*Plantea reformar el artículo 6 de la Constitución
Política estatal, para garantizar igualdad en los términos que se refieren a
uno y otro sexos.
Xalapa, Ver. | 06 agosto de 2015
Tribuna Libre.- Incorporar un
lenguaje incluyente para hombres y mujeres en la redacción de leyes o políticas
públicas y evitar así la discriminación contra las féminas, propuso el diputado
local Ciro Gonzalo Félix Porras, a través de una Iniciativa de reforma al
artículo 6 de la Constitución Política del Estado.
En la propuesta,
que presentó durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso, el
Legislador explica que conforme a los tratados internacionales en materia de
derechos humanos, se debe garantizar que la mujer no sea objeto de
discriminación. Por ello, se requiere establecer en la Constitución local la
obligación de que todas las leyes contengan un lenguaje incluyente.
Se plantea que en
la Constitución o en las leyes que de ella emanen, cuando por efectos
gramaticales se haga referencia al género masculino, se entenderá a hombres y
mujeres por igual, y se promoverá que dicha igualdad se regule también en las
denominaciones correspondientes a los cargos públicos.
Desde tribuna, el
Diputado sostuvo que los hombres, las mujeres y los niños tienen el derecho de
vivir libres de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación
sexual y cualquiera otra condición, como lo establecen la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales y la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
De acuerdo con
Félix Porras, el 10 de octubre de 2014, la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) suscribió la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que
obliga a sus integrantes a impulsar acciones específicas de planeación,
organización y desarrollo en las entidades federativas, encaminadas a
fortalecer los sistemas estatales de Igualdad y de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres.
Esta Iniciativa
fue turnada por la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Estado a la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.