Diputada
Marcela Aguilera Landeta.
Presidenta
de la Comisión de Procuración de Justicia.
Diputada
Mónica Robles Barajas.
Secretaria
de la Comisión.
Diputado
Gustavo Gudiño Corro.
Vocal
de la Comisión.
Xalapa, Ver. | 26 noviembre de 2014
Tribuna Libre.- Señoras y señores diputados, integrantes de
la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado.
Señoras y señores representantes de los
medios de comunicación.
Servidores
públicos de la Institución.
Muy buenos días.
En cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 51 de la Constitución Política del Estado; sexto fracción tercera,
octavo fracción decimosexta y 12 fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado y como parte de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno,
comparezco ante ustedes para informar del trabajo realizado en materia de
Procuración de Justicia.
México está cambiando. Las transformaciones jurídicas que hoy lo
mueven tienen su impacto en Veracruz, que migra su sistema penal para beneficio
de una sociedad más participativa y
demandante.
Su eje principal, es la defensa y protección
de los derechos humanos y garantiza, al indiciado y a la víctima, un proceso justo.
La incorporación explícita de los principios
pro persona, presunción de inocencia e igualdad procesal entre las partes,
fortalece la labor policial y pericial bajo la conducción jurídica del
Ministerio Público.
Aunado a ello, el uso de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, es una opción que tiene la
sociedad para la consecución inmediata de su principal exigencia: justicia.
En tal contexto, la institución a mi cargo
alcanzó, entre muchos, los siguientes
resultados:
Se amplió la cobertura de servicios y se mejoraron
sus acciones sustantivas. Se reforzó la
investigación del delito, y se incrementó la efectividad en el ejercicio de la
acción penal, unificando criterios de actuación transitando de esquemas viciados de aplicación del derecho a procesos
garantistas.
La sensibilidad en la atención de
problemáticas que impactan a la sociedad,
es una preocupación del Gobernador Javier Duarte de Ochoa. Muestra de ello es la creación de la Fiscalía
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas que nace por su mandato.
Desde su inicio, en marzo de este año, concentró los esfuerzos de búsqueda, coordinó
los trabajos de las diversas agencias del ministerio público en la atención de
este rubro y colaboró en la depuración de los expedientes y bases de
datos.
Estas acciones se tradujeron en una
efectividad del 72 por ciento en la localización de personas y permitieron un
acercamiento con los familiares de aquellos que aún se encuentran en proceso de
búsqueda.
En materia de secuestro, la institución no ha escatimado esfuerzos ni
recursos para su combate, lo que permitió la detención de 201 personas vinculadas
a su comisión y la desarticulación de 32
bandas.
Un nuevo sistema implica un replanteamiento
en los esquemas de procurar justicia.
Hoy,
nos rige el Código Nacional de Procedimientos Penales en casi la mitad
de los distritos judiciales del Estado. Para su correcta aplicación, 200
agentes del Ministerio Público recibieron capacitación especializada surgiendo
los que hoy forman parte de las Unidades Integrales de los distritos de Chicontepec, Huayacocotla, Ozuluama,
Pánuco, Tantoyuca y Tuxpan.
Una Procuraduría en acción requiere
modernización. Se mejoró el portal institucional publicando las cifras de los
principales delitos cometidos en la entidad.
La Unidad Especializada en Combate al
Secuestro, se beneficia con el inicio de
la construcción de su edificio Sede en Xalapa, que incorpora tecnología de
última generación, funcionalidad y seguridad. Junto a la creación de la
Subcoordinación Regional en la ciudad de Córdoba, y las próximas de la zona
norte y sur, se fortalecerán las acciones estratégicas contra este
flagelo.
La infraestructura institucional se
incrementó con recursos federales, con una inversión de 134.5 millones de
pesos, de los cuales 108.8 corresponden al Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública y 25.7 al SPA.
