* Analiza proceder contra los firmantes del
desplegado * El problema de Veracruz es psiquiátrico * ¿Quién le
imputó que era el autor intelectual del multihomicidio? * Tres veces más
costará el túnel * Bulevar Barrillas, daños * En escuela oficial,
padres pagan salario de maestros.
Mussio Cárdenas Arellano | 03 septiembre de 2015
Tribuna Libre.- No, no es
financiero, ni de seguridad, ni político. El problema de Veracruz es
psiquiátrico, atado al delirio y a la obsesión, a la venganza y a la revancha
de Javier Duarte contra los que protestan, los que disienten, periodistas y
activistas sociales, tuiteros y blogueros, a los que enfrenta con amenaza de
cárcel y represión.
Irredento, el
gobernador de Veracruz, vía su corifeo en turno, antes el bronquito Buganza,
ahora el oaxaqueño Flavino Ríos Alvarado, saca de sus entrañas su inagotable
carga de intolerancia para frenar la debacle moral y el escándalo por el crimen
del fotoperiodista Rubén Espinosa.
Masacrado y hecho
trizas, analiza denunciar a quienes le imputan la autoría intelectual del
multihomicidio de la Narvarte, la ejecución del fotógrafo de Proceso,
Cuartoscuro y AVC; del asesinato de la activista, antropóloga y productora
cultural, Nadia Vera Pérez, y de la muerte de Yesenia Quiroz Alfaro, la
colombiana Milena Virginia Martín y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete,
ultimados todos el 31 de julio en el departamento 401 de Luz Saviñón 1909, en
el Distrito Federal.
Habla por él su
secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado. Usa la treta y el recurso falaz
de implicar en sus guerras personales a la institución de gobierno. Dice
Flavino Ríos que “el gobierno de Veracruz” contempla la posibilidad de demandar
por daño moral a aquellos que señalaron a Javier Duarte de estar involucrado en
el crimen del fotoperiodista.
Su argumento es
pueril y banal, paja pura. Expresa el secretario de gobierno que “no se puede
juzgar mediáticamente”, sin que antes se presenten pruebas, se investigue, que
el Ministerio Público consigne y que sea un juez quien decida. No pueden ser
los medios los que linchen y responsabilicen.
Ya vive Flavino
Ríos en la senilidad política prematura. No es “el gobierno de Veracruz” el que
protagoniza el escándalo por el crimen de Rubén Espinosa sino Javier Duarte por
su fobia a la prensa crítica, por las madrizas que le propina su policía a los
periodistas críticos, por la represión a activistas sociales, por la exclusión
de reporteros, analistas y columnistas en medios que reciben cuotas de
publicidad oficial, por el espionaje y la amenaza, por las listas negras y la
agresión con grupos de choque.
No es el gobierno
de Veracruz el verdugo; el verdugo es Javier Duarte, el mal llamado gobernador.
No es la institución; es el individuo. ¿Estamos, don Flavino?
Dragonea, pues,
cuando afirma el gobierno de Veracruz contempla demandar por daño moral a
aquellos que implican a Javier Duarte con el crimen de Rubén Espinosa. Quiere
el gordobés que sea sufragada su demanda con recursos del erario por actos que
no son de gobierno.
Javier Duarte
también llora. No le duelen tanto los gritos de “asesino” que le lanzan en las
marchas y protestas en Plaza Lerdo o Plaza Regina Martínez, en las calles,
frente a palacio de gobierno, sino el desplegado de los 640 periodistas y 725
mil firmantes de 192 países, publicado en El Universal, bajo un contundente “No
nos callarán”.
Supo en el
amanecer del lunes 31 de agosto, justo al mes de la masacre de la Narvarte, que
la comunidad intelectual, periodística, artística, defensora de derechos
humanos, defensora de los derechos de los periodistas, lo increpaban por la
muerte de 14 comunicadores en lo que va de su sexenio; por el clima de hostigamiento,
por el ambiente hostil, por los exiliados y perseguidos, por los apaleados y
amenazados.
