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junio 25, 2016

Informe rojo… ITESCO: Ricardo Orozco, apuesta por la violencia

* Rescinden contrato a catedráticos disidentes  * Agreden a alumnos y maestros que protestan  * Recula Reyes Peralta y no será fiscal anticorrupción  * Igual de manchado, Francisco Portilla  * Se quedó corta Rocío Nahle  * La denuncia contra Marcelo  * Debió exhortar a la PGR a determinar acción penal



Mussio Cárdenas Arellano | 25 junio de 2016
Tribuna Libre.- Le duele a Ricardo Orozco el poder perdido. No será diputado, no será alcalde de Minatitlán. Vuelve, así, por su feudo, el Itesco, enfrentado a la disidencia magisterial, a la rebeldía del alumnado que se resiste a ser carne de cañón electoral, a la que embiste con rasgos de violencia.

Destrozado en las urnas, en la piel la traición del gremio petrolero que lo arrojó a las fauces de Morena, Ricardo Orozco hace lo que mejor le va: torcer la ley, manipular la reglamentación, usar a sus títeres sindicales, a un director-marioneta, inocular odio en un sector de los alumnos que por una calificación ilegal actúan con instinto porril.

Del 5 de junio quedan recuerdos que atormentan. Lo acabó el voto de castigo, el repudio a un sistema profundamente corrupto, el rechazo al Cártel de Duarte que saqueó a Veracruz y heredó personajes sin prestigio, uno de ellos Ricardo Orozco Alor, ahijado del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, que para aspirar al triunfo usa al estudiantado en la promoción del voto a cambio de calificaciones de excelencia. y al final fue derrotado.

Sábese que sin el Itesco, Ricardo Orozco es nada. Ahí sus orígenes sindicales, su paso por la dirección, confabulado con Arturo Martínez Vega, el fundador que hoy mendiga una plaza para su mujer. Ahí el director de membrete, José Luis Sánchez Toral, útil mientras obedezca y desechado cuando deje de servir.

No es suyo el Itesco pero lo parece. Es de todos, del alumnado, de los catedráticos, del personal administrativo, del gobierno que suministra recursos, de los que no recibe cuentas, de Coatzacoalcos, de Veracruz. Sí, y vía la dirigente sindical a modo, Ana Isabel Hernández Jacobo, detenta el historial de cada trabajador.

Miércoles 22. Convulsa la mañana, le es sombría a quienes disienten. Llegan al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y en la puerta se termina el sueño. Les rescinden el contrato, les niegan el paso, los echan de la institución.

Pagan así su osadía de haber retado al cacique magisterial, director del Itesco espurio, director violando la normatividad pues siendo licenciado en derecho no cubre el perfil para estar al frente del plantel. Sólo quienes cuentan con una carrera afín a las que se imparten ahí, pueden acceder a la dirección. El Itesco no tiene entre sus asignaturas la Licenciatura en Derecho.

Arremete esa mañana contra los 70 catedráticos que lo desafían. Usa a la dirección del plantel y a la dirigencia sindical para consumar el golpe.

En respuesta, jóvenes y catedráticos despliegan una manta e inician una marcha de protesta, exhibiendo su repulsa a Ricardo Orozco Alor, la manipulación del Itesco, la perversidad para canjear calificaciones por trabajo electoral, la opacidad, la negativa a rendir cuentas, a explicar en qué bolsillo van a parar los millones de pesos que detenta el sindicato, la administración, la fundación. O sea, la sospecha de que hay un ladrón.

Metros adelante, lo alumnos de las calificaciones-fraude y un grupo de porros infiltrados en el contingente golpista intenta arrancarles la manta. Es el escenario de violencia que sugiere Orozco Alor para dirimir el conflicto, para sofocar la revuelta, para someter a quienes lo desafían.

Horas más tarde se dice ajeno a la fechoría. Le dice a la agencia Imagen del Golfo:

“Me enteré de lo que estaba pasando y así lo digo públicamente y de frente: en ningún momento estuve en el Tecnológico. Me dediqué hacer algunas gestiones y visité un medio de comunicación por la mañana y después me vine a la inauguración de Braskem. Sé de las decisiones que tomó el Director General, nombró nuevos jefes de carrera, subdirectores, director académico. Todo está dentro de sus facultades como director general”.

“Hablé con la líder sindical —agrega— preguntándole que si habían despedido algún maestro, porque  yo pertenezco al sindicato. Entonces ahí sí me preocuparía. Me comentó que ningún maestro ni administrativo sindicalizado está despedido, que todos están trabajando dentro de la institución. Seis administrativos de confianza fueron despedidos.

