* Los Yunes Landa y la réplica * IPAX, sin
facultades para otorgar permisos de portación de armas * Priistas en la
nómina * Notario y la esposa de Zaleta * Cacería de brujas del
comisionado * Denuncia en puerta * Sefiplan se rebela * Los
coyotes y el predio en disputa * Tony Macías y los Ramón * De Home
Depot al malecón, otro predio igual * Hasta la Suprema Corte se embarró
Mussio Cárdenas Arellano | 17
marzo de 2016
Tribuna Libre.- Iracundo, el
comisionado ya no ve quién se la paga. Su feudo, el IPAX, al desnudo, no sólo
simuló que los hermanos Yunes Landa y el sobrino Chuchín eran policías. Los
disfrazó, les abrió la puerta a la portación de armas, violó la Ley Federal de
Armas de Fuego. Y hay más lodo y él lo sabe.
Sabe que anidan
ahí, en las fichas de control, notarios, empresarios, cuates a sueldo y hasta
la mujer de un operador hectoryunista. Todos quieren armas, todos quieren
permisos, todos quieren licencia de impunidad, todos quieren unos miles de
pesos al mes. Grave.
Valentón, Fernando
González Ortiz se sabe vulnerable, burlado, pues no es líder policíaco, cabeza
de corporación, quien incurre en fechorías y queda al descubierto, exhibido
como ocurrió con la familia de Héctor Yunes Landa, candidato del PRI a
microgobernador de Veracruz.
Se filtró un
documento revelador, y luego otro y otro más. Y siguen llegando. Condensa uno
de ellos la ficha de César Yunes Landa y su hermano Rafael, sus datos generales
y los detalles con que se les dio de alta en el IPAX, en marzo de 2015, y un
mes después causaron baja… supuestamente.
Era en realidad la
treta para que pudieran portar armas, disfrazándolos de policías, atropellando
la ley, engañando a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mismo, a
la Secretaría de Gobernación, pues la norma en Veracruz es que los priistas y
los allegados a los priistas pueden caminar seguros, con un revólver o una
pistola, con rifle o lo que sea, pues para eso es el poder.
Destapado el caso,
en este espacio, los hermanos del candidato del PRI en su calidad de policías,
en este espacio, uno de ellos dirigió una réplica que plantea su postura, sus
razones, su verdad. Estampó en INFORME ROJO sus argumentos:
“Leí con atención
tu columna en donde haces referencia a mi persona y a mi familia. Al respecto
te comento:
“1.- El Derecho a
portar armas está establecido en el marco legal vigente.
“2.- La Ley
establece criterios precisos que debe cumplir un ciudadano para obtener el
permiso correspondiente.
“3.- Tanto mi
padre, como mi hermano y yo cumplimos con esos requisitos. Mi hermano,
candidato a la gubernatura, no tuvo relación con nuestra gestión.
“4.- No somos,
como establece en su nota, aviadores. No lo hemos sido, no lo somos y no lo
seremos nunca.
“5.- Como es del
dominio público, no tenemos necesidad de cobrar en ninguna institución pública.
Somos empresarios.
“6.- Gozamos de
los permisos de portación de armas desde hace más de 25 años.
“7.- Solicitamos a
la Institución la renovación de los permisos, determinando sus autoridades el
procedimiento que se siguió, incluyendo la toma de fotografías.
“Le agradezco su
generosa disposición de atender nuestra petición de aclarar este tema.
“De verdad, muchas
gracias.
“Atentamente
“César Yunes
Landa”.
Abogados
interiorizados en el tema, esgrimen que el razonamiento es endeble e ilegal. No
es facultad del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial
(IPAX) otorgar ni renovar permisos de portación de armas. Incurre en usurpación
de funciones.
No se puede
otorgar permiso para portar armas a particulares, sólo a elementos operativos
de corporaciones policíacas y organismos de seguridad, así como a integrantes
acreditados de empresas de seguridad privada.
No niega la
réplica la autenticidad del contenido de los documentos difundidos porINFORME
ROJO, ni se trata de fichas de control alteradas, filtradas para infamar o
calumniar —ojo Liz— a los hermanos, padre y sobrino del candidato del PRI. Son
evidencia de un hecho ilegal y cualquier abogado lo sabe—ojo Liz—.
Incurre el
comisionado del IPAX Veracruz, Fernando González Ortiz en abuso de autoridad,
simulación de actos jurídicos, peculado engaño a la Sedena y a la Secretaría de
Gobernación. Y eso amerita pasar por los tribunales.
