* 47 días después del secuestro, emite la Alerta Amber * Los
padres reclaman y la sociedad protesta * Centroamericanos: se vuelve
a enredar el gobernador * Mano negra en el caso de las tres maestras
de la Olivo Lara * Una ex juez, la clave * INFORME ROJO nada tiene
que ver con info-rojo-coatza * Otra vez la guerra en internet.
Mussio Cárdenas Arellano | 28 agosto de 2014
Tribuna Libre.- Ni por
Karime Alejandra Cruz Reyes, ni por otras víctimas, ni por los desaparecidos,
ni por los secuestrados, siente lo que siente Luis Ángel Bravo Contreras por
los victimarios.
Su fijación está en ellos. Los quiere en sus manos.
Los quiere a su merced. Los quiere frente a la ley, tras las rejas, sometidos a
los designios de un juez, como trofeo judicial.
Alrevesado su mundo, de cabeza su moral, el
procurador de Veracruz poco o nada hizo por Karime Cruz en 47 días, hasta que
sus padres, familiares, amigos y la sociedad en pleno salieron a las calles,
marcharon y ejercieron su derecho a la protesta.
Nada sentían en el actuar de la Procuraduría de
Veracruz, pasivo, callado, inmutable su titular, Luis Ángel Bravo Contreras. Y
lo decían.
Irritados, reclamaban acciones reales del
procurador y su policía ministerial, avances y resultados. Reprobaban el
silencio que después de una semana o dos, se vuelve silencio cómplice.
Recordaban que en Veracruz “no pasa nada” y que la inseguridad es ya parte de
las sábanas sobre las que hay que dormir.
Era el 22 de agosto. Coatzacoalcos concentró su
atención en la marcha blanca que tomó la avenida Zaragoza y fue convocando a un
pueblo que se hartó del grotesco contraste entre la zozobra de vivir en manos
de la delincuencia y la indiferencia insultante del gobierno. Al final no eran
100 ni 200 sino casi 2 mil.
Se entremezclaba la súplica y la ira: “Las queremos
de vuelta”. La voz de alerta: “Mañana podría ser tu hijo”. Y una más con
destinatario en la calle Enríquez, de Xalapa: “¿Dónde está el Coatzacoalcos
Seguro”. Le reclamaban también al gobernador Javier Duarte.
Expresaba la madre de Karime, Nora Reyes Baruch,
que en esos más de 40 días ninguna autoridad aportaba avances de la
investigación e instaban a la población a ayudarlos, a dar con una pista, a
tener una esperanza, a dar con el paradero de la pequeña de cinco años y su
tía, Mónica Reyes, quien la tenía a su cargo aquel 7 de julio cuando se les vio
por última vez.
Entre reclamos, trabaron diálogo con el alcalde
Joaquín Caballero Rosiñol. Increpaban desde lugares distintos, sin un autor
visible, perdidos los gritos entre la muchedumbre, muchos de ellos petroleros
con uniforme, compañeros de trabajo de los padres de la niña.
Se logró una comunicación a Xalapa. Se comprometía
el procurador Bravo Contreras a emitir la Alerta Amber, el protocolo de
localización de personas desaparecidas, solo que algo tarde, mes y medio
después de la desaparición.
Entonces eran 47 días. Hoy son 53. Transcurren las
horas y la Procuraduría nada refleja. Circulan versiones de un hallazgo
funesto: que en una casa de seguridad habían encontrado los cadáveres de Karime
y Mónica, en Coatzacoalcos, aunque sin precisar el lugar.
Subió la nota al portal Imagen del Golfo, de la
familia Robles Barajas, los succionadores del Istmo, y generó un impacto
adverso. Versión extraoficial que sirvió para ir aterrizando un posible desenlace
fatal.
Nora Reyes Baruch lo refutó. Acudió a las
instancias oficiales y le dijeron que no.
Seguirán las investigaciones.
Se supo del supuesto hallazgo al mediodía del
miércoles 27. Encabezaba el secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez
Zurita, reunión sobre seguridad. Había desmentidos, correcciones, ofrecimientos
de que el aparato policíaco seguiría la pista de los plagiarios hasta dar con
Karime y Mónica.
Ante la incompetencia, el caos. Ante la
indiferencia, el reclamo.
Rebasada por la movilización de la sociedad, la
Procuraduría camina a los tumbos, da palos de ciego, se dirige a donde sea y se
queda donde está.