La suma de ellos, al presupuesto autorizado de 1 mil 230 millones de pesos,
permitió cubrir de manera eficiente los gastos correspondientes a servicios
personales, materiales, suministros, servicios generales y obra pública.
La dignificación de espacios y oficinas,
permitieron la renovación de la Subprocuraduría Regional, la Unidad Integral de
Procuración de Justicia y el Servicio de Medicina Forense en la zona de
Córdoba; las agencias investigadoras, conciliadoras y especializada en atención
a comercio de Boca del Río, cuyas oficinas fueron inauguradas el día de ayer
por el señor Gobernador, la Micro unidad de Procuración de Justicia en Perote y
la agencia del Ministerio Público itinerante para la atención de asuntos
indígenas en Tantoyuca, entre otras.
La Dirección
General Jurídica fortaleció la eficacia y eficiencia de la normatividad que
rige a la Procuraduría, actualizando su marco legal, elaborando 25 acuerdos
normativos, destacando los que instruyeron
el establecimiento de las Unidades Integrales de Procuración de Justicia,
el nombramiento de los mandos de la Policía Ministerial y se emitieron 16
convenios y 57 opiniones jurídicas diversas.
Participó en la elaboración de los proyectos
de los decretos que permitirán la creación del Fondo Auxiliar para la
Procuración de Justicia, la Ley de Asesoría Jurídica a Víctimas del
Delito y el Código de Ética de
los Servidores Públicos, entre otros.
También, en
la Declaratoria de Vigencia del
Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado, que es ya una realidad
gracias a la valiosa participación de las y los integrantes de esta Honorable
Legislatura, que aprobaron su contenido oportunamente. Expreso mi
reconocimiento y agradecimiento a esta Soberanía, por su importante labor.
El Ministerio Público, como representante
social, requiere de una actuación pronta, expedita y de la aplicación de la más
alta técnica jurídica.
Al 31 de octubre, la Procuraduría inició 49 mil 918 investigaciones
ministeriales, determinándose 43 mil
880, de las cuales 3 mil 653 fueron
para ejercicio de acción penal, 33 mil
032 reservadas y 5 mil 959
archivadas.
Por instrucción del suscrito, el ministerio público ya no puede utilizar la
reserva como una salida a su alta responsabilidad de investigar delitos. Solo
podrán reservarse los casos donde se han agotado las investigaciones sin lograr identificar al responsable.
Las agencias conciliadoras atendieron 34 mil
209 asuntos, de los cuales 24 mil 769 se resolvieron mediante conciliación.
Los cuatro distritos judiciales que aplican
el sistema adversarial, iniciaron 12 mil 320 Carpetas de Investigación, de las
cuales se determinaron 3 mil 565. De ellas,
217 corresponden al ejercicio de la acción penal, 2 mil 568 al archivo
temporal, 568 al archivo definitivo, en tanto que 8 mil 755 se encuentran en trámite.
A través de los medios alternativos de
solución de conflicto, privilegiados por este Sistema, se evitó el inicio de 6
mil 621 Carpetas de Investigación y ayudó a concluir las iniciadas por delitos
querellables, prefiriendo las partes convenir sus intereses.
La Dirección General de Investigaciones
Ministeriales y sus fiscalías dependientes, iniciaron 702 expedientes, determinaron
194, ejercitando acción penal en 27,
reservaron 51 y archivaron 29. Aplicando
el nuevo sistema, iniciaron 1 mil 562 carpetas de investigación, de las que
determinaron 784, correspondiendo al archivo temporal 647, archivo definitivo seis y se ejerció la
acción penal en 120.
El Órgano de
Fiscalización Superior, presentó diez denuncias contra servidores públicos que
prestaron servicios a los diferentes ayuntamientos de administraciones
concluidas.
En una ya se
ejerció la acción penal y en las nueve restantes se practican las diligencias
necesarias para resolverlas conforme a derecho.
