*El diputado Juan Eduardo Robles Castellanos afirmó
que se deben castigar con cárcel, pues generan daños ambientales que en
ocasiones son irreversibles.
Xalapa, Ver. | 07 septiembre de 2015
Tribuna Libre.- En Veracruz, la
gran mayoría de los incendios forestales son provocados y se deben incluir en
el Código Penal del Estado como un delito grave, que se castigue con cárcel,
pues generan daños ambientales que en ocasiones son irreversibles, manifestó el
diputado local Juan Eduardo Robles Castellanos.
De acuerdo con el
Legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quemar el monte para
obtener tierras de cultivo no es una justificación válida, pues muchas veces el
fuego se sale de control, daña la flora y la fauna y pone en riesgo la vida de
seres humanos.
Anunció que en
breve presentará una Iniciativa de Reforma en la materia: “Vamos también por
los predios y superficies forestales. Estamos analizando las penas que podrían
aplicarse, pero es evidente que deben ser muy severas, porque las sanciones
administrativas sirven de poco. La gente actúa cuando, además de pegarle a su
bolsillo, se aplica un castigo penal”.
Juan Eduardo
Robles consideró que las campañas de reforestación puestas en marcha por el
estado y la federación han servido mucho, pero es necesario reconocer que la
deforestación o pérdida de zonas boscosas es grave: “Hay que tomar medidas más
estrictas, y por ello es necesario reformar el Código Penal de Veracruz y la
Ley Protección Ambiental”.
Recordó que en
este momento se analiza en comisiones otro proyecto legislativo de su autoría,
que de aprobarse sancionaría la quema a cielo abierto de neumáticos, plásticos
o cualquier otro material contaminante de desecho, con prisión de uno a seis
años y multas de 300 a 500 días de salario mínimo.
La quema de
llantas se realiza para generar calor en la fabricación de ladrillos o en la
extracción de cobre –continuó–, y el humo resultante genera daños a la salud
pública y a los ecosistemas de la entidad: “La idea es poner freno a las
personas físicas y morales que persisten en la comisión de delitos
ambientales”.