*La
Auditoría Superior de la Federación concluyó que las acciones de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fueron
“insuficientes” para “planear y articular políticas públicas” que favorecieran
a 11.9 millones de indígenas. Además, detectó que la CDI no acreditó cómo gastó
más de 200 millones de pesos.
Ciudad de México. | 07 abril de 2016
Tribuna Libre.- El gasto de mil 176 millones de pesos como
presupuesto no fue suficiente para elaborar políticas públicas y planear
acciones concretas que permitieran sacar del abandono a 11.9 millones de
indígenas en México.
Así lo expone la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en su informe sobre el desempeño de labores de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el año 2014, en el que
concluye que las acciones de esta Comisión fueron “insuficientes” para “planear
y articular políticas públicas” que tuvieran un efecto, sobre el terreno, en el
desarrollo de la población indígena.
La CDI
no acreditó cómo gastó más de 220 millones de pesos
Según el órgano fiscalizador, la CDI gastó
mil 176 millones 500 mil pesos a través del programa presupuestario P013
‘Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas’.
Por capítulo de gasto, la Comisión destinó la
mitad de ese presupuesto a pagar los sueldos de sus empleados más las
compensaciones de ley: 522 millones 258 mil pesos (el 44.4%). El resto, lo
distribuyó principalmente entre el programa ‘Servicios Generales’ -299 millones
260 mil pesos- y el capítulo de ‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
otras Ayudas’ -293 millones 133 mil pesos-.
Ahora bien, dentro del programa
‘Transferencias, Asignaciones…’, la Auditoría detectó dos anomalías:
1.- Del total de 293 millones 133 mil pesos
de presupuesto para este rubro, 223 millones 065 mil pesos gastados “no se
vinculan con las actividades del programa”, mientras que los 70 millones
restantes sí fueron invertidos en subsidios para “apoyar la movilidad de los
participantes de talleres, foros u otras actividades”-.
2.- Que la Comisión de Pueblos Indígenas “no
acreditó la comprobación que sustenten dichos gastos” por un valor de 223
millones.
Es decir, que la CDI no aportó a la Auditoría
pruebas documentales suficientes que dieran cuenta de en qué gastó más de 223
millones de pesos y de cómo contribuyó ese dinero a fomentar el desarrollo de
la población indígena mexicana.
¿En qué
gastó casi 60 millones la CDI Guerrero?
Sobre el gasto de las delegaciones de la
Comisión de Pueblos Indígenas, la ASF evaluó a la delegación del estado de
Guerrero, que en 2014 fue la que mayor monto de recursos invirtió: 59 millones
901 mil pesos.
Sin embargo, la Auditoría apunta que, a pesar
de que se gastaron casi 60 millones de pesos, “no se identificaron reuniones
con los pueblos indígenas de la región que abarca la delegación de Guerrero”.
Además –ahonda la ASF-, “tampoco se detectó
que coordinara la acción pública para atender sus necesidades, ni que definiera
criterios de atención prioritaria para atenderlas, aun cuando se ejercieron
recursos destinados a este fin”.
Esto es, la Auditoría tampoco sabe en qué se
gastaron casi 60 millones de pesos en Guerrero que, en teoría, estaban
destinados al desarrollo de los pueblos indígenas de esta entidad.
Reuniones que terminan sin acuerdos ni
estrategias
Por otra parte, según el órgano fiscalizador,
la CDI realizó 135 reuniones en 2014 para detectar las necesidades de la
población indígena, la cual, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), enfrenta en un 95% algún tipo de
carencia, como falta de acceso a la seguridad social, falta de acceso a la
vivienda y a la alimentación, o rezago educativo.
Sin embargo, la ASF detectó que tras la
realización de esas 135 reuniones -79 fueron del Consejo Técnico, 52 se
llevaron a cabo a través de las delegaciones de Oaxaca, Veracruz y Puebla-, “no
se identificaron acuerdos relativos a la detección de necesidades específicas”.
Asimismo, en esos encuentros tampoco se
acordaron estrategias para abordar las carencias, “con la intención de permitir
la adecuada toma de decisiones”.
O en otras palabras, después de 135
encuentros, la CDI no informó en las minutas de las reuniones de ningún acuerdo
establecido, ni de ninguna estrategia para aterrizar los acuerdos, a partir de
los cuales beneficiar a la población indígena.
¿En qué capacitaron a 232 funcionarios? En
mejorar la atención a indígenas, no
Por otra parte, la CDI informó que capacitó a
232 servidores públicos en 2014 en el ejercicio de sus funciones. No obstante,
esto no se tradujo en una mejor atención a los ciudadanos indígenas, ya que
según la Auditoría las capacitaciones “no se orientaron a desarrollar las
capacidades para mejorar la atención de las necesidades y garantizar los
derechos de los pueblos indígenas.
“Además, la CDI no dispuso un programa de capacitación
para la formación y sensibilización a servidores públicos de la Administración
Pública Federal (APF) y participantes de los pueblos indígenas”, abunda el
informe.
Asimismo, sobre cómo la CDI evaluó y dio
seguimiento a las acciones emprendidas para atender a la ciudadanía indígena,
la ASF señala que la Comisión “no acreditó el seguimiento, ni evaluó el
cumplimiento del objeto de cada convenio, y tampoco dispuso de los informes de
evaluación realizada por los centros coordinadores de desarrollo indígena y las
delegaciones estatales en la atención de la población indígena”.
Es decir, que la CDI no aportó ningún
documento a partir del cual se pueda medir qué tan efectivas fueron sus
acciones en beneficio de los indígenas, y si éstas tuvieron algún tipo de
seguimiento para evaluarlas.
Recomendaciones
A partir de esta situación, la Auditoría
Superior de la Federación determinó 12 observaciones, las cuales generaron
hasta 25 recomendaciones al desempeño de la Comisión de los Pueblos Indígenas,
entre las que destacan:
1.- Que la CDI incorpore las prioridades de
los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de políticas públicas en
los tres órdenes de gobierno.
2.- Que disponga de información de la
participación de la población indígena en la formulación, ejecución y
evaluación de los planes y programas de desarrollo para la atención de sus
necesidades.
3.- Que defina los procedimientos para la
obtención de los apoyos del programa.
4.- Que defina con precisión la población
objetivo del programa, y que disponga de indicadores e información sobre el
cumplimiento de los objetivos del programa.