“Esto empezó desde el mes de mayo —precisa— cuando un servidor desgraciadamente o afortunadamente andaba por Minatitlán. Ellos empezaron a manejar políticamente el Tecnológico. El director, que es meramente académico, empezó a platicar con ellos. Estaba informado de lo que iba pasando. Siempre los llamó al diálogo, casos que hasta el subdirector administrativo firmaba por el director general. Entonces ya no había un respeto y cordialidad de trabajo. Siendo director general yo lo hubiera hecho también. Siendo director general y teniendo las facultades para poder cambiar, quitar o despedir algún trabajador de confianza, lo hubiera hecho. Nada más que el director dejó correr todo y hasta hoy fue que se decidió hacer las cosas.

“Los jóvenes intervienen —refiere— porque los jefes de carrera no le entregaban calificaciones a los estudiantes. Los muchachos debieron irse desde el pasado viernes que terminó el semestre. Los maestros debieron haber entregado calificaciones y ellos deberían de estar fuera. Lo hicieron el lunes, pasó martes, miércoles. ¿Por qué? Porque no soltaban a los jóvenes, porque era el escudo que tenían. Desgraciadamente ellos acusan a un servidor y a todos de que nosotros utilizamos a los alumnos, cuando los muchachos son utilizados por ellos. Entonces yo no sé qué es lo que tienen o de qué hablan cuando están haciendo o quieren hacer cosas que ellos solamente deciden. Ellos tienen retenido a los estudiantes, retenidos a través de las listas porque no han entregado calificaciones, nada más que legalmente hasta el martes se permitía subir calificaciones, el miércoles no debería de haber habido alumnado en las instalaciones.

“Hay algo que ahorita lo leí en internet —dice—. A veces digo que el 50 por ciento es mentira y el otro verdad. Decía que hay alumnos que no cursaron el semestre, pero que están apareciendo sus calificaciones pasadas, el reglamento y ahí está el director académico, dice que si tú no cursas el semestre sí puedes presentar los exámenes al final y si acreditas tienes derecho a pasar porque la educación en el tecnológico no es de que tienes que estar 100 por ciento en las aulas”.  

Es explosiva la demencia cuando le untan mala leche. Quien usa políticamente al alumnado es Ricardo Orozco. Lo envía a promover el voto. Le obsequia calificaciones de excelencia. Pacta y otorga 10 títulos universitarios a cambio de sofocar el conflicto provocado por el uso electoral de los alumnos del Itesco. Ahí está el audio que lo exhibe.

Maestros, alumnos, personal administrativo acudía a colonias de Minatitlán bajo la máscara de la fundación SUTITESCO, ofreciendo beneficios sociales. A cambio, en un formato obtenían datos personales de los beneficiarios y su número de credencial de electoral y la sección electoral. Eso es inducción al voto y es delito.

Hay otro audio en que el alumno Ángel Rivadneyra admite haber hablado con Orozco Alor sobre los títulos a cambio de abortar el movimiento. Eso es delito.

Con ínfulas de cacique —un minicacique que sólo tiene una regiduría en su haber político—, Ricardo Orozco dice ser ajeno a lo que ocurre en el Itesco, a la lideresa sindical, al director general. Otro audio exhibe que el control del plantel lo tiene él, y lo presume, que se ufana de ello, que sentencia que el poder se demuestra cuando impone a su sucesor y gobierna a través de ellos. Ana Isabel Hernández Jacobo es su títere, José Luis Sánchez Toral es el director-marioneta.

Uno y otro son claves en el mar de podredumbre en que se ha convertido el Itesco. Al gremio sindical no le rinden cuentas, inciertas las finanzas, los ingresos millonarios. A todos —maestros, administrativos, alumnos— no les revelan cuánto ingresa por concepto de cuotas escolares, pagos por titulación, rifas, sorteos, de los que no se sabe si los reportan a la Secretaría de Gobernación y cuando un premio no tiene número ganador, si lo remiten al gobierno.

Hay una joya en esa corona: los contratos con la industria, más de 100 millones de pesos que no ejecutó el alumnado, que fue subcontratado a diversas compañías, entre ellas a Copesa por un software para un diseño tridimensional.

Le responden catedráticos y alumnos en una carta abierta a la opinión pública:

“Es necesario que hoy levantemos la voz para hacer saber que nuestro trabajo cotidiano ha sido vulnerado y vulnerado. En aras el progreso de uno, hemos perdido la libertad de cátedra, de expresión y opinión, e inclusive nuestra dignidad e integridad como personas y profesionistas ha sido puesta en juego. Todo bajo la mano de Ricardo Orozco Alor, quien desde el interior, primero como secretario general del SUTITESCO, luego como Director General y posteriormente como aspirante a un cargo de elección popular, ha manipulado y abusado del poder, tanto del sindicato como de la Dirección General, decidiendo a su libre albedrío lo que él considera necesario para su beneficio personal.

