En Veracruz, más de 600 servidores públicos sancionados por cometer daño patrimonial y actos con dolo
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Xalapa, Ver. | 31 marzo de 2014
Tribuna Libre.- Por incurrir en daño patrimonial y cometer actos
con dolo o negligencia inexcusable, 603 servidores públicos del Gobierno de
Veracruz han sido sancionados durante lo que va de la administración de Javier
Duarte de Ochoa. De ese total, 35 se encuentran inhabilitados para prestar
servicio en cualquier área estatal o municipal.
Estas sanciones se aplicaron en diversas
secretarías que conforman la administración pública estatal, pero
preponderantemente en tres de ellas: Salud, Finanzas y Obras Públicas.
De acuerdo a un informe del área de transparencia
de la Contraloría General del Estado, también se mantiene un proceso de
investigación a otros 245 trabajadores de diversos organismos gubernamentales,
señalados como responsables de irregularidades que afectan y afectaron a las
instituciones donde prestan sus servicios.
La Contraloría detalla que de enero a febrero de
2014, han sido sancionados 3 servidores públicos; en 2013, se procedió contra
312; en 2011, contra 155 empleados a quienes se les comprobó que cometieron
actos irregulares en perjuicio de terceros.
En el oficio CG/UAIP/0070/2014, la Contraloría
General del Estado a cargo de Mauricio Audirac Murillo, informa las causas que
motivaron la inhabilitación de 35 ex servidores públicos. Especifica que
cometieron actos u omisiones con dolo o negligencia inexplicable, que
implicaron una afectación a la dependencia en la que prestaban sus servicios,
posible daño al estado de Veracruz o a algún ciudadano.
Asimismo, la dependencia destaca que de los 603
servidores públicos sancionados durante el actual Gobierno de Veracruz, 24
fueron multados económicamente por actos u omisiones que dieron como
consecuencia un daño patrimonial, 14 fueron suspendidos temporalmente por actos
u omisiones de mediana gravedad, 398 recibieron amonestaciones y 132 solo
fueron apercibidos porque sus errores han sido subsanados.
Tras aludir se trata de información reservada, la
Contraloría General del Estado se negó a proporcionar nombres de los servidores
públicos sancionados o inhabilitados. (Netoworks)