José Miguel Cobián | 04
febrero de 2016
Tribuna Libre.- México es el país del absurdo.
Cada vez que intento salir del acostumbrado modo de pensar que tengo
como mexicano acabo apenado por lo ridículo que debemos parecer a ojos del
mundo. Una y otra vez demostramos que
la cultura del absurdo y el ridículo es la norma en nuestro país.
Presumimos ser un país de leyes y sin embargo toleramos hasta la
ignominia el abusivo saqueo y las extrañas relaciones de nuestros
políticos. Sabemos que Moreira tiene la
cola sucia, nos emocionamos cuando sabemos que es detenido en España y luego
nos lamentamos ante el hecho de que haya demostrado la procedencia lícita de
los recursos depositados allá.
El PAN, el partido de la gente decente, ha dado muestras una y otra
vez de estar relacionado con el narcotráfico.
La narco-diputada de Sinaloa es un ejemplo, pero no es el único,
recordemos al Sr. Larrazabal que se hizo rico vendiendo quesos en los casinos
controlados por narcos en Nuevo León. Su hermano fue alcalde por acción
nacional, y gracias a ser operador político de Cordero llegó a ser diputado
federal.
En el PRD las relaciones malosas también han salido a la luz, y en el
caso del PRI aunque no se han demostrado, ni siquiera en los dos sexenios
azules de Calderón y Fox, podemos suponer con cierto grado de certeza que
también se dan.
Sin embargo, a ojos del mundo debe resultar ridículo que la bandera
anticorrupción sea utilizada como lema político por Acción Nacional, sobre todo
después de haber resultado el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés todo un
pájaro de cuenta.
Y que decir del asunto que hoy se propone en los elevados círculos
políticos (apenas por encima del lodacero que es la política nacional), donde
se discute que los candidatos a un puesto de elección popular tengan un
certificado expedido por la PGR acerca de su no relación con el crimen
organizado. Esto es verdaderamente
llegar al extremo del absurdo.
Cuando comento con amigos europeos que en México está de moda
certificar a los policías, la cara de asombro es inmediata. Porque en realidad no es necesario certificar
a los policías. Si acaso, realizar
pruebas de confianza no sólo al integrarlos a las fuerzas de seguridad, sino de
manera periódica, pero nada más.
La razón es muy clara. En esos países dónde la ley reina (lo digo
considerando que México está muy lejos de ello) no es necesario certificar a
nadie. Cada quien resulta responsable de sus propios actos, y si comete delitos
resulta castigado. En México no. Por ello, porque no queremos aplicar las leyes,
buscamos darle vuelta a todos los asuntos, evitando cuidadosamente la
aplicación de las reglas sociales, y fomentando con ello la corrupción y la
impunidad.
Imagine usted por un momento, que cualquier policía que tenga relación
con criminales, o que actúe de manera deshonesta, sea castigado de inmediato y
se le aplique todo el peso de la ley.
En este ejercicio imaginario, piense por un momento, la posibilidad de
que cada servidor público que desvíe recursos, o que realice contratos que lo beneficien
a él o a sus allegados, en lugar de beneficiar a la ciudadanía, sea castigado
con penas pecuniarias y de privación de libertad.
Continuando en este México imaginario, analice usted cuál sería la
conducta de los particulares, si se aplicara la ley de manera estricta con
ellos, y cualquiera que robara (sea pobre o rico, con influencias o sin ellas),
quien se aproveche de sus relaciones con el sector público y realice obras de
mala calidad o con sobre precio, o venda productos de mala calidad (o buena)
con sobre precio, o venda servicios por arriba de su valor de mercado o no
realizados los cobre, quien defraude la confianza de sus clientes o
proveedores, quien deje de pagar una deuda, etc., cualquier particular que
viole una ley sea castigado sin excusa ni pretexto por jueces honestos, y por
ministerios públicos que cumplan su función, sabiendo ambos que si tuercen la
ley, la ley los tuerce a ellos.
En nuestro imaginario México, las cosas funcionarían en general para
beneficio de todos. Costaría mucho
trabajo cambiar la cultura de corrupción (Peña tiene razón aunque nos duela),
pero una vez superada la etapa inicial, la vida sería mucho más ordenada, y de
inmediato se vería una mejoría en el nivel de vida de la mayoría de los
mexicanos, ya que los recursos que genera el país se usan adecuadamente en
beneficio de todos.
Ese mundo que en México ni siquiera nos atrevemos a imaginar, en otros
países existe. Quizá no a la perfección, pero sí con un avance significativo en
la aplicación de las leyes. Y con ello
una enorme mejoría para sus ciudadanos.
Véase algunos países nórdicos como Suecia o Dinamarca. Véase a los países avanzados de Europa como
Francia, Inglaterra y Alemania, o ejemplos asiáticos como Singapur, Taiwan,
Corea del Sur y Japón.
Sí es posible, aún para un país como México, siempre que los mexicanos
tomemos la decisión de combatir la corrupción e impunidad. Así de sencillo. La impunidad es la causa, el origen de muchos
de nuestros males. Impunidad significa
cometer un delito (de cualquier tipo), y que nada suceda, es decir, que el
delito no sea castigado. Y si hay
impunidad la corrupción surge y reina por los siglos de los siglos, a favor del
mas fuerte, del mejor relacionado, del más poderoso, y en perjuicio del débil,
que como siempre es una mayoría.
Mientras no se combata la impunidad en el país. Mientras se tolere que
la corrupción reine sin mayores consecuencias. México seguirá siendo un país
ridículo y absurdo a los ojos del concierto de naciones. Nuestra eterna república bananera.
