* Jorge Carrasco informaba sobre el caso Regina * La revista responsabilizó a Javier Duarte
de la amenaza * El ex corresponsal de
Televisa y el jefe Zeta * Erick Lagos
no quiere ser candidato * Víctor
Rodríguez cierra la puerta al marcelismo
* La alianza PRD-PAN va * Katia
Carrillo a TV Azteca
Mussio Cárdenas Arellano | 17 agosto de
2015
Tribuna Libre.- Rubén Espinosa se fue por
miedo. Huyó de Veracruz el fotoperiodista, colaborador de Proceso, alertado del
peligro, espiado y amenazado. Llegó al DF, confiado en que la distancia le
salvaría la vida. Hoy está muerto.
Jorge Carrasco Araizaga,
reportero de Proceso, fue advertido del riesgo, un presunto operativo para
ultimarlo, en 2013, surgido de los sótanos del poder en Veracruz. Irían por él
al DF.
Jorge Carrasco era
coadyuvante en la investigación ministerial por el crimen de la entonces
corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez. Atendía el caso, sus avances y
rezagos, el sesgo que daba la Procuraduría duartista, desde aquella aciaga
tarde del 28 de abril de 2012, cuando el cuerpo de la periodista fue hallado
sin vida en su hogar, en Xalapa.
Informaba puntual Jorge
Carrasco. Detallaba el manejo que el gobierno de Javier Duarte daba a las
pesquisas del crimen. Advertía la intención de desvincular la actividad
periodística de Regina Martínez de las causas por las que fue ejecutada.
Tenía el reportero una
condición de privilegio, al acceder al expediente del caso. Así pudo constatar
la intención de fabricar un chivo expiatorio en la persona de Jorge Antonio
Hernández Silva, alias “El Silva”. Y así fue.
El 14 de abril de 2013,
Proceso publicó el reportaje de Jorge Carrasco en que informó sobre la
sentencia condenatoria contra “El Silva” a 38 años. Sin embargo, precisó que la
juez Beatriz Rivera Hernández no tomó en cuenta que en la casa de Regina
Martínez no se halló ni huellas dactilares ni pruebas para exámenes de ADN que
pudieran acreditar que el sospechoso era culpable del asesinato o que hubiera
estado ahí. Escribió Carrasco:
La juez sólo siguió la
“verdad jurídica” construida por la PGJ a partir de la confesión del condenado
y de acusaciones de María del Rosario Morales Zárate, su hermana de crianza y
esposa de Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, a quien la dependencia señala
como el autor principal del homicidio. Tanto a la PGJ como a la juez le
bastaron esos dichos. No hubo ninguna prueba pericial que demostrara esa verdad
legal, ni huellas o muestras de ADN que inculparan a Silva.
Rivera Hernández dictó la
condena sin ser informada por la PGJ de que no se encontró ni una sola huella
del Silva en la casa donde la periodista de 49 años fue asesinada el 28 de
abril de 2012, en la ciudad de Xalapa.
Un dictamen pericial de la
PGJ elaborado el 29 de octubre de ese año, casi un mes después de consignarlo
ante la juez, concluye contundente: “Los fragmentos dactilares latentes
(dubitable) y los decadactilares del C. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El
Silva (indubitable), no corresponden en ubicación, situación, relación, forma y
dirección”.
Esa información detonó la
amenaza contra su integridad. El 16 de abril, Proceso dio a conocer que se
habían activado protocolos de protección y que hacía responsable al gobernador
Javier Duarte de lo que pudiera ocurrirle a Jorge Carrasco y al corresponsal
Noé Zavaleta.
La información fue la
siguiente:
El semanario Proceso informa
a la opinión pública que a raíz de la cobertura periodística y la coadyuvancia
en las investigaciones ministeriales llevadas a cabo por nuestro reportero
Jorge Carrasco Araizaga en el caso del asesinato de nuestra corresponsal en
Veracruz, Regina Martínez Pérez, hemos recibido información sobre la presunta
intención de funcionarios y exfuncionarios del estado de Veracruz de atentar
contra la integridad personal del periodista.
Desde el pasado domingo por
la noche, Proceso empezó a recibir informes acerca de una reunión entre
exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la
Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra
del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de
Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
La cita habría tenido lugar
en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la
búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos
nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en
esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al
Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para
recabar datos relativos al periodista.
