominales” 7 y 3, la oposición en su conjunto obtuvo 27
diputados de un Congreso de 50; por fin se asistió al primer gobierno dividido
y/o compartido en Veracruz pero en lugar de hacer realidad la división de
poderes se optó por la cohabitación con el PRI.
Después de esa experiencia político-electoral
y legislativa en 2004, hoy la coalición PAN-PRD debe fijar la agenda
legislativa del cambio por Veracruz; por lo tanto la agenda estratégica estará
guiada por objetivos de mediano y largo plazo, los cuales se tendrán que
cristalizar en la elección de 2016; por lo tanto se configurará una coalición
de mayoría (PAN-PRD) que venza al status
quo político local.
La construcción de una nueva mayoría
opositora que reconstruya a Veracruz será necesariamente reformista en el
fondo, desde la descentralización del poder y la deshegemonización del priismo
de sus largos 84 años, y ¿cuáles serían las propuestas de la referida
coalición?, sea pues realizo un esbozo de la posible agenda legislativa que se
propone:
En el plano de desarrollo social: a) una
nueva Ley de Pensiones del Estado; b) fomentar una reforma constitucional que
instaure un “gobierno de coalición” para que fomente un acuerdo en torno a una
agenda de políticas públicas convenidas (tal y como funciona en el estado de
Baja California y no en las abstracciones del “Pacto por México”); c) armonizar
la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la Ley de Coordinación Fiscal para
el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave para atacar de
manera directa el manejo de la deuda de Veracruz, así como también frenar el
creciente y súbito endeudamiento local.
En materia política: a) que el gobernador
tenga tres iniciativas preferentes, por supuesto en el contexto del nuevo
gobierno dividido, donde la nueva mayoría opositora tienda puentes de
colaboración con el ejecutivo estatal; b) una nueva reforma electoral que
elimine la cláusula de gobernabilidad priista y se regrese a la fórmula del 8%
de la sobrerrepresentación, introducción de las candidaturas ciudadanas,
impulsar la federalización de la organización de las elecciones locales, lo que
significa la desaparición de la secretaría de elecciones local llamada “Instituto
Electoral Veracruzano”; c) Ley de Presupuestos Participativos en el plano
municipal; y d) reducir el número de regidores en los ayuntamientos donde
exceden en su representación.
En el plano de la seguridad pública: a)
contribuir con la creación de la policía única (tema pendiente desde 2010 y que
está plasmado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016); b) reformar la
Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave; y c) revisar y evaluar el presupuesto por “resultados” que se le
asigna a la secretaría de seguridad pública.
Finalmente, el debate
se debe centrar en el desarrollo económico de Veracruz, el cual está estancado
desde los años ochenta y no se vislumbra como enfrentar una salida con los
actuales gobiernos del PRI; es por eso que la nueva gobernanza que se propone
desde la oposición creativa, será definir las reformas jurídicas que
posibiliten la competitividad, la innovación, la creatividad de los
veracruzanos; además reactivar al sector primario sin la demagogia del pasado 6
de enero con las falacias del acto agrario, que sólo sirven para reconcentrar
simbólicamente al neopresidencialismo priista.