*A propuesta del Ejecutivo estatal, será elegido
con el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado
de acuerdo a la reforma constitucional aprobada con 43 votos a favor 1
abstención y ninguno en contra.
Xalapa, Ver. | 20 mayo de 2016
Tribuna Libre.- Los diputados de
la LXIII Legislatura de Veracruz aprobaron el dictamen –en su segunda etapa- de
reforma constitucional por el cual se faculta al Congreso de Veracruz para que
con las dos terceras partes de sus miembros, a propuesta del Ejecutivo estatal,
designe al titular de la Contraloría General del Estado (CGE).
Durante la tercera
sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno avaló con 43 votos a
favor, una abstención –del diputado Eladio del Ángel Zumaya- y ninguno en
contra, la reforma constitucional para la designación del contralor
general.
En caso de que la
persona propuesta para ocupar el cargo no obtenga el voto aprobatorio requerido
para ser designado, el Ejecutivo Estatal podrá enviar tantas propuestas como
sean necesarias, hasta lograrse la mayoría de votos requeridos.
El dictamen del
decreto que modifica diversas disposiciones de los artículos 33 y 49 de la Constitución
Política estatal, brinda atribuciones al Congreso del Estado para legislar en
materia local anticorrupción. El objeto, la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Derivado de la
aprobación de este dictamen deberá instalarse de manera permanente un Comité
Coordinador Anticorrupción que estará integrado por los titulares en el Estado
del Órgano de Fiscalización Superior, de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, de la Contraloría General, del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información, un miembro del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado y un representante ciudadano destacado por su
contribución a la transparencia y combate a la corrupción.
Como resultado de
esta segunda aprobación por parte de la Legislatura del Estado, este decreto se
enviará a los 212 ayuntamientos para que en un plazo máximo de 60 días la
analicen en sesión de Cabildo y remitan su acta a la Secretaría General del
Poder Legislativo con el sentido de su voto.