José Miguel Cobián | 17
agosto de 2015
Tribuna Libre.- No, no hay error en el título, realmente es
un hashtag que se antoja utilizar de manera permanente en cualquier
conversación en redes sociales, e incluso en la vida real. En estos días hemos visto por todos lados que
el nivel de descomposición social –que muchos pensábamos ya había llegado al
límite-, sigue empeorando.
Mancera, un funcionario que dirige ¿gobierna?
El distrito federal, afirma que no hay pruebas suficientes para demostrar la
inocencia de Angélica, la bailarina que lleva ocho meses en la cárcel por un
caso de supuesto transporte de drogas.
Al revisar el expediente, nos encontramos con que después de la
investigación inicial, no ha habido ninguna adición al expediente. Esto
significa que la PGR la metió a la cárcel y se olvidó de ella. No hay debido proceso, no hay investigación,
no hay nada, salvo alguien que puede ser inocente y está en la cárcel. Un riesgo muy común para el mexicano. Mientras tanto, el gobernador de la ciudad
de México afirma que no hay pruebas de la inocencia de la chica, lo cual es un
absurdo jurídico. Se debe de exigir a
la autoridad que pruebe su culpabilidad, basados en el principio de presunción
de inocencia, y si la autoridad no puede probar la culpabilidad, la debe dejar
libre a la brevedad.
Pero, el fondo es mucho más grave que un caso
aislado. Todo México padece lo
mismo. La autoridad –y lo he dicho por
años-, le mete mucho dinero a la secretaría de hacienda y al SAT, que son
órganos recaudatorios. Si de sacar
dinero de los bolsillos de los mexicanos se trata, siempre hay dinero para
mejorar recursos materiales y humanos.
Pero cuando se trata de procuración de justicia para el mexicano,
entonces no alcanza ni para migajas el presupuesto. Tanto la Procuraduría General de la República
como las fiscalías o procuradurías estatales tienen presupuestos de risa. En los estados obviamente es mucho más grave
el asunto.
Así, cualquier mexicano que busque justicia y
presente una denuncia ante el ministerio público, se va a encontrar con algunos
funcionarios eficientes exageradamente saturados de trabajo. Y también con
muchos recomendados que no sirven para nada.
Si pretende obtener justicia pronta y expedita (un mito teórico en
México), podrá esperar una eternidad, hasta desglosar que expedita y pronta, en
México significan nunca y jamás. Las
fiscalías estatales no cuentan con personal capacitado y en número
suficiente. Baste mencionar que acorde
al número de delitos que hay denunciados en el país y que son menos del cinco
por ciento de los delitos que se cometen, cada funcionario de cada procuraduría
estatal tendría que resolver cada delito en dos días como máximo, pues son
tantas las denuncias y tan pocos los funcionarios que los números no fallan y
no hay otra opción.
Ante la imposibilidad de resolver un delito
cada dos días, las procuradurías y fiscalías se dedican a tomar nota de los
delitos, levantar actas, y muy esporádicamente investigar alguno. Y allí llegamos a otro punto importante. No hay recursos humanos y tecnológicos para
realizar una investigación moderna y científica. En los laboratorios forenses se carece de
casi todo, y los métodos de investigación se basan en la intuición, la tortura,
la confesión y ya. Y lo mismo sucede
cuando el mexicano es detenido por la marina y el ejército. No hay capacidad de investigación en México.
La mayoría de los policías ministeriales o de
las procuradurías tienen –con suerte-, la preparatoria o bachillerato
terminados. Los que son buenos
policías, lo son porque han aprendido sobre la marcha, y tienen sentido
común. La gran mayoría investiga como
puede, sin el mínimo conocimiento moderno de cómo se debe llevar una
investigación para lograr discernir la culpabilidad o inocencia del
acusado.
Así, el compromiso del estado mexicano de
procurar justicia a los ciudadanos se convierte en una mentira más, en un gran
mito. No hay suficientes agentes del ministerio
público, no hay suficientes secretarios, no hay suficientes policías
investigadores, no hay recursos técnicos ni materiales para llevar a cabo las
investigaciones adecuadamente. En pocas
palabras, no es que sean ineptos, es que son incapaces, en el entendido que sin
recursos intelectuales, materiales y humanos, no es posible atender la demanda
de procuración de justicia.
Así, aunque la sociedad reclame, jamás será
esclarecido adecuadamente un crimen, y siempre quedará la duda, de si se
encarcela al inocente o se deja libre al culpable. Por ello, día a día, la sociedad mexicana se
torna más violenta. A nadie le gusta que
se abuse de él. Y ante la absoluta incapacidad del estado de procurar justicia,
ésta se aplica por propia mano. El
camino a la barbarie esta marcado desde hace mucho tiempo.
Si usted quiere saber a que gobernador o a
que presidente de la República le interesa la procuración de justicia, basta
ver si se incrementa adecuadamente el presupuesto de su fiscalía o
procuraduría. Cuando hay más dinero para
contratar personal capacitado, capacitar al existente. Recursos materiales para
realizar las investigaciones, entonces vamos por buen camino. Mientras tanto,
debe usted de enterarse que la justicia que usted demanda, no le interesa al
gobernante en turno.
Entre uno y dos meses se llevaría una buena
investigación (cuando menos), así que imagine ud. la cantidad de investigadores
que faltan en su fiscalía o procuraduría.
Multiplicar por diez el tamaño de esta instancia de gobierno, es un
mínimo indispensable para pasar de ser un país bárbaro a un país con una
aspiración de ser civilizado.