Destaco la
labor de coadyuvancia promovida por el propio Órgano Fiscalizador, a favor del
Diputado Francisco Garrido Sánchez, del Partido Alternativa Veracruzana,
Presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia. Enhorabuena Diputado, pues con su intervención, contribuye a la transparencia del ejercicio
de investigación de la Procuraduría a mi cargo.
La Dirección
de los Servicios Periciales, emitió 135 mil
810 dictámenes, en materia de medicina forense, criminalística, identificación
de personas, valuaciones, verificación de vehículos y asuntos diversos.
Se creó el área de Identificación Humana para
la Sistematización de la Información de Cadáveres No Identificados, y se desarrolla la aplicación del programa
informático antemortem-postmortem,
donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
La investigación y persecución de los
delitos, por mandato constitucional
corresponde al Ministerio Público y a la Policía, quien actúa bajo su mando inmediato.
La Dirección General de la Policía
Ministerial, cumplimentó 4 mil 920 mandamientos judiciales.
De ellos, 3 mil 774 fueron órdenes de aprehensión, 453 de reaprehensión,
345 comparecencias y 348 detenidos a disposición del ministerio público.
Se cumplimentaron 3 mil 299 órdenes de presentación,
57 mil 745 oficios de investigación y 4 mil 494 notificaciones ordenadas por el
Ministerio Público.
Como refuerzo a los esquemas de seguridad
estatales, su personal participa en el Operativo Especial en Combate a la
Delincuencia denominado Blindajes Norte, Córdoba, Coatzacoalcos y
Minatitlán, en colaboración con las
Secretarías de Marina, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Policía Federal.
Fue dotada con armamento moderno, constituido por 170 fusiles de manufactura
Israelí, 63 carabinas de tecnología
suiza y 26 pistolas de fabricación austriaca y equipamiento como chalecos
antibalas, cascos, lentes de visión nocturna y fornituras.
La Policía Ministerial Acreditable, cumple con los requerimientos nacionales, al
fortalecer a sus elementos con el Curso de Formación Inicial y otras
capacitaciones especializadas en coordinación con la Escuela de Inteligencia
para la Seguridad Nacional.
La Unidad Especializada en Combate al
Secuestro, se fortalece mediante el Programa Integral de Capacitación
para su personal.
Su coordinador fue preparado en la academia
del FBI de Quántico, Virginia, y los
demás integrantes recibieron cursos de especialización impartidos por la
Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Antisecuestro, cuyo
titular Licenciado Renato Sales Heredia, ha reconocido el gran esfuerzo de la
Unidad y los buenos resultados del Estado, en el combate frontal a este delito.
Hago un reconocimiento de la ardua labor de
la Policía Ministerial, cuyo esfuerzo ha permitido el esclarecimiento
satisfactorio de diversos asuntos de alto impacto registrados en la Entidad.
La Dirección General de Control de Procesos y
Litigación dio seguimiento a las actividades realizadas en
los juzgados penales del Estado, en los
que la Institución forma parte.
Obtuvo 6 mil 829 mandamientos
judiciales, de los cuales 5 mil 506 son aprehensiones, 1 mil 067 reaprehensiones y 256 comparecencias;
logrando el dictado de 4 mil 304 autos de formal prisión y 2 mil 326 sentencias
condenatorias.
He girado instrucciones, para que el personal del ministerio público
dé un correcto seguimiento, durante todas sus fases procesales, a las
investigaciones ministeriales y carpetas de investigación consignadas.
Los Agentes del Ministerio Público Auxiliares
del Procurador, formularon 4 mil 203 dictámenes de los tocas formados por la
interposición del recurso de apelación. De ellos, se solicitó al Honorable
Tribunal Superior de Justicia, confirmar
1 mil 269, modificar 1 mil 475, revocar
1 mil 390, promoviéndose el desistimiento del recurso en 69 casos.
La Dirección de Atención a Víctimas del Delito,
brindó atención en el área clínica a 3 mil 918 personas, e impartió pláticas de
prevención de delitos a empresas y diversas instituciones educativas con
impacto en 17 mil 762 personas.
