Con su permiso diputada presidenta,
Xalapa, Ver. | 27 mayo de 2016
Tribuna Libre.- Compañeras y
compañeros diputados, medios de comunicación que hoy nos acompañan, ciudadanos
que hoy nos visitan, sean todos bienvenidos a este recinto legislativo.
Hace más de un
año, para ser específicos, el 8 de enero de 2015, el Grupo Legislativo del PAN
presentó ante esta Soberanía la iniciativa de Ley Anticorrupción en
Contratación Públicas para el Estado de Veracruz, con el objeto de prevenir,
sancionar y erradicar las prácticas de corrupción en los procedimientos de
contrataciones públicas convocadas por órganos del Estado, y con cargo total o
parcial a fondos o recursos estatales o municipales.
Esta iniciativa
como muchas otras no ha sido dictaminada.
Sin embargo, en
días recientes se dio a conocer un reportaje periodístico que tiene mucho que
ver con la iniciativa que he señalado; porque se detalla la forma en la que el
Gobierno de Javier Duarte ha otorgado contratos a 21 empresas bajo la modalidad
de adjudicaciones directas o licitación simplificada con la intención
deliberada de evadir las licitaciones públicas y de beneficiar a empresas
fantasmas por un monto de 645 millones de pesos.
Estamos hablando
de Sedesol Estatal, de la Secretaría de Educación del Estado, de la Secretaría
de Protección Civil y del DIF.
Casi todos los
funcionarios que integran la red descrita en el reportaje son ampliamente
conocidos por denuncias que ya han tenido o por haber sido cesados de alguna
función desempeñada, otros hoy gozan de fuero, otros tienen denuncias ante la
PGR por peculado, otro sorprendido con una maleta con 25 millones de pesos en
efectivo en el aeropuerto de Toluca, etc.
Sin embargo quiero
llamar la atención sobre una persona que está plenamente identificada en el
reportaje, y me refiero a la actual Directora Ejecutiva de Administración del
OPLE, Zaide del Carmen Zamudio Corro, esta persona fungió entre 2013 y 2015
como jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil,
aparentemente ello explica su presencia en el Organismo Electoral del Estado
puesto que el Presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla era Director de
Protección Civil antes de llegar al OPLE, probablemente él la invitó, pero hoy
se revelan otras posibles intenciones puesto que esta persona fue una de las
partes en los 9 contratos que Protección Civil otorgó a 4 empresas por 29
millones de pesos mediante el procedimiento de adjudicación directa para la
adquisición de cobertores, despensas, colchonetas y kits de limpieza.
Según consta en el
reportaje no hay ninguna lista de beneficiarios de estos apoyos, hoy es más
claro que nunca su vínculo con Noemí Guzman Lagunes y con Javier Duarte, y
viene entonces a la memoria el contrato que firmó el OPLE con la empresa
“Corporativo Zeg, S.A. de C.V.” para capturar las cédulas de apoyo de los
candidatos independientes para este proceso electoral, el dictamen técnico que
se encuentra en el portal de transparencia del OPLE, señala de manera textual
lo siguiente:
“la Dirección Ejecutiva de Administración del
organismo electoral, se avocó a la tarea de realizar un análisis dentro de su
padrón de proveedores, con la finalidad de investigar si se contaba con una
empresa que tuviera el perfil profesional necesario para
realizar los procedimientos de clasificación y captura de imágenes y datos, con
el personal capacitado y la experiencia requerida.”
De la búsqueda se
concluyó que “Corporativo Zeg, S.A. de C.V.” cumplía con los requisitos ya que
el objeto social de la misma es:
“La asesoría,
consultoría, capacitación y prestación de toda clase de servicios, por cuenta
propia o de terceros, a toda clase de personas, empresas, instituciones […] y
en general, todas las materias y servicios relacionados directamente con la
administración y dirección de empresas e instituciones”.
Es pertinente
preguntarse cómo se acreditó la alta especialización del
proveedor en mecanismos de administración y control, si la empresa fue
constituida el 11 de diciembre de 2015 e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del D.F. el 9 de febrero de 2016.
Sobra decir que
los resultados de la captura no fueron satisfactorios porque ésta se realizó
con muchos errores e incluso derivó en que un candidato independiente tuviera
que recurrir su negativa de registro ante el Tribunal Electoral, porque el OPLE
no estuvo en condiciones de indicarle dónde estaban las inconsistencias que
debía subsanar.
Eso no fue más que
el resultado de la decisión de contratar a esa empresa sin experiencia, creada
apenas en diciembre del año pasado, registrada el 9 de febrero y a la que se le
asignó su primer contrato por 4 millones de pesos el 22 de febrero de 2016 –a tan
sólo 13 días de su alta en el registro público-, incluso el Tribunal Electoral
ordenó que se iniciara la investigación por la contratación de la empresa.