Le dolió un
párrafo:
“Desde
que el actual gobernador, Javier Duarte, llegó al poder en el 2010, las
amenazas, los maltratos, y los asesinos de periodistas han alcanzado cifras sin
precedentes en Veracruz: 14 han muerto de manera atroz, y tres han
desaparecido. En cada uno de los casos se ha desechado como línea de
investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas”.
Responde Javier
Duarte que el desplegado lo agravia: “Soy el
gobernador de Veracruz y represento la honorabilidad de toda una sociedad y eso
sí me agravia”.
¿Representa
la honorabilidad de toda una sociedad? Que no joda.
¿Habrá leído el
contenido del desplegado con todo detalle? Al parecer no. En el texto no le
imputan la autoría intelectual del crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa,
Nadia Vera y las tres mujeres, pero alguien le vendió el cuento.
Otro texto
titulado “Paremos los ataques a la libertad de
expresión”, plantea que Javier Duarte sea investigado “a fondo y sin demora”.
¿Le están diciendo autor intelectual? Por supuesto que no.
Demandar
por daño moral es una trastada. Pretende amedrentar y suavizar la crítica,
infundir miedo y revelar que no por nada presume su identificación con
Francisco Franco, el dictador español, igual la voz, la intransigencia, aunque
aquel pensaba.
Puede empezar por
uno de los firmantes, Salman Rushdie, el escritor inglés, perseguido por sus
Versos Satánicos que ofendieron al Islam, que desató la ira del mundo musulmán
y que originó la fatwa, la condena a muerte del ayatola Jomeini. Una fatwa de
Javier Duarte contra Rushdie tendría, cómo no, repercusión mundial.
Podría denunciar a
Carl Bernstein, el célebre reportero que junto Bob Woodward, realizaron la
investigación que llevó al escándalo Watergate, al descubrimiento de un
operativo de espionaje, el uso de fondos públicos y la caída del presidente de
Estados Unidos, Richard Nixon.
Puede llamar a los
tribunales a Noam Chomski, el intelectual de izquierda más respetado de Estados
Unidos, estudioso de la política mexicana, de la corrupción de quienes detentan
el poder, de la suplantación de la voluntad popular.
Podría Javier
Duarte demandar y llevar a los juzgados a Gael García Bernal, Diego Luna,
Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Lydia Cacho, Denise Dresser, Sergio
Aguayo, Juan Villoro, Tom Brokaw, Jon Lee Anderson, Sandra Cisneros, Margaret
Atwood y al premio Nobel John Coetze.
Y todo porque en
el desplegado exigen una investigación con integridad, efectiva y que se
castigue a los verdaderos culpables. ¿Es agraviante eso, como reclama Javier
Duarte?
Asoma de nuevo el
rostro intolerante del gobernador, la intransigencia con sus críticos, el uso
del aparato de poder para salvar el pellejo, fustigado porque nadie, ningún
gobernador en todo México, acumula tantos crímenes de periodistas como él.
Su intolerancia
fue mayúscula, descomunal, cuando llevó a la cárcel a dos usuarios de las redes
sociales, la maestra Maruchi Bravo Pagola y el profesor Gilberto Martínez Vera.
Los acusó de ser
los artífices de una noticia que convulsionó al puerto de Veracruz. Habían
retuiteado y compartido una información aparecida en un portal electrónico que
señalaba agresiones del crimen organizado contra niños en las escuelas.
Hubo caos. Hubo
pánico. Pero ni Maruchi ni Gilberto fueron el origen de aquella información. La
retuitearon como venía surcando las redes. Y no fueron los únicos.
Javier Duarte los
reprimió. Allanaron sus domicilios, se llevaron sus teléfonos, los llenaron de
lodo, los refundieron en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
Sin figura
delictiva para procesarlos, el gobernador de Veracruz inventó una nueva
legislación con el apoyo de la pandilla legislativa en el Congreso estatal. Y
ante la presión en los medios, en las organizaciones de derechos humanos, como
ahora, los tuvo que liberar.
No tiene remedio
Javier Duarte. Se dice agraviado. Sostiene que no ordenó el multihomicidio, la
masacre de la Narvarte. Se duele porque 640 periodistas y 725 mil firmas en 192
países, exijan a Enrique Peña Nieto que sea esclarecido el crimen de Rubén
Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.
