* Cinco casos para opacar el crimen de Rubén
* “Asesino”, el grito que desquició al gober * Yunes y las otras
denuncias * Que lo investigue la procuradora * Fidel y Zhenli Ye
Gon * Mil trabajadoras de Sedesol, a la calle * Fallo contra
SCT: a pagar 94 millones * Sentencias clonadas de los Quintanilla
Mussio Cárdenas Arellano | 09
septiembre de 2015
Tribuna Libre.- 14 muertos, y periodistas todos, nadie los tiene.
Javier Duarte sí. Y de ahí que eche a andar el distractor: acusen a Yunes,
reactiven la agresión a universitarios, exoneren a las ratas de palacio,
enloden a los adultos mayores, amenacen a los que difaman. Lo que sea pero que
no se hable más de Rubén Espinosa, del exilio y el crimen, del clima de
hostilidad y el asedio, de la responsabilidad moral del gobernador. Y que nadie
lo llame “asesino”.
Es variada la Caja China de Javier Duarte. Con ella entretiene y
distrae, justo cuando toca fondo su credibilidad, cuando se le fustiga a nivel
mundial como el peor entre lo peor, cuando se le etiqueta como un represor,
perseguidor de periodistas, acosador sin freno, gobernador del bajo mundo,
alfombra del crimen organizado. Y por ello es absoluta y totalmente indigna en
sus labios la frase “Pórtense bien”.
Quien se porta mal es él. Agravia a quien sea con tal de salvar el
pelaje y salvaguardar el pellejo, mientras Veracruz es un caos en todos los
órdenes, las finanzas desechas, la corrupción a todo vapor, la impunidad en su
mayor nivel, libres por autoexculpación los miembros del gang, los traficantes
de recursos públicos que usaron para el robo de elecciones, porque para eso
sirve el contubernio con la PGR y para eso inventó al fiscal Culín, alias Luis
Ángel Bravo Contreras.
Arremete ahora contra los adultos mayores, el “oro molido” del que
hablaba Salvador Manzur, su delfín, pillado en aquel video y en aquellos audios
que evidenciaron la inagotable capacidad del priísmo para sacar votos de debajo
de las piedras, de los beneficiarios de los programas sociales, de los
necesitados. Primer distractor.
Va por ellos el titular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín. Se les
trata ahora como viejos defraudadores, que han cobrado sin derecho alguno, que
teniendo pensión o estando inscritos en otros programas federales, han venido
disponiendo de recursos de manera ilegal.
Difunde Sefiplan que no son los 40 mil ancianitos que refleja el padrón
ni los 100 mil de los que hablaban Javier Duarte y Karime Macías, su señora y
titular del DIF, en un alarde por cooptarlos, por insertarlos en el ejército de
votantes cautivos, para hacer de ellos y sus familias voto efectivo a favor del
PRI. Son, si acaso, 34 mil.
Y de esos 34 mil sólo 6 mil son legales. Los otros 28 mil son, según el
criterio desmedido de la Sefiplan, un sonoro y descarado fraude. Esos 28 mil
ancianos no tienen derecho a nada por ser pensionados, por ser beneficiarios de
programas federales, por depender de familiares con solvencia económica.
De noviembre de 2014 a la fecha el duartismo escamotea las pensiones
vitalicias, y en ese lapso, presa del disimulo, no advirtió que la afiliación
de adultos mayores estaba plagada de irregularidades. Lo sabía Sefiplan, los
antecesores del titular Gómez Pelegrín y el mismo Javier Duarte, pero
decidieron callar. Y máxime cuando venía la elección federal y sus votos eran
“oro molido”, parafraseando al mapache mayor Salvador Manzur. A eso se le llama
omisión cómplice.
Se deshace el gobierno de Javier Duarte de los adultos mayores, los
tilda de falsos, etiquetados como fraudulentos como si funcionarios de
gobierno, diputados, alcaldes, personal operativo no supieran que esos 28 mil
abuelitos eran beneficiarios de otros programas sociales o pensionados. O sea,
fue un fraude consentido o un fraude del que el gobernador es actor.
Sus bufones embisten en todos los frentes. Arman circo los diputados
priístas y las rémoras del Partido Verde en el Congreso federal, no por la
democracia, no por consolidar o corregir las reformas estructurales, no por
frenar la caída del peso, no por responderle a Trump, no por acabar con la
desigualdad social, sino porque el demonio azul anda suelto y hay que acabar
con él. Segundo distractor.