Al saber de la marcha que se organizaba para el
viernes 22, el gobierno de Veracruz aplicó la treta de las recompensas. Habría
un millón de pesos a quien proporcionara datos que llevaran a la localización
de Karime y su tía Mónica. Era un paliativo para aminorar la protesta, para
justificar su falta de resultados.
47 días para emitir la Alerta Amber es un insulto.
Agravia a los padres, a la familia, a los amigos y a la sociedad.
Según el protocolo, la Alerta Amber debe emitirse
en las primeras horas después de ocurrida la desaparición. Esos minutos son
vitales. Se debe saber, conocer del hecho por televisión, radio, mensaje
telefónico, redes sociales, prensa escrita.
Luis Ángel Bravo no lo hizo así. Ofreció a los
padres de Karime que emitiría la alerta pero ésta fue sólo para Veracruz y ocho
estados más. Ante el reclamo, la Procuraduría les hizo saber que sería
nacional, pero en el correo electrónico que les envió se leía “prealerta”.
Nora Reyes Baruch ya no cree en la Procuraduría, en
el gobierno mismo. Sigue convocando al pueblo para dar con el paradero de su
hija y hermana.
Sabe que le están aterrizando la noticia de un
desenlace fatal, pero no ceja en su empeño por hallar a su pequeña.
Luis Ángel Bravo Contreras, alias “Culín”, nada
hizo por Karime Alejandra. En 47 días hubo pasividad de la Procuraduría de
Veracruz, evidente su falta de resultados.
Después recurrió a la mentira. Tardíamente ofreció
emitir la Alerta Amber y cuando lo hizo fue regional, no nacional.
Para el procurador “Culín” —el mote se lo
endilgaron en el colegio Hispano
mexicano de Córdoba porque se sentía ídem— la
fascinación no está en hallar a las víctimas del secuestro o a los levantados,
salvarles la vida, salvaguardarles su integridad, rescatarlos y traerlos con
bien y entregarlos a su familia.
“Proculín”, como le dicen ahora, quiere a los
victimarios para pasearlos como trofeo de guerra. Sean culpables o no, los
detiene, los exhibe, les imputa cargos, los remite a una cárcel y los consigna
a un juez. Nutre así su ego judicial.
Quizá para entonces las víctimas ya estén muertas,
regresen con vida mutiladas, ultrajadas, traumadas por los días de encierro, la
tortura, hambrientas, pero la prioridad del procurador de Veracruz es tener en
sus manos a los victimarios y pavonearse de ello.
Desnuda el caso Karime Reyes a Luis Ángel Bravo.
Exhibe su incompetencia, la vida de las víctimas en sus manos que es igual
nada, y ese irrefrenable protagonismo que se antoja propio para tratarse con un
psiquiatra.
Desde el 7 de julio, cuando desaparecieron Karime
Cruz y su tía Mónica Reyes, la Procuraduría de Luis Ángel Bravo pudo actuar,
investigar, tener avances, arrojar resultados. Pudo traer de vuelta a la niña y
a su tía. Pudo haber evitado que el reclamo social se transformara en repudio
general de la sociedad a un gobierno como el de Javier Duarte, que no funciona.
Coleccionista de fracasos, el montaje como arma
legal —recuérdese a los 11 plagiados de Las Choapas, rescatados pero los
victimarios se fueron cómodamente pues todo indica que eran policías
estatales—, Luis Ángel Bravo Contreras vive un momento crucial.
Si rescata a Karime Cruz, salva el pellejo; si no,
habrá empinado una vez más a la Procuraduría de Veracruz. Y todo porque le
importan más los victimarios que las víctimas.