La decisión de
contratar esa empresa estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva de
Administración, cuya titular es la Señora Zamudio Corro, por lo que es claro
que su presencia en el OPLE no garantiza un adecuado uso de los recursos ni una
correcta administración, por ello desde esta tribuna exigimos al Presidente del
OPLE, la renuncia de la citada funcionaria porque ha quedado demostrada su mala
toma de decisiones y hoy es señalada por participar en una red de funcionarios
que hace contratos con empresas fantasmas, los recursos del OPLE son vastos, no
pueden estar en manos de alguien implicado en el desvío de 645 millones de
pesos.
Llama la atención
que ante este nuevo escándalo de corrupción en el que se ha visto involucrado
el Gobernador del Estado, los titulares de la Secretaría de Finanzas y de la
Contraloría General del Estado, pretendan defender lo indefendible.
No es posible que
ante la clara falsificación de firmas en los contratos se nieguen a investigar
lo que pasó con estos, que ante los testimonios de los supuestos socios que
dicen desconocer de los contratos, sigan con el discurso de la legalidad.
Esta situación que
se ha documentado de una forma contundente –y que ya había advertido la
Auditoría Superior de la Federación-, puede ser tan sólo una muestra de lo que
pasa en el gobierno del Estado, como lo hemos señalado en diversas ocasiones en
este Congreso no hay voluntad política para indagar qué es lo que sucedió, por
el contrario el día de ayer se presentan el Secretario de Finanzas y el
Contralor General en la cabina de radio del periodista Ciro Gómez Leyva en
papel de abogados defensores de estos actos de corrupción, en lugar de indagar
la legalidad de estos actos administrativos, la recepción de los bienes y la
entrega de los mismos a los beneficiarios.
Apenas salió la
nota, e inmediatamente estaban justificando los actos de corrupción. Así es
como en Veracruz se sustancian los procedimientos de responsabilidad: desde
antes de iniciar una investigación ya han determinado si se es culpable o
inocente y desafortunadamente lo único que generan es más impunidad.
Sostuvo el
Secretario de Finanzas que no tiene facultad para verificar los domicilios de
los proveedores, que penosa declaración a nivel nacional.
Yo lo quiero
exhortar a que lea la Ley de Adquisiciones para que se entere que en las
licitaciones se dan a conocer los fallos por escrito, ¿en dónde? En el
domicilio del proveedor; pero como sabemos que ni siquiera hubo licitaciones
públicas, ya que recurrieron en la mayoría de los casos a la invitación
restringida, dice la Ley de Adquisiciones que en esta modalidad la invitación
la hace la dependencia a cuando menos tres proveedores registrados ante ellas
¿cómo? Por escrito ¿dónde? Donde más se puede entregar un documento por
escrito, pues obviamente en el domicilio del proveedor a quien se tiene la
confianza de invitar a una licitación restringida.
Pero más aún la
obligación de cerciorarse del domicilio de los proveedores, radica en el hecho
de que la propia ley de adquisiciones señala que en el caso de rescisión de
contratos o en el caso de imposición de sanciones a los proveedores, se les
debe notificar por escrito a sus domicilios, está claro que en Veracruz se
celebran contratos millonarios con proveedores que en el caso de que
existieran, no habría modo de cumplir con la ley en estos casos, pues aquí
nadie se toma la molestia de verificar si son empresas reales.
No hay que olvidar
las controversiales contrataciones de empresas constructoras durante los Juegos
Centroamericanos que ya habían estado inhabilitadas por la Secretaría de la
Función Pública y aquí fueron contratadas. O el caso Oberdrecht, socio incómodo
del Gobierno del Estado cuyo presidente se encuentra en prisión por actos de
corrupción en Brasil.
Yo no sé qué hace
la Contraloría, además de presumir Códigos de Ética que no valen ni el papel en
el que se encuentran impresos.
Porque dijo el
Contralor en la entrevista que él tampoco tiene facultades para verificar los
domicilios de los proveedores, pero sí tiene facultades –que no sé en dónde
están- para reclamarle a un periodista por el resultado de una investigación.
Por todo lo
anterior, es que exhortamos a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales
a que cite a reunión de la misma para estar en condiciones de dictaminar la
iniciativa de Ley Anticorrupción en Contratación Públicas para el Estado de
Veracruz que presentamos las y los legisladores del PAN, urge poner un alto a
la simulación en las contrataciones, dejemos de dar la nota, como poder
Legislativo debemos ser un contrapeso y no una comparsa.
Es cuanto diputada presidenta