Desatados, los bufones legislativos de Javier Duarte hacen su show.
Instan a la PGR que encause legalmente a Miguel Ángel Yunes Linares porque
siendo director del ISSSTE en tiempos de Felipe Calderón, le metía millones a
sus cuentas bancarias, se construía una mansión en Alvarado, crecía su
consorcio de gasolineras y fundaba restaurantes.
Qué desfiguros provoca el miedo. Javier Duarte y su pandilla, coucheados desde
las sombras por Fidel Herrera, lanzan al mentado Alberto Silva, El Cisne, a
encabezar la embestida, como si el ex alcalde de Tuxpan no cargara con su
propio lodo y con su propia fama, como si no fuera la liga directa al
empresario Francisco Colorado Cessa, financiador confeso de la campaña de
Javier Duarte, dueño de ADT Petroservicios, preso en Estados Unidos y condenado
a 20 años de cárcel por lavar dinero de Los Zetas, vía la compra de caballos
cuarto de milla, sentencia en suspenso por una apelación, que dio inicio a un
nuevo juicio.
Que se sepa, ninguna otra fracción parlamentaria priísta ha montado
semejante espectáculo en el Congreso. Les vale Veracruz. Les valen los
veracruzanos. Los mueven las fobias y los miedos, la consigna de parar a Yunes
en su avance hacia la gubernatura.
El Cisne es único. Su talento tiene un límite: los 140 caracteres del
tuit. Así enfrentaba a Miguel Ángel Yunes Linares, polemizando como si esas
fueran las funciones del coordinador de Comunicación Social del gobierno de
Veracruz.
Hoy vuelve a lo mismo. Como la PGR no reacciona, no exculpa oficialmente
a la pandilla duartista, exhibe oficios de no acción penal por las denuncias
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos
federales. O sea, las ratas y el proceso de autoexculpación. Tercer distractor.
Al fiscal Bravo Contreras también le toca su parte del show. Suelta que
uno de los malosos acribillados en Nuevo Veracruz traía entre sus pertenencias
un teléfono celular propiedad de uno de los ocho jóvenes universitarios
agredidos la madrugada del 5 de junio, en Xalapa. Ajá.
Bendita fortuna. Pretende “Culín” sembrar la hipótesis de que a los
jóvenes universitarios los agredió el crimen organizado, no los esbirros de
Seguridad Pública, no el grupo parapolicíaco entrenado en la Academia El
Lencero, a la que alude un policía que intentó protestar en un evento cívico en
Xalapa, y que soltara que ahí, de donde emergen policías acreditables, se viola
a los elementos. Eso es tortura extrema.
“Culín” Bravo es la pura fantasía. Sólo falta que alguien le crea. ¿Qué
acaso los malosos fueron quienes integraron el reporte Balance Electoral 2015
de Seguridad Pública, donde a los activistas sociales los tildan de
“desestabilizadores”, donde aparecen los nombres de maestros universitarios, de
alumnos, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, de dirigentes de
partidos políticos?
Lo de “Culín” también es psiquiátrico. Arma los casos, los narra, une
las piezas y al final no hay quien le crea. ¿De veras imagina que alguien se
traga la hipótesis de que a los universitarios los agredió un grupo de malosos,
sabido que quienes les traían ganas eran los esbirros del “general” de cero
estrellas, Arturo Bermúdez? La obsesión suplanta a la realidad. Cuarto
distractor.
Con lo que sea, como sea y al precio que sea, Javier Duarte quiere
distraer. Lo apabulla el crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador
de Proceso, Cuartoscuro y AVC, que huía del gobernador, que era asediado por
agentes vestidos de civil, que se exilió en el DF, que fue ubicado en la ciudad
de México y que el 31 de agosto, lo ejecutaron junto con la activista Nadia
Vera y tres mujeres más. Y ahora la Procuraduría del DF enmascara el móvil con
un caso de robo de droga.
No soporta Javier Duarte que le griten “asesino”. No admite que en las
marchas griten “fuiste tú”. Amenaza, vía su embaucador en turno, Flavino Ríos
Alvarado, el nuevo secretario de Gobierno, que irá por quienes le han
enjaretado la autoría intelectual del crimen del periodista. Y llora. Quinto
distractor.
Al gobernador sólo se le puede imputar el clima de repudio y odio contra
los comunicadores, llamarles “manzanas podridas”, recetarles un “pórtense
bien”, decirles “expresión de la delincuencia” y que algunos están vinculados a
las mafias. Y después, por obra y gracia de la casualidad, los matan. Nada más.