Esto es el clímax.
Revela que el problema de Veracruz no es político, ni de seguridad, ni por la
violencia y el baño de sangre, ni financiero pese a su compulsión a mentir en
torno a la deuda pública. El problema es de personalidad, psicológico,
psiquiátrico, de obsesiones y odios, de frustraciones y delirios, de venganzas
y revanchas, contra periodistas y activistas sociales, contra tuiteros y
blogueros, contra todo aquel que levanta la voz, contra quienes ejercen la
protesta.
Vaya lío mental. A
quien lo increpa, lo amenaza con cárcel y represión.
Que preparen el
diván.
Archivo
muerto
No
será el doble. Será el triple de la inversión original. Refiere Tomás Ruiz que
el túnel sumergido de Coatzacoalcos duplicará su costo. Sabrá de dónde vienen
sus datos y sus cifras, pero el daño es mayor. “La obra
inicialmente costaría mil 784 millones de pesos; más tarde el presupuesto se
amplió a 2 mil 66 millones y llevan invertidos 4 mil 913 millones de pesos y no
está terminada”. La cita es de Milenio, parte de un reportaje titulado “A 10
años, sin concluir túnel sumergido de Coatzacoalcos”, difundido el 26 de julio
de 2014 en el portal del periódico. O sea, tres veces más de lo presupuestado.
Tomás Ruiz, sin embargo, sostiene que el costo sólo se duplicó. Como se le vea,
el secretario de Infraestructura y Obras Públicas da por sentado que el túnel
tiene futuro; que las demandas de los contratistas —los más de 800 millones que
reclama OPC— son asunto del concesionario y que forman parte del riesgo y las
pérdidas; que el gobierno de Veracruz no erogará un centavo más; que la obra
concluirá en agosto de 2016. Supuestamente así será. Lo insólito es que a estas
alturas del partido, al 85 por ciento de ejecución, Pemex aún no ceda los
derechos de vía para construir la rampa de acceso en el lado de Villa Allende.
Dice un insider que Pemex pide el reconocimiento,
regularización, inscripción en el catastro y validación de millones de metros
de terreno en todo el sur de Veracruz. Si no, no libera el derecho de vía...
Llegaron la lluvias y afloró la falta de calidad. Hay daños en el bulevar
Barrillas-Ciudad Olmeca, justo en el área de DIPEPSA, en el poniente de
Coatzacoalcos. Es la crónica de un fraude anunciado, una pavimentación
estratégica que no hizo la empresa que firmó el contrato, que se repartieron
entre el director de Infraestructura del ayuntamiento, Guillermo Ibarra Macías
y Juan Tomás Palma García, con saldo de pleito a muerte porque al final los
volúmenes de obra no los vio el célebre Ibarra, amigo del alcalde Joaquín
Caballero Rosiñol, socios en todo, y que por ser una operación ilegal, no puede
elevar su voz para reclamar... Dan clases y son los padres de familia quienes
sufragan sus salarios. Y así, cuando se habla de reforma educativa, cuando
Enrique Peña Nieto insiste en que es esa la madre de todas las reformas, una
escuela en Coatzacoalcos, la Veracruz, en Villas de San Martín, mantiene sus
formas arcaicas y un negocio en las sombras. Cubría las clases Luis Alberto
Pérez Farías. Al saberse que no era maestro titulado, esparcido el rumor,
decidió emigrar. Lo sustituyó Joel Roque Sánchez, quien no es maestro sino
médico, y que pese a haber dado clases y dejar bien preparado a su grupo, no
suscribió ninguna boleta de calificación. Su salario fue cubierto por los
padres de familia. Así va la escuela Veracruz, con maestros a los que deben
cubrirles el sueldo porque la Secretaría de Educación Pública no los tiene en
nómina, o porque remite los sobres de pago y alguien los escamotea. Y a todo
esto, ¿qué hace la regidora de educación en el ayuntamiento de Coatzacoalcos,
Mirna García Ávalos? Ah, sí; es la cuaderna de la directora del plantel, María
Guadalupe Pérez Farías...
twitter:
@mussiocardenas