*Durante su segunda etapa en la investigación del
caso Iguala, el GIEI trabajará más intensamente que en los primeros seis meses.
Los expertos internacionales aseguran que este tiempo será suficiente para
saber qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre
de 2014.
México, D.F. | 08 diciembre de 2015
Tribuna Libre.- Los expertos del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), tienen como meta principal
durante el segundo periodo de seis meses de su mandato en el caso Ayotzinapa,
dar con el paradero de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos,
desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27
de septiembre de 2014.
Los cinco especialistas
se quedarán por seis meses más en México, tiempo que debe ser “necesariamente
suficiente” para encontrar a los estudiantes.
“Hemos tomado la
decisión de que es necesariamente suficiente; es decir nosotros hemos hablado
de que en esta segunda etapa, trabajaremos más intensamente que los primeros
seis meses para intentar dar con el paradero de los muchachos. Esa es nuestra
es decisión y pretensión”, dijo Ángela María Buitrago.
La experta aseguró
que seis meses no son suficientes para investigar un delito de desaparición,
pero que en el caso de los 43, los cinco expertos harán lo necesario para dar
los “mayores elementos posibles como coadyuvantes de la PGR [Procuraduría
General de la República] para que se logre el objetivo final que es el hallazgo
de dónde están los 43 normalistas”, expuso.
A la fecha hay
nuevos hallazgos y evidencia que se encuentra en análisis. Hay nuevos lugares
en donde, a solicitud del GIEI, acudirán las autoridades a realizar búsquedas.
“El Grupo ha
señalado a la nueva unidad la importancia de que no se fragmente la
investigación de escenarios de búsqueda conexos y que deben estar acumulados en
el caso. Además, ha pedido que se procese una evidencia recogida que aún no ha
sido analizada y que se acumule a la investigación 01/2015 con participación de
peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al
igual que en otros escenarios”, agregó.
Los expertos
siguen estudiando el tema del quinto autobús. Actualmente se encuentran
cotejando que el vehículo presentado por la PGR, sea el mismo que salió de la
central de autobuses con estudiantes a bordo la noche del 26 de septiembre.
Debido a las
“fuertes contradicciones en la información existente”, el grupo solicitó que se
revisen las reconstrucciones realizadas posteriormente sobre el autobús, como
si éste estuviera plenamente identificado, y que deben ser reconsideradas a la
luz de la evidencia.
Ángela Buitrago
también informó que el GIEI solicitó a la PGR indagar si existe la posibilidad
de obstrucción y destrucción de evidencia en la indagatoria abierta por los 43
normalistas desaparecidos.
Aún buscan dos
videos desaparecidos en la escena: uno de las cámaras colocadas en el Palacio
de Justicia y otro que fue tomado por un miembro del 27 Batallón destacado en
Iguala, Guerrero.
Sobre ambos videos
hay evidencia de que existieron y también versiones que indican que es
evidencia que se perdió en el camino o que alguien mantiene oculta.
NO HUBO INCENDIO EN EL BASURERO DE COCULA
El GIEI reveló que
de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a
solicitud de la PGR, no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de
septiembre de 2014 .
La evidencia fue
otorgada por una institución meteorológica, la cual reservaron su nombre, por
tratarse de información delicada en el expediente, a solicitud de la misma
Procuraduría.
Ángela Buitrago
reveló que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este
año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 llovió en la zona
con una precipitación de 21.8 milímetros.
“El hecho de que
no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los
presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron
tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, dijo Carlos
Beristain, otro de los expertos, sobre los más de 100 detenidos por la PGR en
torno a la “verdad histórica”.
Los expertos
informaron que le indicaron a la PGR que no es necesario realizar un segundo
peritaje en el basurero de Cocula, porque éste no existió.
En cuanto a la
nueva evidencia científica de lo ocurrido en el basurero, los expertos de la
CIDH dijeron que a raíz de la petición de la PGR de realizar un nuevo peritaje
en el basurero de Cocula, se tomó el acuerdo conjunto de establecer las
características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo
dictamen.
En la actualidad,
la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la
metodología y de los tiempos de trabajo. “Se están traduciendo al inglés los
insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de José Torero –el
experto peruano en fuegos– y de los peritajes de la PGR, y una síntesis de las
declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio
a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.
El Grupo de
Expertos planteó que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en
declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la
PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho
basurero”, por lo que pidió no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que
los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.
En septiembre, el
perito independiente José Torero Cullen indicó a través de un peritaje de la
dinámica del fuego en el basurero de Cocula y concluyó que no existe evidencia
científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR.
En entrevista con
SinEmbargo, el perito dijo que la PGR ponía en duda el peritaje independiente
que él realizó por petición de los expertos del GIEI y volcaba la atención
sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar de investigar asuntos como
el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.
“Esta
investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí
es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en
función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho
es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate
enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el
basurero de Cocula”, dijo.
El perito
prosiguió: “Si una analiza lo que está pasando, básicamente no estamos
eliminando esa posibilidad [la quema de los 43 estudiantes en el basurero],
sino que nos estamos enfocando nuevamente en ella”.
Torero fue
contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la
“verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron
quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.
El experto
encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de
hasta tres a cinco años atrás.
La versión de la
PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente
imposibles.
“Si uno agarra los
testimonios de los inculpados, ellos dicen que había un incendio de una
magnitud enorme, podríamos olvidarnos de los cadáveres, la incineración del
cuerpo y nada, simplemente agarremos el testimonio de los inculpados que dicen
que había un incendio de dimensiones de 15 metros por cuatro metros: con un
incendio así toda la vegetación y la basura del basurero debió ser involucrado.
Eso no se puede esconder, no hay manera de esconder que la hipótesis que se
basa en testimonios es incorrecta. No hay evidencia material”, dijo.
DE NUEVO MILITARES INACCESIBLES
Ayer, el GIEI
enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de declaración de
los militares del 27 Batallón, en Iguala. Luego de una revisión de los últimos
tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y
el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera
informado.
Destacaron la
necesidad de que se amplíen las declaraciones, pues lo que hay en el expediente
no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares
poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares
estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la
noche de la desaparición.
El GIEI recordó
que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones muy relevantes de
numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 sobre aspectos específicos de
los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la
contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de
miembros del ejército, tal como alertó el GIEI.
“Los días 26 de
agosto y 11 de septiembre pasados, 11 militares se presentaron a dar su
declaración o a ampliar la misma ante la PGR, sin que esto se informara al
GIEI. Estos 11 militares están en la lista de 27 proporcionada por el Grupo a
las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar.
El Grupo ya analizó sus declaraciones, sin embargo, debido a la forma cómo se
toman las declaraciones, no se sabe qué preguntó el Ministerio Público en tales
entrevistas. Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos clave
pendientes de profundizar, pues no se responden ni se evalúan”, denunciaron.
Los expertos
pidieron volver a entrevistar a todos los militares, para desahogar las
preguntas contenidas en un documento realizado por el GIEI. Sin embargo, el
Grupo señaló que si no está presente en dichas entrevistas, no podrá evaluar la
calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni
profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de
hechos tan graves. La ampliación o toma declaraciones de agosto es una muestra
de ello.
El Grupo también
pidió agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia
hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se
encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.
Los expertos
ofrecieron la rueda de prensa en el marco de su segundo mandato de seis meses
sobre el caso, que expira en abril de 2016, luego de que la CIDH y el gobierno
sellará una segunda etapa de trabajo sobre la base de 10 compromisos, entre
ellos el cambio de la oficina que lleva la investigación del caso. (SinEmbargo)