Monterrey, Nuevo León. | 30 abril de 2016
Tribuna Libre.- La Sala Monterrey determinó por unanimidad
de votos que el financiamiento público asignado a las candidaturas
independientes que contenderán por distintos cargos públicos en el proceso
electoral 2015-2016 en el estado de Aguascalientes, cumple con el principio de
distribución equitativa y es proporcional en el marco que dicta la Constitución
Federal.
Los candidatos independientes según prevé
la ley federal y de manera armonizada las propias leyes locales, recibirán
financiamiento público para campaña, por este concepto, les corresponderá la
parte proporcional al número de candidaturas ciudadanas que se registren por la
autoridad electoral, tomando como referente máximo por financiamiento público
para campañas la cantidad que, por este concepto, correspondería a un partido
político de nueva creación.
La Sala Monterrey resolvió los juicios
ciudadanos promovidos por Edgar Alan Prado Gómez y Pedro Alejandro Berenguer
Ibarrondo, contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes que aprobó la distribución del financiamiento
público para gastos de campaña de los candidatos independientes. Los candidatos
independientes a diputados propietarios por los distritos electorales locales X
y V, que promovieron los juicios argumentaron que la cantidad recibida les daba
un trato inequitativo y desproporcional frente a los partidos políticos, lo
cual los colocaba en desventaja en la competencia.
La Magistrada y los Magistrados de la Sala
Regional consideraron que el modelo normativo que prevé el financiamiento de
candidaturas independientes, en un trato equivalente a la prerrogativa que
corresponde a los partidos de reciente creación, al que se refiere la ley
electoral estatal, es el que observó el Instituto Electoral de la entidad, el
cual tomó en cuenta el número de candidatos ciudadanos registrados para la
elección de diputados y el monto máximo que podrían recibir, aclarando que
tenían derecho para estar en condiciones de mayor competitividad a
financiamiento privado, en los términos que la Ley Electoral lo permite, de
manera que el financiamiento público que les correspondió no los colocaba en
una situación de desventaja o de trato inequitativo como adujeron.
LA PROPAGANDA ELECTORAL EMITIDA DENTRO DE
LOS MÁRGENES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO
NO ES CALUMNIOSA
En otro asunto resuelto en sesión de esta
fecha, se pronunció la Sala Monterrey sobre la libertad de expresión en materia
política.
Sus integrantes sostuvieron por unanimidad,
que el Debate Político está permitido, que tiene límites concretos y éstos los
fija la Constitución Federal, entre ellos no alterar o poner en riesgo la
seguridad nacional, el orden público, la salud pública, y en el plano de las
personas, esos límites son el respeto a la dignidad y a la reputación.
La ejecutoria dictada en el juicio de
revisión constitucional, se pronunció sobre la legalidad de una multa impuesta
a Movimiento Ciudadano con motivo de un promocional denunciado por el PAN. Para
la Sala Regional procedía revocar la multa con la que se sancionó a movimiento
ciudadano, porque las expresiones contenidas en el espectacular denunciado,
concretamente la frase NO MÁS MOCHES, muestra una crítica fuerte de un partido
político respecto de otro, en el contexto del debate político. Pone en el
examen ciudadano una postura con el fin de que se dé un ejercicio de análisis y
en su caso de opinión, lo que en esa medida, afirmó el Tribunal Federal no
contraría el derecho a la honra o a la reputación ni calumnia a las personas,
como tampoco puede entenderse calumnia contra un partido político, como había
expresado en su demanda el PAN.
Durante la sesión pública, la Sala
Monterrey resolvió 14 juicios para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano y 1 juicio de revisión constitucional electoral.
