Aquiles Córdova Morán | 29
octubre de 2015
Tribuna Libre.- En vista de las profundas e innegables
modificaciones que la conciencia nacional ha experimentado, o, cuando menos,
exhibido rotundamente en el último año, son necesarios drásticos cambios en el
quehacer político y no solamente, como afirman muchos, en el partido oficial.
Por lo pronto, resulta más que evidente que dichos cambios son también
necesarios en quienes ejercen directamente el poder, desde las distintas
dependencias del aparato administrativo, si realmente quieren coadyuvar, y no
estorbar, en las tareas de la modernización política. Tales cambios tienen que
comenzar, a mi parecer, por la concepción misma que los funcionarios han tenido
hasta hoy del ejercicio del poder.
Abordemos un aspecto concreto de la cuestión.
La Constitución General de la República consagra, en su artículo noveno, el
derecho a la reunión y manifestación pública de los ciudadanos para formular
una petición o protestar contra un acto de autoridad, con la condición de que
no se profieran injurias contra ésta ni se haga uso de violencia o amenazas
para intimidarla. De la existencia misma de este derecho, se colige que el
constituyente sí aceptó como legítima la presión que los ciudadanos pueden
ejercer, a través de su número y de la razón que les asiste, manifestada
públicamente, para lograr que una autoridad determinada los escuche y resuelva
en su favor, cuando esté de su parte el derecho y la racionalidad. Dicho de
otra manera, la Constitución no condena todo tipo de presión, sino solamente
aquélla que se ejerce a través de la violencia y la amenaza.
No es ningún secreto, en cambio, que muchos
funcionarios públicos tienen y practican una idea distinta de la cuestión. Su
concepción autoritaria del ejercicio del poder les hace ver en toda
manifestación pública, así sea la más timorata y respetuosa, un verdadero
desafío no sólo a su propia autoridad, sino, incluso, a la autoridad completa
del Gobierno. Para este tipo de funcionarios, recibir una comisión de
ciudadanos que encabecen una manifestación, escuchar sus quejas y peticiones,
pero, sobre todo, resolver favorablemente sus demandas, es no sólo una
humillación que les causa urticaria por varios días, sino una verdadera
claudicación "ante las presiones" que pone en riesgo, a su juicio, la
estabilidad misma del sistema.
Esta concepción de la relación entre el poder
y el derecho ciudadano de manifestación y petición no solamente es claramente
nugatoria de estos mismos derechos, los convierte, incluso, en graves delitos
en contra de la paz pública, el respeto a la autoridad y la estabilidad del
sistema, convirtiéndolos así, en una espada de Damocles que pende amenazadora
sobre la cabeza de quienes se atreven a ejercer los derechos de manifestación y
petición.
Es precisamente, como todo mundo sabe, de
esta concepción autoritaria del ejercicio del poder y de las garantías
individuales, de donde ha brotado la frase favorita de funcionarios prepotentes
y antidemocráticos, con la que justifican aún sus más absurdas negativas a
atender las peticiones ciudadanas: "El gobierno no negocia bajo
presiones".
Pues bien, si es verdad que el gobierno, que
sus funcionarios, a la luz de los cambios políticos ocurridos en los últimos
tiempos, reconoce que es necesario abrir las puertas a una mayor participación
ciudadana en la vida política y social del país, que el ciudadano común y
corriente, sólo u organizado, no solamente puede, sino aún debe, tomar parte en
las decisiones que afectan su vida y la de su comunidad, que la democracia, en
fin, no puede consistir más que en una mayor participación y actividad autónoma
de las grandes masas populares, ha llegado el momento preciso en que los
funcionarios, desde el más encumbrado hasta el más humilde, dejen de considerar
las manifestaciones públicas de los ciudadanos inconformes como actos
subversivos y comiencen a verlos como una saludable sintomatología (las
protestas de los ciudadanos son el cuerpo social, lo que la fiebre al organismo
humano) que les permitirán, de ahora en adelante, detectar los males y ponerles
el remedio oportuno y efectivo que éstos requieren.
Si estamos realmente dispuestos a entrar en
una era de auténtica y profunda democratización de la vida nacional, en todos
sus ámbitos y niveles, es necesario y urgente abandonar la concepción autoritaria
del poder y sustituirla por una concepción democrática y participativa del
mismo, que no excluya sino aliente y atraiga la acción creativa y consciente de
los ciudadanos y sus organizaciones de cualquier índole.
El funcionario público debe saber y aceptar,
a partir de ahora, que la "presión" que ejercen los ciudadanos
mediante la reunión y manifestación pública, no es ilegítima ni mucho menos un
delito que deba ser sancionado, sino, justamente, uno de los pocos recursos
reales, efectivos, que la ley les concede para luchar contra la distorsión del
derecho, contra la injusticia, la prepotencia, la corrupción y la lenidad
culposa de los funcionarios y para participar activamente, a su modo, en la
cosa pública.
La desviación, la corrupción y el herrumbramiento
de una maquinaria gubernamental es, casi siempre, consecuencia de la falta de
iniciativa y libertad ciudadana para protestar, criticar y exigir en contra de
las fallas de dicha maquinaria. La protesta y la manifestación públicas,
(siempre y cuando, claro, se sujeten a lo dispuesto por la ley), entonces,
vistas desde este ángulo de la cuestión, no solamente no pueden ser calificadas
como subversivas o enemigas de la estabilidad de un gobierno, sino que deben
ser impulsadas y alentadas como el mejor antídoto en contra de la corrosión del
poder establecido.
Los funcionarios mexicanos, pues, entre otros
muchos ajustes que deben hacer a sus concepciones y conducta pública, deben
aprender a negociar y resolver "bajo presión", siempre y cuando los
solicitantes cumplan con los requisitos de la legalidad y racionalidad
necesarias, tanto más cuanto que el mismo PRI, está anunciando (¿lo cumplirá?)
que está dispuesto a ponerse a la cabeza de las demandas populares para
recuperar la credibilidad perdida. Pero no
nos engañemos si el PRI no lo hace,
otros tomarán su lugar. Conque…