Xalapa, Ver. | 31 julio de 2015
Tribuna Libre.- En la sesión de
hoy del Congreso del estado, se aprobó el Dictamen que reforma la Ley de la
Fiscalía y el Código Penal de Veracruz, resultado de la Iniciativa que presentó
la Diputada Ana Cristina Ledezma del Grupo Legislativo del PAN, en enero de
2014.
El tema central de
la propuesta de reforma fue en torno al delito de feminicidio. La diputada
Ledezma ha insistido en los últimos meses en que se tomen las medidas
conducentes para prevenir, atender y erradicar estos asesinatos de mujeres; ha
enfatizado en que se investiguen de acuerdo a los protocolos que existen para
los delitos de violencia de género y ha exhortado al Instituto Veracruzano de
las Mujeres a solicitar la Alerta de Violencia de Género como lo marca la ley;
incluso propuso que también la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga
competencia para emitir esta Alerta.
En la reforma que
presentó y que desde hoy forma parte de la legislación veracruzana, propone que
la Fiscalía imparta capacitación sistemática especializada y permanente en materia
de derechos de las mujeres, a las y los servidores públicos: a la policía de
investigación y a los que laboran en los Centros de Atención a Víctimas, todo
ello, para la debida diligencia en la conducción de la investigación y procesos
penales de los delitos de feminicidio y delitos de violencia de género.
Asimismo, la
reforma al Código Penal contempla las sanciones a la autoridad que retarde u
obstaculice la prevención, investigación, sanción y reparación del daño del
delito de feminicidio o de cualquier delito de violencia de género.
Esta reforma,
señala la diputada Ledezma, abonará para que estos delitos no queden impunes,
sobre todo para que las y los servidores públicos hagan su tarea con la
diligencia debida en la investigación de estos delitos.
La capacitación
permanente a servidoras y servidores públicos, dijo, es una propuesta para
garantizar las obligaciones derivadas de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y de las
observaciones realizadas al Estado Mexicano por parte del Comité del mismo
nombre.
Por otra parte,
señaló que esta reforma responde a lo que mandata la sentencia “Campo
Algodonero”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de
2007, en contra del Estado Mexicano, por los asesinatos de tres
mujeres, alegando su responsabilidad internacional por la falta de
prevención y de debida diligencia de las investigaciones en los asesinatos de
estas mujeres, así como la denegación de justicia y falta de una reparación
adecuada, y que en razón de ello resolvió que nuestro país dentro de un plazo
razonable, debería investigar a los funcionarios acusados de
irregularidades y aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o
penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables por el
incumplimiento de su deber legal de realizar un debido proceso” , enfatizando
que se deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de
educación y capacitación con perspectiva de género para la debida diligencia en
la conducción de las investigaciones y procesos penales relacionados con
violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de
estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios
públicos”.
En mayo de este
año, la actual Secretaria de la Mesa Directiva presentó un anteproyecto con
punto de acuerdo, en el que señaló que para las mujeres: “Caminar por las
calles, salir a trabajar para ganarse la vida, son actos que atentan contra sus
vidas; dijo además, que en Veracruz, la prevención es nula, las medidas de
seguridad para evitar la recurrencia de estos actos de violencia no se activan;
no se investiga con perspectiva de género y menos se declara con perspectiva de
género, porque los delitos contra las mujeres se minimizan”
En ese
pronunciamiento, la legisladora dio nombres de 33 mujeres que de enero a mayo
habían sido asesinadas y preguntaba al Fiscal el número de expediente o
carpetas de investigación abiertas por la comisión de esos delitos.
En Veracruz
necesitamos avanzar en la capacitación con perspectiva de género a las y los
servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, así como
sancionar las omisiones y negligencias en que incurren, impidiendo a las
mujeres el ejercicio pleno de su derecho a la justicia.