Implica el caso a
los hermanos César y Rafael Yunes Landa, cuyas fichas de control, y el
contenido de la réplica, confirman que el trámite para disponer de permiso para
portación de arma se realizó ante el IPAX.
“Solicitamos a la
Institución la renovación de los permisos, determinando sus autoridades el
procedimiento que se siguió, incluyendo la toma de fotografías”, refiere la
réplica.
Otro de los
documentos es el comunicado mediante el cual el comisionado Fernando González
Ortiz instruye al área de Recursos Humanos para que Jesús Yunes García, sobrino
del candidato Yunes Landa y del candidato de la alianza PAN- PRD, Miguel Ángel
Yunes Linares, sea dado de alta en el área gerencial del IPAX. Aparece su firma
y sellos de la institución.
Un tiradero
absoluto. Un carnaval de violaciones a la ley. Un compendio de ilegalidades,
usado el IPAX para fines particulares, entre ellos la portación de armas, algo
que no se le permite al ciudadano común.
De ahí que en
cuestión de horas se emprendan acciones legales, Fernando González en el
centro de la tormenta, exhibido como un violador de la ley, que engaña a la
Sedena, al secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
Involucra el
affaire IPAX-Yunes Landa al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo
Bermúdez Zurita, protector del comisionado Fernando González y operador de
Héctor Yunes entre la tropa policíaca.
Un desastre, el
IPAX se sacude. Y su titular embiste como perro de caza. Fernando González
muestra el puño represor. Exige pistas sobre la difusión de las fichas de
control que revelaron la gravedad del caso Yunes Landa. Somete a las
infanterías, presiona, amaga.
Circulan versiones
en redes sociales, presuntas fuentes internas del IPAX que hablan de acciones
extralegales: a la gerente de Recursos Humanos la mantuvieron privada de su
libertad por horas, el amago de despido a Juan Carlos Tánchez Melchor y a
cuatro personas más, de quienes sólo se cita su nombre de pila: Daniel,
Gabriel, Ricardo y una mujer.
Enfatizan que el comisionado
tiene su zona de confort. Ahí habitan cinco secretarias con salario de 20 mil
pesos y su favorita, “su particular y amante Ericka Marcel Castillo Salas,
(quien) gana más de 40 mil pesos”, dice una fuente del IPAX.
Tiene otras
aristas el IPAX: más fichas de control de priistas y personajes ligados al
poder. Otra fuente cita, sustentada en un documento con fotografías, que el
notario 12 de Xalapa, Antonio Limón Alonso, aparece en los archivos de la
cooperación.
Limón Alonso
estuvo desaparecido en marzo de 2012, en la capital de Veracruz, y su caso
conmocionó al medio notarial y político.
Otra de la fichas
se refiere a Edith Maribel Flores López, “mujer del Muerto Martínez Zaleta”,
referencia al ex director de Tránsito de Veracruz y ex líder estatal del PRI,
operador de Héctor Yunes, integrado a su campaña.
Edith Maribel
Flores López fue juez interina en Banderilla. Antes estuvo en Jilotepec, donde
fue sancionada con una suspensión de tres días por el Tribunal Superior de
Justicia.
Dos fichas de control
más mencionan al empresario de la construcción, Martín Vázquez Castillo, y a
Jesús Omar Romero Zapata, de quien dice “quiere hueso político y le da cuota al
Cap. Fernando González Ortiz, por armarlo”.
Ambos portan
uniforme del IPAX, como en el caso de los hermanos César y Rafael Yunes Landa.
Todos con disfraz de policía.
Jesús Omar Romero
Zapata es dirigente del Consejo Ciudadano de Líderes, A.C., su palanca para
acceder al círculo de poder, asesor, dice él, de Javier Duarte en gestión
social, “sólo que sin sueldo ni compensación, sin oficinas”. Y por eso prefirió
militar en la nómina del IPAX.
Edith Maribel
Flores, la mujer de Martínez Zaleta, la juez, figura en una lista de
“aviadores” del IPAX con 10 mil pesos al mes. Valiente juez. Jesús Omar Romero
aparece con 16 mil.
Disfraza el IPAX a
priistas, empresarios, notarios, a la mujer de un hectoryunista, a los hermanos
y sobrino de Héctor Yunes, para que puedan portar arma. Y de paso engañan a la
Sedena y a Gobernación.
Por eso la
tormenta que viene… y la denuncia también.
