* Cuatro empresarias de la educación falsifican firmas * Iván
Hillman pierde CMAS * Murad, otra vez burlado * Golpiza al Diablo
Yuen por fraude con fichas de Pemex
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Mussio Cárdenas Arellano | 27 noviembre de
2013
Tribuna Libre.- Tan intimidante como estar en la mira del crimen
organizado —ser candidatos al “levantón”, a morir destazados, a nunca más
volver—, es hoy el siniestro enemigo que enfrenta la prensa veracruzana: el
aparato policíaco represor duartista.
De él ha recibido palizas, tortura, infamia,
hostigamiento, bloqueo a su trabajo, robo, amenazas, delitos prefabricados e
incluso un intento de homicidio, en una espiral de agresión que va definiendo
que una buena parte de las fobias del gobernador de Veracruz están concentradas
en el gremio periodístico.
Así ha sido la dinámica entre Javier Duarte de
Ochoa y la prensa que lo fustiga por sus errores, por sus omisiones y por sus
abusos, en ya tres años de desgobierno, del poder desperdiciado, sumido
Veracruz en una parálisis económica y social, la nave patinando en el lodo,
atado el gordobés a su antecesor, padrino y amo, Fidel Herrera Beltrán, aunque
de palabra simule una ruptura, vocifere que no está cercado por el pasado y
rezongue de las inercias populistas que lo treparon en la gubernatura.
Javier Duarte repudia a esa prensa y es bien
correspondido. Rehúye la crítica y provoca la multiplicación de voces que
alertan que lo peor está por venir. Desdeña a la prensa libre y se cobija en su
prensa asalariada, inútil para formar opinión, para mejorarle la imagen, para
generarle credibilidad, inútil para convencer.
Duarte y su aparato represor acreditable han
arrasado con todo. Se imponen con la fuerza bruta, con el golpe artero, con la
prepotencia de quien lleva en una mano un escudo y en la otra un bastón
eléctrico, armada la policía con traje de robocop, unas veces con uniforme y
otras de civil, como en los peores tiempos de la Dirección Federal de
Seguridad.
Tres años han sido así. Su policía ha agraviado con
insólita hostilidad a los medios críticos y una que otra vez se ha llevado
entre las patas a su prensa mercenaria, tolerada la policía por el secretario
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y solapada por el procurador
Felipe Amadeo —“Amadreo”— Flores Espinoza.
Su clímax, sin embargo, llegó el viernes 22.
Comparecía el secretario Bermúdez ante el Congreso de Veracruz, en la glosa del
tercer informe, y aquello habría de tornarse en un día de perros, encajonado
por los medios, centro de reclamos, exigencia de respeto, una condena a la
constante de agresiones a manos de la policía estatal.
“Pinches medios”, había soltado Bermúdez sin
percatarse que el micrófono abierto le habría de jugar la peor pasada de su
vida. Se sentía hostigado por los flashazos de los reporteros gráficos, por las
leyendas en cartulinas que le paseaban en las narices instándolo a cesar la
persecución a periodistas, a no criminalizar, a respetar al gremio, a cancelar
las agresiones.
Hicieron los periodistas lo que no hacen los
diputados: confrontar al funcionario con la arbitrariedad del poder que ejerce.
Insensible a los asuntos de prensa, Javier Duarte
dio muestra desde el inicio de su gobierno de un profundo desprecio por los
medios, a excepción de sus inútiles textoservidores. Les retiró la vigilancia
policíaca que requerían ante la constante de amenazas y desoyó las voces que le
advertían que los estaba colocando en las garras del crimen organizado.
Así sobrevino el baño de sangre. Fueron ejecutados
Miguel Ángel López Velasco, su esposa Agustina Solana y su hijo Misael López
Solana, cuando un comando irrumpió en su hogar de madrugada; Yolanda Ordaz
desapareció y su cuerpo fue hallado con signos de tortura y decapitada. Ambos
trabajaban en la sección policíaca del diario Notiver.
Noel López Olguín, colaborador de los semanarios
Horizonte y Noticias de Acayucan, fue
levantado y su cuerpo apareció cerca de Jáltipan,
donde residía, en una fosa clandestina.
