Toluca, Edo, Edo. México | 29 abril de
2015
Tribuna Libre.- Un juez federal del Sexto Tribunal Unitario
del Segundo Circuito de Toluca, Estado de México, revocó el auto de formal
prisión contra María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de
Iguala, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el dictamen se establece que el Juzgado
Tercero de Distrito de Procesos Federales –el cual dictó el auto de formal
prisión contra la esposa de José Luis Abarca- violó el debido proceso de Pineda
Villa al no permitirle presentar pruebas en su defensa. No obstante, Pineda
Villa no quedará en libertad, únicamente se repondrá el proceso en su contra
con la presentación y aceptación de pruebas para que posteriormente se realice
un auto de formal prisión.
Asimismo, también se dio a conocer que María
de los Ángeles se encuentra bajo otro proceso ante el Juez Tercero en Materia
de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, por el delito de
Delincuencia Organizada en la hipótesis de cometer delitos contra la salud, por
el cual se le dictó auto de formal prisión.
Desde enero de 2015, la esposa de José Luis
Abarca está recluida en un penal federal de Tepic, Nayarit, ya que el 12 de
enero, un juez federal dictó auto de formal prisión contra María de los Ángeles
por su probable responsabilidad en la comisión de delito de delincuencia
organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
APOYABA
AL GRUPO CRIMINAL GUERREROS UNIDOS: PGR
Las pruebas por presentadas por la PGR ante
el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de
México, resolvió que Pineda Villa perteneció al grupo delincuencial Guerreros
Unidos desde 2005 hasta su detención el 4 de noviembre en la delegación
Iztapalapa, en la ciudad de México.
La esposa del ex presidente municipal de
Iguala, Guerrero, presuntamente apoyaba económicamente a Guerreros Unidos,
mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, así como distribuyendo droga,
principalmente en el estado de Guerrero y en otras entidades donde el cártel
tiene presencia.
“Su participación era dar protección y apoyo
económico para lograr los fines de ese grupo delincuencial, a través de la
compra de bienes muebles e inmuebles o bien, trasladando e invirtiendo
numerario producto de la venta y distribución de droga”, señala un comunicado
del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). (http://www.enterate.mx/)