Archivo muerto
“Que nos pague,
que nos pague”, le gritan a Javier Duarte, a su desgobierno, a la pandilla de
rufianes, duartistas puros, que robándose los recursos, dejan a la burocracia
sin salario, sin incentivos. Son lo signos de los tiempos y este martes 15, al
unísono, en el lobby de la Secretaría de Finanzas y Planeación, coreaban su
reclamo los empleados, grabando el hecho con sus teléfonos celulares,
remitiéndolo a las redes sociales, detonando la crisis que se vive la sede del
gobierno de Veracruz. A los amigos, justicia y gracia, dice Javier Duarte; a
los enemigos, justicia a secas. Pero el gordobés trata a los amigos como a los
enemigos y como ya secó las arcas, y lo que queda es para acrecentar la fortuna
malhabida de su runfla, ni incentivo ni salario a tiempo. Esos también son
votos de castigo, los que definirán la derrota del PRI, el partido del
gobernador, en la elección del 5 de junio… No hay coyotes, dice Alfredo Ramón
de Diego, irrumpiendo en el predio de 10 hectáreas enclavado a un costado de la
Universidad Veracruzana y desde ahí hasta el malecón de Coatzacoalcos. Se
ostenta el abogado como propietario del predio, cuyo valor desata cualquier
ambición, unos 500 millones de pesos, ganado con trampas en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, con el recurso de atracción que no procedía pero que
tras un intento fallido, la ex ministra salinista Olga Sánchez Cordero, lo
impuso para que otro hijo político de Carlos Salinas de Gortari, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, ministro también, consumara el despojo. No se notifica
oficialmente al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz del fallo de la
Tremenda Corte y en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos los
personeros del clan González Anaya-Ramón de Diego, los matacoyotes, ya tramitan
operaciones porque un tal Tony Macías, suegro incómodo de Javier Duarte, el
desgober de Veracruz, es quien finalmente se quedaría con el predio. Eso
refieren en el RPP de Coatzacoalcos. En el litigio entre Inocente Armas, quien
exhibe una compraventa validada por el ex alcalde Taurino Caamaño Ramos, hace
40 años, y los González Anaya-Ramón de Diego, aparece la mano sucia de Marcelo
Montiel, el que siendo alcalde por segunda ocasión impidió que Inocente Armas
continuara pagando el impuesto predial y le abrió el catastro a los hoy
matacoyotes de filiación salinista, pues Pepetoño González Anaya es ex concuño
del ex presidente, uno casado con Gabriela y el otro con Ana Paula Gerard
Rivero. Soy dueño desde hace 44 años, esgrime Ramón de Diego, y la pregunta es
¿por qué en esas cuatro décadas quien pagó el predial fue Inocente Armas? Se
supone que quien paga el predial es el dueño del terreno. Otra escritura
pública a debate es la de los propietarios originales, la que viene de Donato
Vidal y su hijo Mario, casado con doña Rosa Aguirre, ellos fallecidos, ella aún
viva, que esgrimen que su documento es el único con validez, que no ha habido
venta alguna y que ese predio, Zona Dorada, debe preservarse como hábitat de
los coyotes y demás fauna silvestre, declarándola Unidad de Manejo Ambiental,
regida por protocolos internacionales, lo que convertiría en área protegida
intocable. Si quieren el predio los vecinos, los que dan de comer a los
coyotes, que lo adquieran, les dice Alfredo Ramón. O sea, el lucro, como
ocurrió con otro predio mayor, de la tienda Home Depot al malecón, también con
una maniobra legaloide, no erogando un peso, con la venia de un juez a modo,
con pilladas de notarios, y luego vendiendo la tierra de un médano gigantesco
hasta que la presión social lo frenó. Y a todo esto, ¿en qué planeta orbita el
delegado de Semarnat en el sur, Juan Domínguez, calladito como siempre, omiso y
cómplice, como ocurre con las descargas de aguas negras a las playas de
Coatzacoalcos, evidente el daño ambiental y en consecuencia, delito federal.
Así el caso de los coyotes amenazados se transforma otra vez en litigio. Viene
una falsificación de firmas, por poderes ilegales, por suplantación de
identidad, el clan Ramón-Hillman atrapado en Zona Dorada, Celanese, Balcones
del Mar y Pensiones del Estado. Y ahora Tony Macías y hasta el hijo de Fidel
Herrera Beltrán, mencionado éste en una denuncia que aún está viva. Y todo por
andar Pepetoño González Anaya, director de Pemex, de matacoyotes…