Guillermo Vela y Gabriel Huge, quienes habían
laborado en Notiver, así como Esteban Rodríguez, de diario AZ y TV Azteca,
fueron levantados y aparecieron mutilados en el puerto de Veracruz. Los tres
habían abandonado el estado por amenazas de muerte, regresaron y los
ejecutaron. Carecían de protección oficial.
Marco Antonio Báez Chino, de Milenio de Xalapa, fue
levantado cuando salía de las instalaciones de ese medio. Horas después
apareció embolsado, su cuerpo mutilado.
Regina Martínez Pérez, corresponsal en Veracruz de
la revista Proceso, fue asesinada el 28 de abril de 2012. Su caso catapultó a
Javier Duarte al escenario nacional, insólita la investigación de su
Procuraduría, los palos de ciego, reiterados los intentos de implicar a
periodistas en el crimen, el afán de atribuirle a Regina una relación lésbica
para justificar el móvil pasional, y finalmente la fabricación de un culpable,
Jorge Antonio Hernández Silva, a quien se le condenó a 38 años de prisión y
después se le dejó en libertad porque el Tribunal Superior de Justicia acreditó
que le violaron sus derechos y fue sometido a tortura por los esbirros de
“Amadreo” Flores.
Megalómano y oportunista, el gobernador Javier
Duarte creó la Comisión para la Protección de los Periodistas de Veracruz, pero
sólo para pavonearse y simular solidaridad y respaldo a la prensa. Sus
integrantes, a excepción de Jorge Morales, han sido convidados de piedra,
pusilánimes y cómplices silenciosos de los agravios al gremio, o han expresado
condenas tardías al clima de hostilidad en que se desenvuelven los periodistas.
Nada agradable le es la prensa al gobernador
Duarte. Otro caso que cimbró al medio periodístico fue el operativo mediante el
cual sería ejecutado el reportero de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, a manos
de elementos de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Veracruz, tras ser
detectada una reunión entre funcionarios y ex funcionarios veracruzanos. Jorge
Carrasco se hallaba comisionado en el seguimiento de las investigaciones del
asesinato de la corresponsal Regina Martínez, pero también quien documentó las
reuniones entre el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y miembros de La
Compañía, un grupo delincuencial que operó con toda impunidad en Veracruz en
los días de la fidelidad.
Fanático del garrote, del golpe artero, Javier
Duarte usa a su policía para reprimir movimientos sociales y protestas
magisteriales, y de paso para arremeter contra la prensa. Así ocurrió el 14 de
septiembre pasado, al ordenar el desalojo de Plaza Lerdo, a fin de limpiar el
escenario para la ceremonia del Grito de Independencia.
Esa madrugada, decenas de policías arremetieron
contra un reducido grupo de maestros y los periodistas que cubrían los sucesos.
Les aplicaron toques con sus bastones eléctricos, les arrojaron gas
lacrimógeno, los golpearon con toletes y escudos.
A la reportera gráfica Melina Zurita la cercó un
grupo de policías vestidos de civil, atrás de palacio de gobierno. Recibió
golpes debajo de los brazos y en pleno rostro, sobre sus lentes. Luego le
robaron su equipo fotográfico.
A los fotoperioditas Rubén Espinoza, de Proceso;
Roger López; Ricardo Matus, de Imagen del Golfo, y Oscar Martínez, de la
agencia Reuters, también los golpearon y les robaron su equipo de trabajo. Dos
meses después, las denuncias contra los policías interpuestas ante la
Procuraduría de Veracruz permanecen estancadas.
También a la prensa del sur la han zarandeado. Luis
Alberto Román Córdoba, de Telever, y Bibiana Varela, de Órale, fueron
hostigados por la policía estatal cuando cubrían información sobre la
desaparición de la policía intermunicipal que operaba en Coatzacoalcos,
Minatitlán, Nanchital y Cosoleacaque. Las amenazas y hostigamiento a Román
Córdoba corrieron a cargo del subdirector de Operaciones de la SPP, José Manuel
Martínez Ramírez.
A Gabriela Rasgado, de la televisora DI Noticias,
de Diario del Istmo, la policía estatal suele bloquearle su trabajo. Así le
ocurrió cuando intentó obtener una declaración del secretario Bermúdez, durante
una visita a Coatzacoalcos. Recibió trato soez, negada la posibilidad de
acercarse al acaudalado funcionario, y cuando se quejó con el vocero de la SSP,
Ernesto González Quiroz, sólo recibió una sonrisa burlona.