Su responsabilidad es moral. La de algunos miembros de gobierno es real.
Su policía golpea y reprime, asesta golpes, roba material fotográfico,
intimida, amenaza y encarcela. Es la parte activa de la represión duartista.
Así usa Javier Duarte el distractor. Que acusen a Yunes, que reactiven
la agresión a universitarios, que exoneren a las ratas de palacio, que enloden
a los adultos mayores, que amenacen a los que difaman.
Se trata de distraer y que no le llamen “asesino”. Eso duele.
Archivo muerto
Le pueden llamar corrupto, acusarlo de enriquecimiento ilícito y de
tener cuentas hasta en Indonesia. Le pueden imputar eso y más. Pero dice Miguel
Ángel Yunes Linares que no por ello dejará de denunciar a Javier Duarte, de
documentar sus dichos ante la Procuraduría General de la República, de llevar a
juicio a los diputados que lo embistieron desde la sede del Congreso. Habló
ayer el diputado federal electo en XEU, la estación radiofónica de la familia
Pazos. Acusa al gobernador de Veracruz de orquestar la denuncia de los 400
Pueblos, de usar como empleados a los diputados priístas y verdes, de ser el
artífice de una escalada política. Refiere Yunes Linares que a las denuncias
que aún no desestima oficialmente la PGR, se agregan otras más,
correspondientes al ejercicio 2012, que implican a Javier Duarte y al grupo
compacto, la pandilla, los que se han robado “muchos miles de millones de
pesos”. Yunes Linares sostuvo que habló con la procuradora Arely Gómez y le
pidió que se abriera la averiguación previa y lo investigara; le ofreció no
rendir protesta como diputado federal para no escudarse en el fuero
constitucional y enfrentar cualquier pesquisa judicial. “Es una cortina de humo
de Javier Duarte”, dice el diputado panista en torno a la embestida de los
legisladores. Remata con la revelación del empresario chino Zhenli Ye Gon,
acusado de narcotráfico y exonerado en Estados Unidos, quien asegura que tenía
relación con el entonces senador y luego gobernador de Veracruz, Fidel
Herrera Beltrán. Véase Proceso... Despido masivo en la Sedesol federal de
Marcelo Montiel. Dejan la delegación en Veracruz más de mil trabajadoras
asignadas al programa Cruzada Contra el Hambre, el programa estrella del peñanietismo.
Con ello, se desmantelan 11 mil comités comunitarios. Según una de las
trabajadoras despedidas, Karla Mora Cruz, se van y les quedan a deber cinco
meses de salario. El argumento es que se termina el empleo por falta de
presupuesto... Malas nuevas para la familia Quintanilla. Falla la justicia en
contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y obliga a que en la
disputa de un predio, área afectada por el Libramiento Vial, entre la Central
Camionera y el Río Coatzacoalcos, se pague la planilla de liquidación de
sentencia por más de 90 millones de pesos a favor de Sistemas de Ingeniería,
Medición y Control, S.A. de C.V. Debe erogarlos la SCT, pero el origen del
conflicto lleva el sello Quintanilla. Es aquella historia en que los
Quintanilla usaron dos sentencias judiciales clonadas y las hicieron aparecer
como argumento para acreditar que los terrenos de la Sucesión Bringas no
existían. Los números de juicio correspondían a casos totalmente distintos —uno
de ellos por pensión alimenticia— y se pudo demostrar que personal del juzgado
se embarró en el caso. Eso es fraude y uso de documento falso. De eso se valió
Jaime Quintanilla Garza para cobrar 5 millones de pesos, que le pagó la SCT
panista, la cual se negó a recuperar esa cifra pese a que judicialmente se
demostró fueron pagados con sentencias clonadas. Años después el caso se
revierte. Ordena un juez —1 de septiembre— el pago de la planilla de
liquidación de sentencia a Sistemas de Ingeniería, Medición y Control, S.A. de
C.V. y, en consecuencia, la SCT tendrá que cobrárselos a quien le provocó el
daño patrimonial, o sea los Quintanilla, los que usaron el documento falso. Si
la SCT no lo hace, será acusada de incumplimiento de un deber legal. El cheque
ya existe y los fondos eran para obras en el estado de Baja California, ahora
canceladas y que servirán para pagar la liquidación...
twitter: @mussiocardenas