Una procuraduría renovada, requiere una
plantilla laboral comprometida, eficiente, confiable y con valores.
La promoción del servicio civil de carrera,
la evaluación en control de confianza de sus integrantes y en su caso, la recisión
de los contratos laborales de aquellos que no satisfacen los requisitos de
permanencia en la Institución, son
acciones que se desarrollan en beneficio de la población veracruzana.
La labor desarrollada por la Subprocuraduría
de Supervisión y Control, resulta indispensable para mantener en orden las
áreas sustantivas de la Institución, a través de las visitas a las agencias del
Ministerio Público y oficinas de sus auxiliares.
Realizó,
648 visitas de supervisión técnica y se otorgó atención diversa a 1 mil
155 personas que solicitaron su intervención, iniciando 379 procedimientos
administrativos de responsabilidad contra 514 servidores públicos, lo que ha
permitido a la fecha, depurar 233
agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, peritos y policías
ministeriales.
El mensaje es claro y contundente: La
Procuraduría a mi cargo respalda a las y los servidores públicos comprometidos
con su trabajo, pero es implacable contra aquéllos que han defraudado la
confianza ciudadana.
El Centro de Evaluación de Control de
Confianza, aplicó 932 exámenes a igual número de
servidores públicos de la Institución, de acuerdo a la categoría y perfil del
puesto, desde oficiales administrativos hasta directores generales.
Impulsando la Gestión Institucional, he
participado activamente en reuniones relevantes en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de manera
regional y plenaria.
En mi oficina, y en el interior del estado,
he atendido la audiencia de 1 mil 698
personas, involucrándome directamente en la resolución de sus peticiones y en
el seguimiento de sus expedientes.
He participado en mesas de seguridad, reuniones con sectores
de la sociedad, asociaciones ganaderas, colectivos diversos y sociedad en
general a lo largo de toda la entidad.
En dos ocasiones, la Titular del Secretariado
Técnico del Consejo Consultivo para la implementación del nuevo Sistema de
Justicia Penal en el país, visitó el Estado para abordar temas relativos a su
instrumentación, llegándose a importantes acuerdos.
Mi más sincero reconocimiento a la doctora
María de los Ángeles Fromow Rangel, por su excelente labor e invaluable apoyo
al estado de Veracruz en este proceso de implementación.
En Veracruz y el Distrito Federal, participé de reuniones con la doctora Lía
Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de
Gobernación, donde se atendieron a
familiares de personas desaparecidas.
Se han
realización de mesas de trabajo encabezadas por el Gobernador Javier
Duarte de Ochoa, y el suscrito, en donde se concretaron acciones para su
localización y el seguimiento personalizado de los expedientes de quienes están
en proceso de búsqueda.
En el marco del Programa Veracruz Seguro y el
Grupo de Coordinación Veracruz, la Procuraduría forma parte de las reuniones
semanales de intercambio de información con autoridades federales.
Desde este recinto, reconozco y agradezco a
las Instancias y Fuerzas Federales, Secretaría
de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Cisen y
Procuraduría General de la República, por su decidido apoyo a las tareas de
seguridad, que coordinadas con las
autoridades estatales, garantizan la tranquilidad de las y los veracruzanos.
Debido a la amplia geografía, la Procuraduría
divide su atención en siete Subprocuradurías Regionales para acercar los servicios a la sociedad.
Sus titulares realizaron 381 visitas a las
diferentes agencias del Ministerio Público para constatar la atención de la
ciudadania y celebraron 327 reuniones de trabajo con personal institucional y
sectores de la sociedad.
Atendieron a 4 mil 887 audiencias personales, para escuchar los planteamientos de la
población con relación a temas de procuración de justicia y participaron en 215
reuniones con autoridades federales.
