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Policías Estatales agreden a “peligroso” joven patinador y amedrentan a quien los denunció en el Skate Park de Belisario
Ciudad de México. | 14 julio 2026
Tribuna
Libre. - Mientras la delincuencia campa a sus anchas y la población sigue
desprotegida ante robos, violencias y delitos que pocas veces encuentran
respuesta, elementos de la Policía Estatal demostraron donde ponen realmente su
fuerza: no contra quienes atentan contra la sociedad, sino contra un joven que
solo ejercía su derecho al deporte en un espacio construido para ello. El
testimonio de un testigo resume la crudeza de esta realidad: "En vez de
que agarren a los rateros deciden agarrar a personas haciendo deporte".
Cuando ese mismo ciudadano decidió
ejercer su derecho elemental de observar y registrar lo que hacen quienes son
pagados con recursos públicos, los agentes desplegaron una actitud hostil e
intimidatoria con el único fin de ocultar su proceder, intentando silenciar la
evidencia de su abuso. El video confirma que no se trató de un error aislado,
sino de una disposición clara para impedir el control ciudadano.
La ley es inequívoca: el artículo 6° de
la Constitución y los criterios de la Suprema Corte de Justicia establecen que
registrar la actuación de servidores públicos en espacios públicos es un
derecho irrenunciable. Sin embargo, estos agentes actúan como si estuvieran por
encima de la norma, convencidos de que pueden prohibir, amenazar y abusar sin
consecuencias. No es un fallo individual: es la demostración de que un cuerpo
de seguridad ha perdido su rumbo, convirtiéndose en un riesgo para la gente
honesta en lugar de una protección contra el crimen.
Estos hechos configuran un claro abuso
de autoridad, violación sistemática de garantías y un intento manifiesto de
perpetuar la impunidad. No basta con disculpas o señalamientos menores: los
responsables deben ser identificados inmediatamente, separados de su cargo y
sometidos a todo el peso de la ley, tanto en el ámbito administrativo como
penal. Las instituciones encargadas de vigilar a los vigilantes no pueden mirar
hacia otro lado; si lo hacen, se convierten en cómplices de esta degradación
del servicio público.
Las personas afectadas pueden presentar
su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos local, la Fiscalía General del
Estado o a través de la línea anónima 089.
La obligación de la ciudadanía no es
solo obedecer, sino vigilar; y nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho
a arrebatársela. Cuando la policía ataca a quien hace deporte y persigue a
quien denuncia, falla en su esencia misma y pone en jaque todo el orden
democrático
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