* Asesoría y
Servicio Rurales, AC, presentó un informe que evidencia que ambos candidatos
reparten dádivas.
Xalapa, Ver. | 30 mayo de 2015
Antonio Sánchez
Tribuna Libre.- Como parte de la observación que hacen
integrantes de la Asociación Civil Asesoría y Servicio Rurales, se detectó que
los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los distritos
XIX y XX, Jorge Alejandro Carvallo Delfín y Erick Alejandro Lagos Hernández,
respectivamente, han violentado la Ley Electoral al hacer entrega de
regalos en especie a potenciales votantes.
La Asociación Civil, respaldada por el
Movimiento Agrario Indigenista (MAIZ), evidencia la compra y coacción del voto
del electorado.
Se informó que en la comunidad Laguneta,
municipio de San Andrés Tuxtla, Jorge
Carvallo Delfín, regaló un refrigerador y una licuadora al comedor comunitario
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Programa a cargo de la Sedesol.
Comunidad La Pitahaya, municipio de Santiago
Tuxtla, se dio una reunión de al menos 90 beneficiarias del programa Prospera,
donde se les repartieron láminas y cemento.
Se detectó que en la comunidad El Águila,
municipio de Catemaco, levantaron firmas y copias de las credenciales de
elector cuando fueron a entregar a nombre del candidato cinco toneladas de
cemento para la Iglesia del Pueblo.
En Pozolapan, de ese municipio, repartieron
botiquines a nombre del candidato, utilizando a las promotoras de salud que son
pagadas por la Secretaría de Salud del estado.
El pasado 24 de mayo en el palacio Municipal
de Catemaco, personas del equipo de campaña del candidato Jorge Carvallo,
convocaron a su fiesta de cumpleaños, donde rifó un auto y
electrodomésticos.
Por su parte se detectó que Erick Lagos Hernández,
apoyó con el envío de maquinarias en la comunidad del Progreso Mixe, municipio
de Sayula de Alemán, para hacer represas para el ganado.
Esos actos van en contra de lo establecido en
los Acuerdos del Consejo General del INE donde se establecen medidas para la
imparcialidad en el uso de los programas y recursos públicos, así como medidas
específicas para contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto.
El texto cuestiona si estos materiales
entregados por los candidatos son reportados en su contabilidad de los gastos
de campaña que son fiscalizados por el propio INE.