*Pidió que funcionarios públicos se apeguen a la
legalidad y no utilicen recursos de gobierno con fines proselitistas.
Xalapa, Ver. | 22 abril de 2016
Tribuna Libre.- El legislador Hugo
Fernández Bernal pidió respetar la libertad de sufragio durante las elecciones
de gobernador del estado y diputados locales y que funcionarios públicos se apeguen
a la legalidad y no utilicen recursos de gobierno con fines proselitistas, al
hacer un pronunciamiento durante la sexta sesión ordinaria de la Diputación
Permanente.
La efectividad del
voto lleva implícita la libertad de los gobernados para hacerlo en el sentido
que les parezca preferible, sin embargo –expresó- en estos tiempos de
competencia política, la libertad de sufragio está amenazada, violentada y
condicionada por servidores públicos que pretenden que los ciudadanos voten por
un candidato coaccionando su voto.
Durante su
intervención el diputado hizo referencia a hechos registrados en municipios
como Zongolica, Tantoyuca, Xalapa, y Coatzacoalcos donde asegura
que servidores públicos entregan u ofrecen apoyos y programas con fines
electorales.
“Exigimos
nuevamente al gobierno federal, estatal y municipal sacar las manos del
proceso electoral; reclamamos apego a la legalidad de los servidores de la
administración pública y demandamos que los recursos públicos se apliquen
a sus respectivos fines”, manifestó.
Hay una
evidente promoción a favor del candidato del partido que gobierna, dijo el
legislador por lo que instó a detener estas malas prácticas.
Los principios de
equidad e imparcialidad en la aplicación de recursos -advirtió- están previstos
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en el artículo 77 de la Constitución del Estado de Veracruz.
Además la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral
Local, señala las sanciones y multas que pueden merecer estas conductas, que
además pueden pasar de lo administrativo a lo Penal.
También citó que
la ley general en materia de delitos electorales establece claramente que serán
sancionados con prisión los servidores públicos que condicionen la prestación
de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales, a cambio
del sufragio en favor de un candidato o partido político.