Resaltó la importancia de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, que
cambió su denominación y función para incluir, también, la atención en materia de Delitos de Trata de Personas
Como instancia coordinadora de las Agencias
Especializadas en el Estado, vigilando la atención humana y sensible que se
proporciona, gestionó la realización de la Jornada de
capacitación y sensibilización, Retos y
Perspectivas Jurídicas en materia de Trata de Personas, por personal de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En audiencia
personal, brindó orientación jurídica a 466 personas y 3 mil 060 de manera telefónica, mismas
que solicitaron la intervención en investigaciones ministeriales y
conciliación.
En cumplimiento a
lo establecido en el artículo 132 incisos A, B y D del Código Procesal Penal
del Estado, en las Agencias Especializadas se giraron 3 mil 866 órdenes de
protección y 2 mil 153 medidas precautorias.
El 4 de marzo, se
formalizó el Comité de Implementación y Operación del Programa Estatal Alerta
Amber, encaminado a establecer los mecanismos de coordinación para la búsqueda,
localización y pronta recuperación de menores de edad que se encuentren en
inminente peligro de sufrir un daño grave.
Su operatividad se
rige por Protocolos Internacionales de Actuación predeterminados, que permiten
reaccionar oportuna y ordenadamente.
Para asegurar su efectividad, superior al 80 por ciento, se capacitaron a los enlaces de Alerta AMBER
en los municipios del Estado.
A partir de su
formalización, se activaron 23 Alertas
y 12 prealertas, teniendo como resultado la localización de 32 menores de edad, que ya fueron reintegrados a sus hogares.
La Unidad de Género
dependiente de esta Subprocuraduría, publicó el Buzón
Virtual en el sitio de Internet Institucional, para la atención y resolución de
quejas sobre género al interior de la misma.
La aplicación de la reforma Constitucional en
materia de Derechos Humanos,
sustenta la ampliación de las funciones de la Subprocuraduría Especializada en
Atención de Asuntos Indígenas para incorporar la atención de este importante
rubro.
Asegurar que los servicios de procuración de
justicia se otorguen con respeto a los derechos humanos y a los principios de
imparcialidad y firmeza en el cumplimiento de la ley, es nuestro principal
objetivo.
Se establecieron mecanismos para otorgar a la
ciudadanía, un servicio de calidad desde el primer momento que tiene contacto
con personal de la Institución, y para tal efecto, se elaboró el Protocolo para
la Atención al Público denominado Primer Contacto, en el que se establecen las
directrices de todo servidor público, que en el ejercicio de sus funciones debe
atender a la ciudadanía.
Se firmó convenio con el INALI, que nos da acceso
al padrón de intérpretes y traductores de todo el País y se impartió el curso
de idioma náhuatl, a 47 funcionarios de la Institución, en afán de una adecuada
atención a la población indígena.
Se impartieron los cursos
“Los Derechos Humanos de los Migrantes y de sus Familiares”, y “Derechos
Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza”, con una asistencia de 180 servidores
públicos de la Procuraduría y otras instituciones policiales y dependencias
Federales y se capacitó a 387 servidores públicos en el conocimiento y aplicación del Protocolo de
Estambul.
Se promueve la instalación y renovación de Consejos
Distritales de Participación Ciudadana en Materia de Procuración de
Justicia, en cada uno de los 21
distritos judiciales.
Se fortaleció la
comunicación y colaboración con los organismos públicos protectores de los
Derechos Humanos.
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos se
recibieron 21 conciliaciones, de las cuales se aceptaron 17, atendiendo a la
fecha 13 de ellas, mientras cuatro se encuentran en trámite. Así mismo, emitió 11 recomendaciones, de las
que se aceptaron nueve, se atendieron siete y quedan dos en trámite.
En materia de Justicia a los pueblos
originarios del Estado, las agencias del Ministerio Público
Investigador Itinerantes, desarrollaron las siguientes actividades:
779 visitas a municipios y comunidades
indígenas otorgando 585 audiencias en las que solucionaron, a través de medios alternos, 242 asuntos e iniciaron 635 investigaciones ministeriales.
