* Plantean retomar conceptos de Hanna Arendt para
impulsar la defensa de los derechos humanos, además de incorporar traductores
indígenas en procesos judiciales; más de 8 mil los hablantes de lenguas
indígenas recluidos en algún centro penitenciario y resistencia de autoridades
y MP para incorporar personal capacitado para defender los derechos de esos
grupos.
Pachuca de Soto, Hgo. | 31 agosto de 2015
Tribuna Libre.- Tras realizar una
investigación sobre las condiciones de derechos humanos entre grupos indígenas
y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, Concepción Delgado Parra planteó en
la Feria Universitaria del Libro, FUL 2015, la necesidad de impulsar la
capacidad de acción de las comunidades a fin de garantizar el respeto a los
derechos humanos.
Durante la
ponencia “Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos
humanos: de Arendt a Benhabib”, la investigadora propuso una ética de la
responsabilidad, donde cada individuo se hace corresponsable de los derechos
del otro y se acuerpa en su libertad de acción política.
La académica
subrayó la desigual e inequitativa impartición de los derechos humanos y
explicó que si bien estos derechos están construidos sobre la base de una misma
ley para todos, las condiciones en que se desarrollan los grupos vulnerables
requieren una revisión de fondo.
"De qué sirve
que todos sean iguales ante la ley en un mundo de desiguales", afirmó
Delgado Parra, quien retomando las teorías de Hanna Arendt, llamó a trascender
las marcas de reciprocidad condicionada inscrita en las leyes para impulsar una
ética de responsabilidad política desde la sociedad civil, a fin de promover
una ciudadanía cosmopolita.
En este sentido,
insistió en que los derechos humanos deben construirse a partir de la acción
política y la capacidad de la gente para modificar su propio entorno; consideró
los momentos de crisis como momentos de oportunidad, para proponer, hacer e
incidir en nuevas formas de ver el mundo.
Por otra parte,
Javier López Sánchez, representante del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas, subrayó que actualmente dicho sector de la población se encuentra en
condiciones de desventaja ante la ley a causa de la ausencia de traductores y
mediadores de lenguas indígenas capaces de participar y hacer una adecuada
defensa durante los procesos judiciales.
Como parte del
encuentro de traductores celebrado en la FUL, el funcionario explicó que son
más de 8 mil los hablantes de lenguas indígenas recluidos en algún centro
penitenciario y son los estados de Veracruz, Chiapas y Puebla, los que
concentran el mayor número de reclusos procedentes de alguna etnia.
López Sánchez
aseguró que la idea de construir un padrón nacional de intérpretes y
traductores en lenguas indígenas tiene por objeto dar cumplimiento al derecho
fundamental que tienen los indígenas cuando desafortunadamente se encuentran
ante una situación jurídica, motivo por el cual están concentrando esfuerzos en
las labores de capacitación de abogados y especialistas en materia penal.
Sin embargo,
reconoció como retos no sólo la diversidad lingüística y cultural de nuestro
país que se traduce en 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, sino
también la resistencia de las autoridades y ministros públicos para incorporar
personal capacitado para defender los derechos de los grupos indígenas.