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julio 31, 2015

Aprobación del dictamen de la iniciativa que reforma la ley orgánica de la fiscalía general y el código penal del estado de Veracruz, que presentó la diputada Ana Ledesma del grupo legislativo del PAN

Xalapa, Ver. | 31 julio de 2015
Tribuna Libre.- En la sesión de hoy del Congreso del estado, se aprobó el Dictamen que reforma la Ley de la Fiscalía y el Código Penal de Veracruz, resultado de la Iniciativa que presentó la Diputada Ana Cristina Ledezma del Grupo Legislativo del PAN, en enero de 2014.

El tema central de la propuesta de reforma fue en torno al delito de feminicidio. La diputada Ledezma ha insistido en los últimos meses en que se tomen las medidas conducentes para prevenir, atender y erradicar estos asesinatos de mujeres; ha enfatizado en que se investiguen de acuerdo a los protocolos que existen para los delitos de violencia de género y ha exhortado al Instituto Veracruzano de las Mujeres a solicitar la Alerta de Violencia de Género como lo marca la ley; incluso propuso que también la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga competencia para emitir esta Alerta.

En la reforma que presentó y que desde hoy forma parte de la legislación veracruzana, propone que la Fiscalía imparta capacitación sistemática especializada y permanente en materia de derechos de las mujeres, a las y los servidores públicos: a la policía de investigación y a los que laboran en los Centros de Atención a Víctimas, todo ello, para la debida diligencia en la conducción de la investigación y procesos penales de los delitos de feminicidio y delitos de violencia de género.

Asimismo, la reforma al Código Penal contempla las sanciones a la autoridad que retarde u obstaculice la prevención, investigación, sanción y reparación del daño del delito de feminicidio o de cualquier delito de violencia de género.

Esta reforma, señala la diputada Ledezma, abonará para que estos delitos no queden impunes, sobre todo para que las y los servidores públicos hagan su tarea con la diligencia debida en la investigación de estos delitos.

La capacitación permanente a servidoras y servidores públicos, dijo, es una propuesta para garantizar las obligaciones derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y de las observaciones realizadas al Estado Mexicano por parte del Comité del mismo nombre.

Por otra parte, señaló que esta reforma responde a lo que mandata la sentencia “Campo Algodonero”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2007, en contra del Estado Mexicano, por los asesinatos de tres mujeres, alegando su responsabilidad internacional  por la falta de prevención y de debida diligencia de las investigaciones en los asesinatos de estas mujeres, así como la denegación de justicia y falta de una reparación adecuada, y que en razón de ello resolvió que nuestro país dentro de un plazo razonable, debería  investigar a los funcionarios acusados de irregularidades y aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables por el incumplimiento de su deber legal de realizar un debido proceso” , enfatizando que se deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de educación y capacitación con perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de las investigaciones  y procesos penales relacionados con violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos”.

En mayo de este año, la actual Secretaria de la Mesa Directiva presentó un anteproyecto con punto de acuerdo, en el que señaló que para las mujeres: “Caminar por las calles, salir a trabajar para ganarse la vida, son actos que atentan contra sus vidas; dijo además, que en Veracruz, la prevención es nula, las medidas de seguridad para evitar la recurrencia de estos actos de violencia no se activan; no se investiga con perspectiva de género y menos se declara con perspectiva de género, porque los delitos contra las mujeres se minimizan”

En ese pronunciamiento, la legisladora dio nombres de 33 mujeres que de enero a mayo habían sido asesinadas y preguntaba al Fiscal el número de expediente o carpetas de investigación abiertas por la comisión de esos delitos.


En Veracruz necesitamos avanzar en la capacitación con perspectiva de género a las y los servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, así como sancionar las omisiones y negligencias en que incurren, impidiendo a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho a la justicia. 

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