18 visitas carcelarias, 70 gestiones ante la
Dirección General de Control de Procesos, 15 ante la Delegación Estatal de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y siete ante la
Dirección General de Prevención y Reinserción Social, trayendo como resultado
la preliberación de 170 reos indígenas.
La Consultoría Jurídica de Asuntos
Agrarios, atendió a 1 mil 175 personas,
iniciaron 120 expedientes y participó en
97 reuniones de la mesa permanente de trabajo para la atención de conflictos
relacionados con la propiedad y la tenencia de la tierra en el Estado.
En coordinación con la Academia Veracruzana
de Lenguas Indígenas, se certificó a los intérpretes en el ámbito de
Procuración y Administración de Justicia, adscritos a las Agencias Itinerantes
de Chicontepec, Huayacocotla, Orizaba, Papantla y Zongolica.
En materia de Profesionalización, el
Instituto de Formación impartió 26 cursos, relacionados con el “Nuevo Sistema
Procesal Acusatorio y Oral”, beneficiando
a 2 mil 209 servidores públicos.
2014,
fue un año relevante para las acciones del Consejo Consultivo para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz.
La SETEC-SEGOB, autorizó un presupuesto de 29.7
millones de pesos, para diversos proyectos de los cuales, la Procuraduría
obtuvo más de 7 millones de pesos en dos rubros: capacitación y telecomunicaciones.
Se realizaron reuniones de
trabajo con los enlaces de las Unidades Operadoras, para impulsar los proyectos
de infraestructura y equipamiento tecnológico a subsidiarse con un porcentaje
de una partida especial de cinco mil millones de pesos, distribuidos para todo el país.
Hace unos días, fueron aprobados para Procuraduría más de 162
millones de pesos, que le permitirán una inversión histórica en la remodelación y equipamiento de
la Dirección de los Servicios Periciales y construcción de laboratorios de
última generación.
En las dos reuniones del Consejo Consultivo para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, se informó de su
instrumentación en la entidad y se firmó el Convenio Marco de Coordinación
entre la SETEC-SEGOB y Veracruz; se acordó el
inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y la
implementación gradual del sistema, que inició el pasado 11 de los corrientes, en la zona norte y su aplicación para los
cuatro distritos judiciales ya implementados.
Transparentar la información generada en el
ejercicio de la función pública, es rendir cuentas a los veracruzanos. Por
ello, la Procuraduría trasformó la Unidad
de Acceso a la Información Pública, otorgándole el rango de Dirección, con las áreas y equipamiento que da a
la ciudadanía un servicio digno, cumpliendo así, con la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
En su portal institucional, la dependencia a
mi cargo refleja una actualización constante y permanente, sustentada en los
principios de veracidad, oportunidad y confiabilidad.
A través del sistema Infomex, correo
electrónico, escrito libre y llamadas telefónicas, se recibieron 318 solicitudes, enfocadas en
su mayoría a estadísticas de incidencia delictiva, atendidas con oportunidad,
por lo que sólo 1 de ellas está en
trámite.
Señoras
y señores Diputados:
Lo enunciado hasta el momento, es sólo un
breve recorrido de las principales acciones desarrolladas durante el año, con motivo de la alta responsabilidad
encomendada al suscrito. Treinta minutos NO permiten sino esbozar
la grandeza de esta Institución.
Encabezarla supone un reto mayúsculo, que se renueva día a día con el acontecer de
un Veracruz en movimiento. Su
renovación, implica una transformación profunda de su estructura y sus líneas
de acción.
Hoy, la Procuraduría se encuentra lista para
cambiar el paradigma de la investigación y transitar en la dirección que el Gobernador, Doctor Javier Duarte de Ochoa,
ha marcado para el Estado de Veracruz: Siempre
para Adelante!.
En Veracruz, como en el País, nos rige el
imperio de la ley.
Muchas Gracias. Quedo a sus órdenes.
