*Analistas y observadores dicen que la “verdad
histórica” mostró incapacidad o falta de voluntad del Estado mexicano para
impartir justicia.
México, D.F. | 26 septiembre de 2015
Tribuna Libre.- El servidor
público de mayor jerarquía inculpado por la violencia que derivó en la
desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa es José Luis
Abarca, el Alcalde de Iguala depuesto y hoy preso acusado por delincuencia
organizada, homicidio y secuestro. Pero el informe del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), en más de una ocasión, menciona que durante
las casi tres horas que duraron los ataques –en nueve puntos diferentes–,
representantes de los tres niveles de Gobierno tuvieron información sobre los
hechos.
Una de las
principales fuentes, de acuerdo con el documento titulado “Investigación y
primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas en
Ayotzinapa”, fue el Centro de Control de la Policía Estatal, o C-4, lugar que
describe como “una estructura de coordinación y comunicación en la que están
presentes representantes de la Policía Estatal, la Policía Federal, la Policía
Municipal y el Ejército” y que, esa noche, dice el reporte, estuvo operando,
recibiendo reportes y, en gran medida, llamadas que pedían “ayuda” para la
población.
Desde las 17:59
horas de ese día, dice el documento, el C-4 de Chilpancingo reportó vía
telefónica a la Policía Estatal con sede en Iguala sobre la salida hacia esa
ciudad de dos autobuses Estrella de Oro con estudiantes normalistas, los cuales
realizarían actividades de boteo y de toma de camiones previas a la marcha del
2 de Octubre a la Ciudad de México; actividades, dice el reporte, que fueron
también monitoreadas por el C-4 de Iguala.
“Los normalistas
que llegaron a la Central fueron también monitoreados por estas instituciones a
través del C-4. Además, miembros del Ejército en sus declaraciones ante la PGR
señalan la vigilancia y la información que tenían sobre ellos. Tanto el
teniente JG, como el comandante JRP señalaron la fluida comunicación
establecida mediante el C-4, en la que se iban monitoreando los movimientos de los
normalistas”, dice el documento.
“Por ejemplo,
según el teniente JG, aproximadamente a las 21:00 horas el responsable del C-4
por parte de los militares, el sargento C, informó que los normalistas habían
ido a la Central de Iguala, tomado autobuses y lanzado piedras, información
proporcionada también al comandante del Batallón 27 y a la Zona militar 35. El
comandante Rodríguez también declaró que estaba al tanto del robo de autobuses
en la Central y del destrozo en un autobús. A través de ese sistema, el resto
de las fuerzas policiales señaladas estaban al tanto de esos movimientos”,
agrega.
El grupo de
expertos acreditó no sólo el monitoreo de las actividades de los estudiantes
por parte de las diferentes fuerzas armadas de los tres niveles de Gobierno,
sino también la presencia de éstas, al menos “observando”, en escenas de
ataques que terminaron con la desaparición de los estudiantes.
“Además de la
policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en
las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron
detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del Ejército,
de la Policía Federal y Ministerial en distintos momentos. Tras la detención de
los normalistas una patrulla del Ejército visitó la comisaría de barandilla
donde aparentemente habría sido llevado un grupo de normalistas detenidos, y
posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se
habían refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos
graves”, dice el apartado titulado Presencia de agentes de diferentes fuerzas
de seguridad o Ejército que observan los ataques.
“Diferentes
testigos señalan la presencia de Policía Federal en el escenario del Palacio de
Justicia en dos momentos diferentes y también de Policía Ministerial según los
normalistas, otros testigos y policías municipales; de Policía Ministerial en
el escenario de Juan N. Álvarez, según algunos policías ministeriales; y
agentes de Inteligencia del Ejército en el escenario de calle Galeana (salida a
Juan N. Álvarez) y del Palacio de Justicia, según reportes y declaraciones de
miembros del Ejército; de Policía Ministerial en el escenario de persecución a
normalistas en la Colonia Pajaritos, según el testimonio de dichos sobrevivientes”,
agrega el mismo apartado.