Este martes 16, la
información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó
una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión
de hacerle daño en caso de que se resista.
Los asistentes a dicha
reunión, según este informe, fueron enfáticos en “tener cuidado con las
cámaras” de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se
encuentra “gente” del estado de Veracruz.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de
Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles
relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del
lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en
favor del reportero.
Proceso responsabiliza al
gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a
partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual
corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que
colabora con este semanario en todo el país.
En el curso de hoy martes,
tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín,
subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la
Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado
parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.
En declaraciones a Proceso,
el mandatario y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar
el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con
sede en Xalapa, Noé Zavaleta. Duarte, adicionalmente, se comprometió a que
habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.
Jorge Carrasco fue objeto de
protección y se salvaguardó su integridad. Pudo continuar su actividad como
reportero de Proceso en el DF, crítico en todo sentido.
Contundente, Proceso hizo
responsable a Javier Duarte. Detectó el operativo en el que participaban
“funcionarios y ex funcionarios” de seguridad y de la Procuraduría, hoy
Fiscalía, que tramaban acciones “hostiles” contra Carrasco Araizaga.
Señaló que en la reunión más
reciente “se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en
caso de que se resista”. ¿Acaso tramaban un levantón como el de Goyo Jiménez o
Moisés Sánchez Cerezo?
Encrespa a Javier Duarte la
línea de Proceso. Es su catalizador, el espejo de su desgobierno, el desastre
financiero, la deuda descomunal, la violencia, la inseguridad, el baño de
sangre, mutilados por doquier y 14 periodistas muertos en el ejercicio de su
profesión, la mayoría críticos indomables.
Proceso lo desnuda y paga la
factura. Primero fue Regina, asesinada; luego Carrasco, amagado con acciones
“hostiles” para capturarlo, y ahora Rubén, ejecutado. ¿Quién sigue?
Vaya similitud. En ambos
casos se habla de envío de matones al DF. A Jorge Carrasco se le pudo proteger;
a Rubén no. En los dos se advierte la irritación del gobierno duartista por su
trabajo periodístico. En los dos está el factor “cámaras de seguridad”; que se
cuidaran de no ser grabados al levantar a Carrasco y las que no funcionaban en
el edificio donde mataron a Rubén aunque los supuestos asesinos aparecen en un
video de vigilancia del gobierno del DF. En el caso Regina, el detenido está
señalado de robo, no de asesinato; en el caso Rubén, el detenido presuntamente
participó en el robo, pero no admite que mató a nadie.
Rubén Espinosa sentía el
asedio de los agentes del duartismo que le seguían los pasos, que lo
acompañaban a todas partes, que lo veían y llegaron a hablarle, que dejaban su
mensaje intimidatorio.
Salió de Veracruz el 9 de
junio. Se fue al DF. Un día, en un café, un tipo se acercó y lo llamó por su
nombre. Le expresó que él, Rubén, era el periodista que había tenido que irse
de Veracruz.
Se supo inerme. Lo habían
ubicado. Sabían sus movimientos. Planeaba regresar y enfrentar lo que fuera.
Cuando lo comentó, le aconsejaron que aguardara, que el peligro no había
pasado.
Su exilio terminó el 31 de
julio. Ese día le arrancaron la vida.
Archivo muerto
Ironía mediática: difunde
Televisa que el fotoperiodista Rubén Espinosa da positivo para cocaína y
marihuana y Nadia Vera positivo para marihuana. Lo festinan los duartistas, sus
bots, sus textoservidores, como si en el gobierno de Javier Duarte no hubiera
adictos o ebrios consumados. Recuérdese aquella entrevista mañanera del gobernador,
aún bajo los efectos del alcohol, donde describía la autopista México-Tuxpan
como “pa-drí-shi-mo”, o el día de la
mega parranda, beso incluido, con Romero Deschamps en Coatzacoalcos. Cierto o
no, consumidores o no, nada justifica la saña con que fueron asesinados Rubén y
Nadia. Horas después, un ex reportero de Telever, filial de Televisa, Juan
Heriberto Santos Cabrera, es asesinado en el interior de un bar en Orizaba.
Presuntamente departía con el jefe de plaza de Los Zetas. Mueren seis personas.
