*Urgente que cumplan con
plazo fijado por la SCJN.
México, D.F. | 07 octubre de 2014
Tribuna Libre.- El
diputado federal veracruzano, Juan Bueno Torio, dio a conocer que se ha instado
al Congreso del Estado de Veracruz a que en la brevedad remita a los magistrados
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la iniciativa presentada
debidamente certificada, en cuanto a la Acción de Inconstitucionalidad del IPE,
para que no se presenten más dilaciones y se emita un resolutivo, el cual
confió que será favorable para los intereses de los miles de trabajadores
veracruzanos que durante toda su vida han cotizado para el Instituto de
Pensiones del Estado.
“Una
vez que ya se notificó a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, a quien incluso multaron por no integrar de forma correcta la
documentación requerida, es urgente que cumplan con el plazo fijado por la SCJN
para concluir con la entrega de los documentos que sustentan dicha Ley”
Bueno
Torio, insistió que una vez más se demuestra la falta de conocimiento de los
legisladores priístas en la aprobación de leyes al vapor, solamente para
complacer al gobernador Javier Duarte, “la Ley de IPE es una muestra de que en
todos sus apartados intenta quitarle lo que por muchos años tienen ganados los
trabajadores al servicio del estado.”
Cabe
recordar que Juan Bueno Torio, presentó dicha acción de inconstitucionalidad
ante la CNDH el pasado 30 de julio, exponiendo que en la llamada Ley del IPE, existen
diversos artículos que violentan derechos garantizados por la Constitución
Política e incluso se lesiona el derecho de acceso a la información pública.
El
legislador, explicó que los artículos 16, 19, 32 y 59 de la Ley de Pensiones
del Estado de Veracruz, violan el derecho fundamental a la igualdad ante la
ley, de prevención social y de irretroactividad.
Además
los principios de contabilidad
gubernamental y el acceso a la información pública gubernamental son vulnerados
pues mediante mecanismos contables se pretende
borrar el historial de pasivos, contratos y convenios que atentan
incluso contra el patrimonio de los trabajadores, pues muchos de esos actos
jurídicos son disposiciones que hizo el
Gobierno del Estado sin retribuir ninguna ganancia al IPE o bien son
cuentas irrecuperables que han mermado la capacidad económica para
otorgar beneficios en pensiones y
préstamos en agravio de los
trabajadores.
