Héctor Yunes Landa | 30 septiembre de 2015
Tribuna Libre.- La lucha contra la corrupción no es un tema
electorero ni debe tomarse con frivolidad; quien diga lo contrario está
desconociendo la voz de los ciudadanos que suena fuerte y reclama justicia.
Castigar a los que traicionaron la
confianza de los veracruzanos es una prioridad en la que la gran mayoría
coincidimos, sin embargo, hay personajes que piensan en esta lucha como una
forma de venganza, pero yo estoy decidido a transformar el sistema para que
todo ciudadano conozca en qué y cómo se emplea su dinero.
Eliminar definitivamente la corrupción y el
indebido manejo de los recursos públicos, implica castigar a quienes resulten
responsables del desfalco del estado, metiéndolos a la cárcel, sean peces
pequeños o grandes, de cualquier color, pero además recuperando las cantidades
sustraídas de forma indebida para aliviar la situación del Estado,
inhabilitándolos para que no puedan hacer más daño a Veracruz.
No obstante, lo más importante, el gran
reto, es reformar de fondo nuestra legislación y nuestra estructura
administrativa, generando cambios estratégicos que empoderen al ciudadano y que
signifiquen mayor fiscalización y transparencia de los fondos del Estado. Se
trata de evitar que el abuso del erario quede impune, pero es aún más
importante evitar que se repita.
Mi compromiso es más trascendente, por eso
mi determinación para promover en Veracruz el empoderamiento de los ciudadanos
y los organismos de profesionales, así como las cámaras empresariales, de
acuerdo a su perfil de especialización, para qué se involucren y participen
directamente en la fiscalización y cuidado de los recursos públicos.
Hay personas que se preguntan ¿Cómo
hacerlo?, seguramente para ellos es un tema nuevo, y no es con argumentos
superfluos ni con objetivos electoreros; de ahí que he puesto especial atención
en este tema y conozco la medicina para este cáncer social que es la
corrupción. Basta citar mi decisión para la aprobación de la Ley aprobada
recientemente en el Senado de la República para regular el endeudamiento en los
estados y municipios del país o mi firme apoyo y promoción del Sistema
Anticorrupción que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto.
También me permito recordar a muchos que
hoy se “rasgan las vestiduras”, que como diputado local por el PRI me opuse
rotundamente a la bursatilización y al endeudamiento creciente que vivía
Veracruz hace unos años; yo me opuse, mientras que muchos “críticos” que hoy
cuestionan, entonces callaban porque así les convenía.
Estoy decidido a impulsar
acciones concretas tendientes a:
Reducir drásticamente los gastos
innecesarios de los altos mandos del gobierno, como uso automóviles, celulares
y gastos de representación con cargo al erario.
La conformación de un Consejo Ciudadano
para el Combate a la Corrupción formado por líderes que representen a los
distintos sectores de la sociedad civil, a fin de que participen en la
fiscalización de los recursos públicos;
Todo servidor público, en especial los que
manejan recursos deberán presentar su declaración patrimonial, siendo
autentificada y vigilada por la Contraloría General del Estado y por el Consejo
Ciudadano para el Combate a la Corrupción, cada año;
Convocar a las asociaciones de Contadores,
Ingenieros, Arquitectos, Médicos, Abogados, Agrónomos, Economistas, etc. y las
cámaras empresariales, para que participen con propuestas concretas y validen
quienes deben ocupar los cargos de fiscalización.
Poner en operación un 01 800 conectado
directamente con la oficina del C. Gobernador, para recibir denuncias anónimas
de casos de corrupción, ya sean detectados por ciudadano o por los propios
funcionarios en cada dependencia.
Crear la figura del Fiscal Anticorrupción,
que será electo por el Consejo Ciudadano para el Combate a la Corrupción, para
que tenga independencia y responda solo al interés de la sociedad y no de un
partido político.
No permitir que surjan de la nada
funcionarios públicos con mansiones y fortunas adquiridas repentinamente y de
forma inexplicable, a partir del inicio de su encargo público. Todos los
funcionarios harán pública su declaración patrimonial y serán sujetos de
escrutinio público permanente. Esta será una regla inexcusable para todo aquel
que quiera participar en el Gobierno de Veracruz.
Estas son algunas de las medidas concretas
que estamos diseñando para abatir la corrupción en Veracruz. Se trata en suma
de impulsar la participación de toda la sociedad en el uso y buen cuidado de
sus propios recursos. Estoy convencido de que esta es la mejor forma de
hacerlo, porque nadie cuidará mejor del presupuesto público que la propia
comunidad que lo aporta con sus impuestos.
Tenemos la fórmula y la determinación para
acabar definitivamente con la corrupción. No soy un improvisado en el tema y la
crítica constructiva siempre será bienvenida, sin embargo, la crítica insana,
esa que surge de los mismos intereses convenencieros de siempre no me interesa
ni me quita el sueño porque se bien que responde a intereses personales o de
grupo.
Toda mi vida he sido un hombre austero,
quienes me conocen saben de mi desapego a las cosas materiales. Siempre he
tenido la convicción de que un ser humano es valioso por sus ideas y sus
acciones no por lo que tiene; por eso estoy en contra de los ostentosos dentro
del servicio público, porque generan la duda en los ciudadanos de la
procedencia de sus bienes. Yo tengo las manos y la conciencia limpia y a si
seguiré, porque es el ejemplo que me dieron mis padres y ese mismo quiero legar
a mis hijos.
Abatir la corrupción no debe implicar
venganza sino justicia, y la justicia debe ser igual para todos. Se trata de
castigar a los que se les comprueben malos manejos del presupuesto público
aplicando la ley con todo su peso en todos los casos por igual. La corrupción no
es un privativa de un partido, lamentablemente, es un mal endémico en México.
En todos los partidos políticos hay gente honesta, de buena fe y responsable,
pero asimismo, en todos lados existen personas corruptas, que han abusado de su
cargo traicionando la confianza de los veracruzanos.
Por eso es mi prioridad que se castigue con
la ley pero también con la condena pública a los corruptos sin distinción de
colores y, ¿por qué no?, también premiar con el reconocimiento público a
aquellos servidores públicos honestos y responsables que aporten su dedicación
al bienestar de nuestro Estado y municipios.