* Exhiben crecimiento exponencial de las
propiedades inmobiliarias del mandatario estatal Miguel Alonso Reyes y de su
familia.
Ciudad de México. | 29 junio
de 2016
Tribuna Libre.- En conferencia de
prensa y ante más de una docena de representantes de los medios de comunicación
de esta ciudad capital, el abogado zacatecano Alberto Gaytán Espinosa y el
periodista Horacio Zaldívar, dieron a conocer la denuncia interpuesta ante la
Procuraduría General de la República contra el gobernador de Zacatecas Miguel
Alejandro Alonso Reyes el 25 de mayo, por evidente enriquecimiento ilícito.
Los denunciantes
expresaron también que, además de no encontrar en aquella entidad las
condiciones legales y jurídicas indispensables para darle curso a su denuncia,
las autoridades estatales se han dado a la tarea de desestimar el caso y
minimizar un presunto tema de corrupción, tan es así que la procuradora estatal
Leticia Catalina Soto Acosta salió a declarar que la denuncia contra el
gobernador Alonso Reyes carecía de fundamento.
“Tal cual si fuera
vocera del gobernador y sin mediar un análisis ni siquiera superficial, la
procuradora citó a conferencia de prensa para desmentir y justificar la
denuncia como un ‘ataque político’ contra Alonso Reyes”, explicó el abogado
Alberto Gaytán.
Leticia Catalina
Soto Acosta, procuradora de Justicia del Estado (PGJE), declaró ante los
medios, que en aquella entidad no había denuncia en contra del gobernador del
estado: “pues ésta se presentó en la Procuraduría General de la República
(PGR), en la delegación Zacatecas, y de las firmas que se señalan por parte de
los denunciantes, únicamente se tienen tres rubricas y una de ellas no es la
original. Es una denuncia no tiene relación con los supuestos delitos que se
han mencionado como lavado de dinero y otra serie de infundios sin ningún
sustento jurídico”, manifestó la funcionaria a los reporteros a finales del mes
de mayo.
Tras años de
investigación de campo y documental, el abogado Gaytán, quien fungiera más de
una década como Director de Investigación de la Procuraduría de aquella
entidad, buscó a legisladores para hacer de su conocimiento sus hallazgos. “Yo
busqué a los diputados federales y senadores y al mostrarles la evidencia no
dudaron en firmar la denuncia”, agregó.
Legisladores
locales y federales firmaron las dos querellas contra Miguel Alonso y sus
familiares, ante la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos los
senadores Manuel Bartlet Díaz y Héctor Menchaca; el diputado federal Jorge
Álvarez Maynez y los diputados locales Cuauhtémoc Calderón Galván, Antonio
Mejía Haro, Iván de Santiago Beltrán, Bibiana Lizardo y Antonio Arias.
El interés de
hacer pública la denuncia, afirmaron, Alberto Gaytán y Zaldívar Espino, es
porque la ciudadanía zacatecana está harta de ver la ostentación del gobernador
Alonso y el cinismo con que sus propiedades han ido incrementándose.
Político “chapulín”
A punto de
terminar su gestión, el joven gobernador zacatecano ha tenido señalamientos de
“político chapulín”, pues en 1998 renunció al PRI para incorporarse al Partido
de la Revolución Democrática (PRD), y se ocupó como secretario particular de
Ricardo Monreal. Luego, en 2001 ocupó la presidencia municipal de la ciudad de
Zacatecas hasta 2004, cuando la entonces gobernadora Amalia García lo designó
como encargado del despacho estatal de Turismo; más tarde en 2005 fue diputado
local.
Para 2009 renunció
ahora a su militancia perredista para volver dulcemente razonable al PRI,
partido que lo llevó a la silla de gobernador.
Vocación inmobiliaria
Al decir de
Horacio Zaldívar Espino, periodista zacatecano convocante a la conferencia de
prensa, “las propiedades del gobernador Alonso y de su familia se han
acrecentado a ojos vistas; y no sólo las de él, sino las de sus hermanos Juan
Manuel y Lucía, así como las de su cuñado Eleazar Ávila Márquez quienes también
tienen denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y
lavado de dinero”.
Miguel Alejandro
Alonso Reyes jamás ha desempeñado una actividad empresarial, sin embargo, en su
declaración patrimonial, presentada con 4 años de atraso y ya casi para
finalizar su mandato —termina en septiembre—, manifestó poseer bienes por un
total de 20.7 millones de pesos.
Los convocantes a
la conferencia mostraron fotografías de los ranchos de las comunidades de
Malpaso y Machines (municipios de Villanueva y Zacatecas) cuya construcción y
remodelaciones denotan un valor mayor al expresado en la declaración del
gobernador Alonso.
Alberto Gaytán,
expresó que en el mismo Registro Público de la Propiedad está disponible la
información de 6 propiedades en exclusivos fraccionamientos de la capital
zacatecana. “Solamente el rancho de Malpaso cuesta más de 40 millones de
pesos”, señaló.
Además, dijo que
la hermana del gobernador, Lucía Alonso, tiene reportadas ante el Registro
Público de la Propiedad más de 17 propiedades: “¿De dónde sacó los fondos, si
ha sido funcionaria pública nada más”; también el marido, Eleazar Ávila Márquez
registra 15 inmuebles a su nombre; ¿de dónde les dio esa vocación
inmobiliaria?”, se pregunta el abogado Alberto Gaytán.
Señaló que cuando
Miguel Alonso Reyes era alcalde de la capital zacatecana se entregó en donación
un terreno a la Universidad Autónoma de Zacatecas, donación cuyo trámite Alonso
Reyes no protocolizó y “es ese el terreno que ahora comenzó el escándalo, pues
ahora pertenece a la hermana del gobernador y a su marido. Esto también se
documenta en la denuncia presentada ante la PGR”.
El abogado dijo
que también incluye la investigación sobre la inmobiliaria “Inmobar”, propiedad
de un sobrino del gobernador de nombre Diego Alonso, hijo de un hermano del
mandatario estatal, cuyo nombre es Juan Manuel. Empresa que ha participado de
manera irregular y gris en licitaciones de obra pública”.
Gaytán Espino y
Zaldivar hicieron un llamamiento a la procuradora Areli Gómez para que no se
deje sorprender por las maniobras mediáticas y legales de la familia Alonso
Reyes cuya vocación inmobiliaria no se ha limitado en esconder.