Alfonso Parra, de Radio Oliva, fue interceptado por
policías estatales mientras circulaba en su motocicleta en Xalapa. Lo
agredieron física y verbalmente. Seis elementos policíacos fueron cesados
posteriormente pero no se les castigó penalmente.
Un caso más es el de la columnista política, Silvia
Núñez Hernández, titular de la columna Fuera de Foco y directora del portal AGN
Veracruz, de línea crítica, que no le hace concesiones al gobernador Javier
Duarte, a quien le apostaron un grupo de agentes de la Agencia Veracruzana de
Investigación a las puertas de domicilio en el puerto de Veracruz, sólo para
intimidar, similar al hostigamiento que sufrió el periodista Andrés Timoteo,
autor de la columna Texto Irreverente, publicada en Notiver, quien luego de
robos en su hogar y un constante asedio, se exilió en Francia.
Es ríspida la relación entre el gobernador Javier
Duarte y la prensa crítica. Insensible al quehacer periodístico, incapaz de
reaccionar ante el análisis y la reflexión, el gobernador ha optado por una
política de agresión y represión al gremio de los comunicadores.
Hoy paga las consecuencias. Su secretario de
Seguridad Pública es increpado en el seno del Congreso, masacrado y exhibido. Y
sólo atina a responder: “Pinches medios”.
Ingrato escenario de la prensa crítica de Veracruz:
de ser carne de cañón del crimen organizado a ser objeto de represión de la
policía duartista.
Archivo muerto
Cuatro damas, empresarias de la educación, de
rancios apellidos y conductas non sanctas, involucradas en un caso de
falsificación de firmas. A detalle, contundente la evidencia, sus nombres
multirrepetidos en las páginas rosas de los medios y drásticos los peritajes
técnicos, conforman la historia en un voluminoso expediente que se ventila en
el Ministerio Público de Coatzacoalcos y en un tribunal laboral. Qué ganas de
querer ocupar la de ocho en la sección de nota roja. Contémonos en la próxima qué
tan sucio es el jet-set… Contra viento y marea, con todo lo que se le sabe y se
dice de él, Sergio Amaro Caso es el nuevo director de la Comisión Municipal de
Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos. Le tumbó el cargo al grupo Hillman, que ya
degustaba y hasta se relamía los bigotes, sabedor que CMAS es un barril sin
fondo, un auténtico tesoro. Amaro fue apuntalado por el ex alcalde Marcelo
Montiel Montiel, hoy delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal en
Veracruz, pese a que el equipo ivanista lo había tentado. La acarició, la tuvo
y la dejó ir el ex diputado local José Murad Loutfe Hetty, a quien una vez más
su jefe político, Iván Hillman Chapoy, lo hizo soñar y luego lo despertó
abruptamente. Con esa promoción, Sergio Amaro amarra cuatro años en CMAS y
podrá seguir con su pasión por las bicicletas de 50 mil pesos y sus viajes a
París… Felpa sangrienta, insospechada, marca diablo, la sufrida por el
impresentable Jorge Yuen Ricárdez. Lejos de sus infiernos, rodeado de sus
amigotes de farra, feliz convivía el alocado director del DIF de Nanchital,
hijo del alcalde Alfredo Yuen Jiménez, en un conocido restauran del malecón de
Coatzacoalcos, mientras observaba la clasificación de la selección mexicana de
futbol al Mundial de Brasil. Identificado por los comensales que veían sus
desfiguros, uno de ellos lo encaró; le dijo que a su hija la había defraudado
con una ficha para trabajar en Petróleos Mexicanos; que le entregó 20 mil pesos
y que nada le consiguió. Y que le asesta certero derechazo en el rostro. El
Diablo Yuen cayó fulminado, el rostro cortado. Nadie, ni sus amigotes de
pedaleada ni el personal de restauran movieron un dedo para salvar su honor. Lo
llevaron de emergencia al sanatorio May, donde le aplicaron seis puntos de
sutura. Lo que es andar lejos de Oceánica, de sus sabias enseñanzas y de su
drástico control…
twitter: @mussiocardenas