Dos reporteros del periódico El Buen Tono, que también se habrían hallado en la
mesa del capo, resultaron ilesos. Los despidió el propietario del rotativo,
José Avellá, porque afirma que ahí no estarían hablando de periodismo ni de
libertad de expresión. Según información filtrada, Juan Heriberto Santos
Cabrera sería quien pagaba a los reporteros asignados a la fuente policíaca
para que ocultaran información relacionada con los zetas. ¿Desde cuándo era el
planchador del crimen organizado entre la prensa? ¿De dos meses a la fecha o
cuando fungía como corresponsal de Televisa? O simplemente este también es
montaje, llevándose al baile a la empresa de Azcárraga... Quienes saben contar,
que no cuenten con Erick Lagos. No será candidato a gobernador de dos años en
2016. No es su proyecto. Irá, eso sí, por la de seis, en 2018. Usará su
condición de líder de la bancada priísta veracruzana para posicionarse, para
revitalizar al fidelismo, para hacer amarres, comprar conciencias, someter
inercias, torcerle la mano al rival. Tiene definido el ex secretario de
Gobierno y ex líder del PRI estatal que al minigobierno irán Héctor Yunes Landa
o Pepe Yunes Zorrilla. Pero si el PRI se fractura, se divide y Pepe Yunes
cumple su promesa de apoyar “al candidato de otro partido”, el próximo
gobernador será Miguel Ángel Yunes Linares. Y en ese escenario habrá
persecución, denuncias, cacería de brujas y cárcel para fidelistas y
duartistas. Y entonces tampoco habrá sexenio en 2018. Por lo pronto, Erick
Lagos asumirá su diputación federal en septiembre y será el pastor de los
legisladores priístas veracruzanos... Si los astros se alinean, si del
Movimiento Territorial Víctor Rodríguez Gallegos brinca a la candidatura del
PRI a la diputación local, en 2016, habrá cancelado toda posibilidad de que el
marcelismo pueda disputar la alcaldía de Coatzacoalcos en 2017. Colmados de
espacios, de cargos, de reflectores, a las huestes de Marcelo Montiel no se les
cumpliría el capricho de seguir ostentando la presidencia municipal. De ahí la
condescendencia de Mónica Robles, Iván Hillman, el Partido Verde, el Clan de la
Succión, para que pasen los marcelistas, se alleguen la diputación local y le
dejen al camino libre hacia la alcaldía a la hoy diputada local por
Coatzacoalcos. O sea, Víctor Rodríguez cerrando la puerta a su grupo político y
abriéndosela a la inefable Mónica... Esta vez sí. Tan mal quedó Javier Duarte
con el Partido de la Revolución Democrática, con los Chuchos y Nueva Izquierda,
que la alianza con el Partido Acción Nacional es un hecho. Será avalada en el
próximo congreso nacional del PRD, donde elegirán nuevo líder tras el retiro de
Carlos Navarrete de la dirigencia nacional. En Veracruz, el consejo estatal lo
dominan Nueva Izquierda y el ex diputado local y federal, Rogelio Franco Castán.
Sacarán el acuerdo con sus consejeros, sin pactos ni enredos, sin los Condado
de Acayucan, sin Romero Aquino, sin Moreno Brizuela, sin la corriente de Amalia
García. Esa alianza PAN-PRD, en este momento, sin trabajo electoral, se
llevaría por lo menos 15 de los 30 distritos. O sea, partiría al Congreso de
Veracruz. Falta el trabajo político. Una vez que se desarrolle, amarillos y
azules estarían a centímetros de controlar la Legislatura, traer a cuentas al
gobernador Javier Duarte, encarcelar a su pandilla duartista y cancelar toda
posibilidad de que el PRI pueda ganar la elección en 2018. Dicen los
perredistas que nada de lo que ofrezca Javier Duarte para frustrar la alianza,
se compara con lo que tendrán en sus manos si llegan al gobierno de Veracruz...
Ericka Corona fue por muchos años editora y factor clave en TV Azteca
Coatzacoalcos. Ya no lo es. A su relevo llega Katia Carrillo Cervantes, ex
conductora de noticiarios en Olmeca TV y DI Noticias. Ericka Corona tenía en el
pulso de la noticia, editaba y detentaba la jefatura de información. Katia es
imagen, ángel y simpatía. La belleza tiene lo suyo. Es la línea de TV Azteca
nacional...
twitter:
@mussiocardenas