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noviembre 25, 2014

Secretaría de seguridad, lejos de la ciudadanía: GLPAN

*Solicitan explicación sobre facultades de tránsito en Boca del Río.
*Afirman legisladores que la sociedad está cansada de la inseguridad.
*Cuestionan blindajes y seguridad privada de los JCC.
*Panistas comprometen a Secretario de Seguridad a reuniones mensuales.


Xalapa, Ver. | 25 noviembre de 2014
Tribuna Libre.- Los diputados de la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local afirmaron que la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita demuestra la lejanía que la dependencia estatal mantiene con la ciudadanía.

Carlos Fuentes Urrutia cuestionó al funcionario acerca de la transición de poderes de Tránsito y sus facultades para llevar a cabo acciones viales en la ciudad de Boca del Río.

El Secretario de Despacho se limitó a comentar que la Policía Naval ha ejercido funciones de tránsito en el municipio como lo hace la Secretaría de Seguridad Pública, quienes están a la espera de la resolución de la denuncia que interpuso el Presidente Municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN).

Hugo Fernández Bernal recordó al funcionario que el país y la entidad vive una profunda crisis social y política que produce desconfianza hacia los funcionarios públicos.

El legislador le solicitó mejorar la estrategia de seguridad y lo invitó a realizar una convocatoria a la sociedad para la paz y seguridad de Veracruz.

Bermúdez Zurita contestó al diputado local que actualmente la dependencia estatal mantiene articuladas mesas de trabajo, sin responder concretamente la solicitud de una convocatoria general.

La congresista Ana Cristina Ledezma López solicitó información acerca de la discrepancia entre los reportes estatales y nacionales del número de policías acreditados para Veracruz, así como del caso del blindaje para la zona del totonacapan y el ataque violento contra el panista Lauro Becerra y su familia en el municipio Coxquihui.

“¿Cuántos son y por qué fueron reprobados esos elementos de seguridad?”, cuestionó.

El Secretario argumentó que 174 policías se dedicaban al crimen organizado, que el blindaje no podía presentarlo debido a que no contaba con la información en el momento, y finalmente sobre el atentado contra el militante blanquiazul expuso que la dependencia a su cargo trabaja en lo necesario para esclarecer el caso.

El diputado Domingo Bahena Corbalá solicitó el nombre de la empresa y el costo de los brazaletes utilizados para aplicar la libertad vigilada en el Estado.

“Solicitamos de igual manera el nombre de la empresa que se contrató para seguridad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y le pido exponga si usted reconoce los feminicidios en Veracruz”, sentenció el legislador.

Para sorpresa de los legisladores panista, el Secretario de Seguridad no respondió los cuestionamientos y trató de justificarse.

“El costo de los brazaletes asciende a 2 millones 395 mil 316 pesos con 47 centavos. Sobre el tema de los feminicidios hemos puesto en marcha acciones para prevenir la violencia en cumplimiento de la Ley para una vida libre de violencia hacia las mujeres (…). La contratación de la empresa privada fue competencia del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos”, explicó.

Jorge Vera Hernández cuestionó el estado en el que se encuentra el terreno donado por Álamo para su utilización por parte de las fuerzas de seguridad, así como la cooperación de los alcaldes para la acreditación de los elementos.

El compareciente sostuvo que el terreno de Álamo se utilizará como base operativa y administrativa de la Fuerza Civil en la región, y reveló entorno a la participación de munícipes en la policía acreditable, que son los Presidentes Municipales quienes se niegan muchas veces a acreditar a sus policías.


En su intervención Julen Rementería logró comprometer al Secretario Bermúdez a realizar una reunión mensual para evaluar avances en la estrategia de seguridad, así como para compartir percepciones de la ciudadanía entorno a las políticas públicas de las fuerzas del orden. 

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