Por omisiones del gobierno de Veracruz, solicitamos la intervención de la comisión interamericana de derechos humanos: Viades, Llanes y asociados
Xalapa, Ver. | 21 abril de 2016
Antonio Sánchez
Tribuna Libre.- Nuestro corporativo jurídico determinó
presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la
ciudad de Washington, D.C., una petición (equivalente a lo que en las
instancias mexicanas se conoce como “queja”), en contra del Estado mexicano
(parte integrante de la Organización de Estados Americanos), ante lo que
consideramos configura violaciones a Derechos Humanos cometidas en contra de
trabajadores de Veracruz.
En concreto, estimamos que el Estado mexicano
es responsable de violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
("Protocolo de San Salvador”); y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, instrumentos suscritos por México y
ratificados por el Senado de la República.
Los Derechos Humanos contenidos en tales instrumentos,
han sido violados en perjuicio de trabajadores que han prestado o prestan
servicios en diversos ayuntamientos veracruzanos: doce de Acayucan; tres de
Banderilla; cuarenta y seis del municipio de Benito Juárez (en su mayoría, de
extracción indígena); trece de Tantoyuca; uno de Actopan; dos de Martínez de la
Torre, y cuatro que laboraron directamente para entidades públicas dependientes
del Poder Ejecutivo de Veracruz.
En todos esos casos, existiendo laudos
favorables que condenan a las entidades públicas a pagar indemnizaciones y/o
reinstalar a los trabajadores afectados, ha existido una negativa absoluta para
acatar los fallos judiciales. En algunos casos (como sucede con los
Ayuntamientos de Banderilla y Acayucan), habiendo, incluso, sentencias emanadas
del Poder Judicial Federal, los entes gubernamentales se han resistido a
cumplirlas, ante la ineficacia tanto de los órganos jurisdiccionales de la
Federación, como del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
En consecuencia, en la petición que dirigimos
a la CIDH se señalaron como autoridades responsables de las violaciones
descritas a los Ayuntamientos de Acayucan, Benito Juárez, Actopan, Martínez de
la Torre, Tantoyuca y Banderilla, todos en el Estado de Veracruz; a los
Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del
Estado de Veracruz; a dos jueces de Distrito (uno del Séptimo Circuito, y otro
del Noveno); así como al Congreso y al Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
La petición dirigida a la CIDH se basa en la
circunstancia de que el Estado Mexicano priva a las presuntas víctimas del
derecho de lograr la satisfacción total de resoluciones judiciales dictadas a
su favor en los distintos juicios laborales en los que fueron parte,
específicamente, absteniéndose de proceder de conformidad con la Ley, que le
ordena cumplir totalmente con los laudos dictados por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, vedándose
así el derecho de los trabajadores a tener protección contra el desempleo, a
obtener el pago de las remuneraciones judicialmente determinadas, y
obstaculizando su acceso a una justicia completa e imparcial.
Es imprescindible hacer hincapié en que, con
independencia de que sean entidades públicas específicamente determinadas las
que se encuentran en situación de desacato a las resoluciones judiciales, es
responsabilidad del Estado mexicano garantizar a sus ciudadanos el respeto a
los Derechos Humanos.
De acuerdo con la normatividad de la propia
CIDH, la petición que se presentó en su propia sede, se encuentra ahora mismo
en fase de “admisibilidad”. Confiamos en que dicha instancia de la OEA admitirá
y dará trámite a la petición, y solicitará al Estado mexicano que informe
puntualmente las razones por las cuales, en el Estado de Veracruz, los fallos
judiciales no son acatados por el propio gobierno.
De nueva cuenta, nuestro corporativo jurídico
lamenta que sea necesario recurrir a instancias internacionales para hacer
efectivos los derechos fundamentales de las personas que, habiendo sufrido
atropellos por parte de servidores públicos, tras someter civilizadamente su
inconformidad al arbitraje de tribunales (y luego de haber obtenido fallos
favorables), no encuentran disposición alguna por parte del Gobierno que
encabeza Javier Duarte para respetar la ley. Deploramos que la estulticia
oficial conduzca a que sea el Estado mexicano el que, eventualmente, tenga que
responder por omisiones injustificables.
Adelantamos también que esta fue la primera
de una serie de peticiones que haremos llegar a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; presentaremos más, de ser necesario; y, también, de ser
necesario y procedente (de acuerdo con lo que determine la propia CIDH),
aguardaremos pacientemente a lo que, en última instancia, decida la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.