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mayo 30, 2015

Denuncia contra Jorge Carvallo Delfín y Erick Lagos Hernández por delitos electorales

*  Asesoría y Servicio Rurales, AC, presentó un informe que evidencia que ambos candidatos reparten dádivas.


Xalapa, Ver. | 30 mayo de 2015
Antonio Sánchez
Tribuna Libre.- Como parte de la observación que hacen integrantes de la Asociación Civil Asesoría y Servicio Rurales, se detectó que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los distritos XIX y XX, Jorge Alejandro Carvallo Delfín y Erick Alejandro Lagos Hernández, respectivamente, han violentado la Ley Electoral al hacer entrega de regalos en especie a potenciales votantes.

La Asociación Civil, respaldada por el Movimiento Agrario Indigenista (MAIZ), evidencia la compra y coacción del voto del electorado.

Se informó que en la comunidad Laguneta, municipio de San Andrés Tuxtla,  Jorge Carvallo Delfín, regaló un refrigerador y una licuadora al comedor comunitario de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Programa a cargo de la Sedesol.

Comunidad La Pitahaya, municipio de Santiago Tuxtla, se dio una reunión de al menos 90 beneficiarias del programa Prospera, donde se les repartieron láminas y cemento.

Se detectó que en la comunidad El Águila, municipio de Catemaco, levantaron firmas y copias de las credenciales de elector cuando fueron a entregar a nombre del candidato cinco toneladas de cemento para la Iglesia del Pueblo.

En Pozolapan, de ese municipio, repartieron botiquines a nombre del candidato, utilizando a las promotoras de salud que son pagadas por la Secretaría de Salud del estado.

El pasado 24 de mayo en el palacio Municipal de Catemaco, personas del equipo de campaña del candidato Jorge Carvallo, convocaron a su fiesta de cumpleaños, donde  rifó un auto y electrodomésticos.

Por su parte se detectó que Erick Lagos Hernández, apoyó con el envío de maquinarias en la comunidad del Progreso Mixe, municipio de Sayula de Alemán, para hacer represas para el ganado.

Esos actos van en contra de lo establecido en los Acuerdos del Consejo General del INE donde se establecen medidas para la imparcialidad en el uso de los programas y recursos públicos, así como medidas específicas para contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto.


El texto cuestiona si estos materiales entregados por los candidatos son reportados en su contabilidad de los gastos de campaña que son fiscalizados por el propio INE.

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