*Plantea el Diputado crear una Comisión Estatal para investigar,
sancionar y reparar este tipo de actos, y ser responsable del diseño y
seguimiento de las políticas públicas para prevenirla y erradicarla.
Xalapa, Ver. | 30 julio de 2014
Tribuna Libre.- Hasta con
15 años de cárcel se castigaría el delito de tortura en Veracruz, de acuerdo
con la Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar este
tipo de actos, presentada por el diputado local Cuauhtémoc Pola Estrada, quien
también propuso crear la respectiva Comisión Estatal.
Al considerar que la ley en la materia está desfasada con la realidad
que vive Veracruz, precisó que en lo que va del año, 30 por ciento de las
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), fueron por prácticas de tortura.
Definió la tortura como el tormento infligido a una persona a través de
diversos métodos e instrumentos, para obtener una confesión o como castigo.
Consiste en causar de forma intencional dolor físico o psicológico, con el que
se intenta quebrar la resistencia y moral del torturado, atentando contra su
integridad.
Pola Estrada explicó que la tortura psicológica puede incluir la
humillación verbal, la manipulación o falsificación de información sobre la
víctima o sus seres queridos, la privación sensorial y cualquier otro mecanismo
que intente destruir la resistencia moral.
Durante la sesión de este martes, el Diputado recordó que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos establecen que nadie será sometido a
tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Añadió que la Comisión propuesta sería responsable del diseño y
seguimiento de las políticas públicas, para prevenir la tortura e impulsar su
erradicación.
Así –concluyó el Legislador–, las autoridades respetarán y
garantizarán el derecho de toda persona bajo su jurisdicción, a ser protegida
contra la tortura o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o
mental, y adoptarán las medidas preventivas necesarias, en el ámbito de su
competencia.
La iniciativa se envió a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y
Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables y
Migrantes, para su análisis y dictamen.