Archivo muerto
Y cualquiera se pregunta: si las villas olímpicas
terminarían siendo un elefante blanco, ¿por qué el gobernador Javier Duarte
consintió en que se hicieran, y hasta le donó 10 hectáreas a las empresas
inmobiliarias Carpín y ARA?; si era mejor hospedar a los atletas que
participarán en los Juegos Centroamericanos, ¿por qué se optó por las villas y
cuando ya estaban construidas, se le volteó el chirrión al gober-bola y dijo
que siempre no, que mejor se pagaría el hospedaje y así ayudar a la industria
hotelera? A medio gas va el gober de Veracruz. Y lo peor es que no sólo toma
decisiones absurdas —por un lado su cerebro, por otro el clutch y por otro su
lengua— sino que para justificarlas se hace más pelotas que un quecosaedro... A
salto de mata, tres maestras quieren evadir la acción de la justicia. Son las
propietarias del Instituto Margarita Olivo Lara: María Amparo Elena Arens
Medina (Helen Arens), Alicia Guadalupe Menabrito Trejo y Margarita Josefina
Gómez Ortiz, acusadas de falsificarle la firma a Inés Valladares Lavín para
escamotearle su liquidación por los años laborados. Sobre Alicia Menabrito y el
abogado Julio Enrique López Valenzuela existe orden de aprehensión. Éste ya
declaró, se presentó y lleva el juicio en libertad bajo fianza. Alicia
Menabrito interpuso un juicio de amparo, pero nada se sabe de ella ni de Helen
Arens y Margarita Ortiz en los juzgados. En el trasfondo hay versiones que
apunta a que Alicia Menabrito tiene el cobijo de una familiar suya: Sara
Montalvo, juez federal jubilada, bien conectada en el Poder Judicial Federal,
donde se cabildean los amparos que sean a favor de la acusada. O sea, una vez
más tráfico de influencias. Sara Montalvo, heredera de una cuantiosa fortuna,
es propietaria de locales en renta en la segunda calle de Hidalgo y un edificio
en la esquina de Juárez y 16 de Septiembre, de donde desalojó a conocidos
personajes que tenían por lo menos 20 años sin pagar renta. De armas tomar, de
carácter y decisiones fuertes, intratable dicen quienes la han tenido que
sufrir, Sara Montalvo será un factor clave en los juicios de amparo que
tramiten las tres dueñas del Instituto Margarita Olivo Lara. Para ello valen la
familiaridad y los años que tienen de conocerse, aventuras juntas, toda una
historia... Pues no. Nada tiene que ver INFORME ROJO con
info-rojo-coatza. En ésta plagian dos párrafos de un texto publicado en mi columna
hará un mes, relativo a un edil del sur de Veracruz, sorprendido en pleno
encuentro con una dama. En el texto de mi autoría no se menciona nombre, no se
alude a presidente municipal alguno, ni refiere que sea un edil de
Coatzacoalcos. En info-rojo-coatza sí. En el agregado —tres párrafos con
diferente estilo— se le hacen imputaciones al alcalde Joaquín Caballero
Rosiñol, a una dama, a su esposo y a su padre. Lo escrito ahí no tiene autor.
Se precisa hacer este deslinde pues Mussio Cárdenas Arellano suscribe sus textos
y señala cuando hay elementos de prueba. INFORME ROJO se ha ocupado
de Joaquín Caballero en el caso Perconsa, implicado en una denuncia por
incumplimiento de contrato que finalmente le arregló su padrino, Marcelo
Montiel Montiel; de las obras con precio excedido cuando era secretario de
Obras Públicas en la segunda alcaldía de Marcelo, según un dictamen de
auditores del Órgano de Fiscalización Superior; de su fugaz paso por el
Congreso Federal, que usó como trampolín para llegar a la alcaldía de Coatzacoalcos,
y ahora del grave conflicto con la mitad de los regidores del ayuntamiento, lo
que ha derivado en una crisis política similar a la que protagonizó en su
momento el ex alcalde Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—. Se
le critica con evidencia, documento en mano, expediente judicial, audio, video
o la versión de testigos de calidad. No se recurre al anonimato. Siempre,
invariablemente, siempre se le ha señalado desde la autoría de Mussio Cárdenas
Arellano. Los anónimos corresponden a una estrategia propia de políticos. Le
ocurre actualmente a la periodista Claudia Guerrero Martínez, titular de la
columna Entre lo Utópico y lo Verdadero y propietaria del periódico Veraz, en
Xalapa, a quien le inventaron una cuenta de correo para desde ahí lanzar
ataques difamatorios contra opositores políticos y atribuírselos a la afamada
periodista, ganadora de diversos premios, respetadísima por su crítica
profesional. Es parte de la guerra de lodo que está por venir.
Reitero: INFORME ROJO nada tiene que ver con info-rojo-coatza. Por
cierto, ¿ya investigó Joaquín Caballero qué regidores pudieran estar detrás de
la exhibida?...
twitter: @mussiocardenas
