*La diputada Gladys Merlín
Castro advirtió que esta práctica no se erradicará sólo con sanciones, sino con
educación y concientización.
*Llama a DIF municipales y al Sistema estatal de
protección de niños, niñas y adolescentes a reforzar acciones en este rubro.
Xalapa, Ver. | 12 marzo de 2016
Tribuna Libre.- El intercambio de
niñas -en comunidades indígenas de Veracruz- por mercancías o para el
matrimonio es una práctica que no se erradicará sólo con sanciones, sino con
educación y concientización, expresó la diputada Gladys Merlín Castro, quien
dijo que la Comisión de Igualdad de Género coadyuva en acciones coordinadas con
autoridades educativas y municipales para sensibilizar a los padres sobre esta
conducta que viola los derechos humanos de sus menores hijas y además
constituye un delito.
En regiones
indígenas, rurales y, a veces, un poco disfrazado en zonas urbanas de la
entidad, existe todavía el intercambio de niñas y adolescentes para ofrecerlas
en matrimonio a cambio de dinero, terrenos, vacas, guajolotes u otro tipo de
mercancías, lamentó la legisladora, vocal de esta comisión legislativa.
Explicó que si
bien el Congreso de Veracruz ha legislado sobre la protección de menores y ha
creado organismos para ello, las autoridades no pueden entrar de lleno a zonas
indígenas a contrarrestar este mal social con medidas sancionadoras, pues deben
tomar en cuenta que en estas comunidades la gente habla su lengua materna y se
rige por sus usos y costumbres.
Son conductas que
existen –comentó Gladys Merlín- en pleno siglo XXI en algunos municipios
serranos de la región sur, como Mecayapan, Tatahuicapan, Pajapan y Zaragoza,
entre otros.
Por ello llamó a
instancias como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) y al nuevo Sistema Estatal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a
reforzar el trabajo que realizan, pero sugirió primero a investigar la
incidencia de casos en dichas comunidades para posteriormente -a través de
campañas de sensibilización- explicarles a los padres y madres de familia la
magnitud de esta práctica.
En estas campañas
–subrayó la también presidenta de la Comisión de Salud- debe instruirse a los
padres la gravedad de obligar a sus hijas menores a casarse con hombres mayores
porque no están desarrolladas fisiológicamente y, psicológicamente, no están
encuentran preparadas para el matrimonio ni mucho menos para un embarazo a
corta edad porque corren el riesgo de mortalidad, tanto la madre como el
producto.
La legisladora
destacó que hay países como Canadá que han desarrollado políticas y proyectos
en esa materia y en breve estará en la ciudad de México con la consejera de
Asuntos Políticos de la Embajada canadiense en México, Christina Préfontaine,
quien en días pasados estuvo en esta capital para ofrecer apoyo económico a
organismos que trabajan en la defensa de los derechos humanos de mujeres y
niñas.
Sobre el tema, la
directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos
Humanos del Congreso del Estado, Martha Mendoza Parissi comentó que la
Convención Internacional de los Derechos de las Niños y las Niñas,
establece que no debe darse el matrimonio forzado y uno de los objetivos para
este 2016 es que ésta práctica no siga realizándose.