En el subtítulo
“Tiempo en que se desarrolló la acción”, el GIEI destaca la “coordinación”
entre los perpetradores que permitió sumar al menos dos cuerpos policiales de
dos ciudades distintas (Cocula e Iguala) en diferentes lugares: “Tuvo cerca de
una hora de duración en cada lugar y se llevó a cabo de forma coordinada y
simultánea, a veces incluso con la participación en los dos lugares de los
mismos agresores, una parte de los cuales se dirigieron a reforzar el escenario
del autobús, detenido frente al Palacio de Justicia. Testigos señalan la
presencia de Policía Estatal y /o Ministerial en ambos escenarios, y una
Patrulla Ministerial en la persecución posterior en la colonia Pajaritos y
colonia 24 de febrero de un grupo de sobrevivientes”.
El documento
también plantea que los integrantes del 27 Batallón de la Secretaría de la
Defensa Nacional tuvieron conocimiento de que los jóvenes normalistas fueron
detenidos por la Policía Municipal de Iguala y, también, que no estaban en la
comandancia.
“¿Qué hicieron con
esta información? ¿Qué acciones urgentes tomaron? ¿Informaron en ese momento a
las más altas autoridades del Estado? ¿Qué instrucciones recibieron? En caso
contrario, ¿Por qué no informaron? ¿Por qué manejaron información restringida
en el C4 esa noche? –cuestiona el reporte–. Estas eran parte de las preguntas
que el GIEI deseaba hacer a los miembros del 27 Batallón y son parte de las
indagaciones que hasta la fecha no ha realizado la PGR”.
¿FUE EL ESTADO?
La aparición de
elementos policiacos municipales como perpetradores directos en la masacre de
estudiantes normalistas de Guerrero evidenció, una vez más, la participación de
diferentes fuerzas del Estado mexicano en la comisión de hechos criminales. Una
consigna acusando al sistema de instituciones de aplicación de la ley apareció
en octubre de 2014 en el Zócalo, durante una manifestación a un mes del crimen:
“Fue el Estado”.
Un año después, el
GIEI documentó no sólo el monitoreo y la presencia de agentes armados de los
otros dos niveles de Gobierno en diferentes puntos que terminaron con la
desaparición de los normalistas, sino también, y como ha sido ampliamente
difundido en los medios, la desviación de la investigación de la Procuraduría
General de la República. Una de las principales deficiencias de esta
indagatoria, de acuerdo con los expertos internacionales, es la afirmación de
que los 43 víctimas fueron incinerados masivamente en un basurero de Cocula por
un grupo del crimen organizado.
“Si la consigna y
la afirmación de que fue el Estado se refiere concretamente a los asesinatos, a
los atentados con armas de fuego, las persecuciones y la desaparición forzada
de 43 personas, entonces lo que esa afirmación exige es justamente una revisión
detallada de todos esos niveles de complicidad, porque la versión oficial es
justamente que ‘fue el narcotráfico, el crimen organizado’, pero los hechos no
apoyan esa tesis, salvo que el Estado sea el principal grupo de crimen
organizado y narcotráfico”, dice el periodista John Gibler, cuya investigación
en Iguala encontró, antes que el GIEI, la existencia de un quinto camión con
estudiantes que fue borrado de la investigación de la PGR.
“Pero, otra vez,
no hablamos de una cosa espontánea, o posiblemente resultado de una confusión
de identidad, porque hay demasiada complejidad y coordinación en el operativo
de los hechos; es decir, nueve diferentes escenarios, muchas horas, diferentes
corporaciones de policía, tienen que platicar entre ellos en persona, por
radio, por teléfonos porque hay ataques simultáneos en diferentes partes de la
ciudad y fuera de la ciudad. O sea el grupo armado que disparó contra Los
Avispones estaba en posiciones de tiro esperando un camión a 15 kilómetros de
la ciudad; (quiere decir que) tenían órdenes. Yo entrevisté a uno de los
sobrevivientes que me dijo que escuchó textual, después de muchas ráfagas,
decir uno a otro, afuera del camión ‘ya la cagamos comandante, son
futbolistas’. Eso, ¿qué implica? Que había una orden de atacar a normalistas,
pero cuando se dan cuenta de que era un equipo de futbol hasta ellos mismos
dijeron ‘la cagamos”, agrega el autor, cuya investigación es un nuevo libro que
recoge los testimonios de los sobrevivientes, testigos, estudiantes y familias
de los 43 desaparecidos. (SinEmbargo).