“El miedo y la represión laboral han sido las armas principales que Ricardo Orozco Alor ha utilizado para mantener lo que él llama “el orden y control” entre los trabajadores y la comunidad estudiantil. No negamos que hemos tolerado este maltrato y coacción, pero el miedo a quedarnos sin un medio para llevar el sustento a nuestras familias nos ha ganado. Hemos visto a nuestra dignidad irse al suelo, y con mucha más tristeza hemos visto el desprestigio y la maledicencia en que nuestra casa de estudios ha caído. En el vox populi de hoy, no es extraño escuchar la mala imagen que alumnos y trabajadores del ITESCO tienen ante la sociedad. Se ha perdido la credibilidad y el respeto hacia nosotros  como trabajadores de la educación, que tanto esfuerzo nos ha costado”.

Nadie le cree a Ricardo Orozco, mercachifles de la educación. Ha golpeado, reprimido, amenazado, usado a los alumnos como porros, como grupo de choque, infiltrando provocadores entre su gente. Por el camino de la violencia, el miedo, que es lo único que le queda, pretende ahora retener el Itesco.

Quizá algo tenga que ver esa obsesión por las armas, su gusto por portarlas aunque con ello viole la ley.

Suya es, pues, la violencia. Es su obsesión.


Archivo muerto

Recula Jorge Reyes Peralta y no será fiscal anticorrupción. Aduce que quien llegue a la Fiscalía Anticorrupción “ya está descalificado a priori por el gobernador electo”. No todos, sólo los duartistas y fidelistas, como el Abogado del Diablo, que iría ahí a solapar las corruptelas de su patrón Javier Duarte. Su argumento es infumable, inconsistente, carente de razón, cuando horas antes exhibía sus iras contra Miguel Ángel Yunes Linares: “El Gobernador Electo ya enloqueció. Todo lo que hace el gobernador electo es por mí. Él teme que yo llegue porque desde luego hay averiguaciones de todos los partidos y de todos los actores políticos pero principalmente de él y de su núcleo familiar”. Se va sin haber llegado, sin contender, sin siquiera haberse registrado. Reyes Peralta arrastra la imputación ministerial que lo vincula con zetas, un caso de secuestro, una ayuda para cobrar un rescate, lo que expone y evidencia el reportaje “Córdoba, feudo zeta”, publicado por la revista Proceso, el 17 de noviembre de 2012. Y así quería ser fiscal anticorrupción… Llega, en cambio, Francisco Portilla Bonilla, operador duartista, miembro de la banda, marrullero y soberbio, para cubrir las trastadas de Javier Duarte. Renunció a la secretaría general del Congreso de Veracruz, su refugio tras perder la elección de diputado local en su Córdoba, cuya alcaldía ocupó dos veces, con una cauda de corrupción, acusaciones a granel, saqueo a las arcas vía constructoras afines, la mano generosa de Eugenia Castillo Blasco, cuya mano suscribía los cheques de gastos desorbitados en la Tesorería municipal. Es Francisco Portilla la nueva carta del gobernador de Veracruz para encabezar la Fiscalía Anticorrupción, valiéndole si viene manchado, si su alcaldía fue un escenario de corrupción… Arranca Etileno XXI con deficiencias, sin abasto de insumos, sin Enrique Peña Nieto, sin Javier Duarte. A la ceremonia en Nanchital acudieron el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwel, el secretario de Gobierno de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, y el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. Craso error del gordobés, que desdeña la megainversión brasileña de 5 mil millones de dólares en suelo veracruzano. Envió al inefable Flavino Ríos, y éste se lució con su declaración de que la Gendarmería Nacional que llegó a Coatzacoalcos y se fue de inmediato a Chiapas y Oaxaca. No acudió Javier Duarte, temeroso de que Yunes azul lo increpara, le recordara que lo va a encarcelar. Yunes Linares se placeó con Joaquín Condwell; con José Antonio González Anaya, director general de Pemex, alias El Matacoyotes, y la embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel. Ahí, se reencontró Yunes Linares con el alcalde Joaquín Caballero y refieren las crónicas que le reiteró que deben dialogar, el cabildo con ellos, sobre el tema de la inseguridad y la violencia. Caballero se resiste, sabedor que si irrita al gobernador de Veracruz, los cinco meses que le restan de mandato lo ahorcará financieramente… Se quedó corta Rocío Nahle. Sube una proposición con punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso federal, solicitando que la Sedesol informe qué acciones tomó contra Marcelo Montiel y su operador, Víctor Rodríguez Gallegos por el uso de los programas sociales con fines electorales, así como a la Auditoría Superior de la Federación, Comisión Nacional Bancaria, Secretaría de la Función Pública y PGR en torno a la manipulación de recursos sociales en Veracruz, que presumiblemente fueron a parar a las campañas del PRI. Se nutre de las denuncias del senador de izquierda, Alejandro Encinas, el ex candidato independiente al gobierno de Veracruz, Juan Bueno Torio, y el ex trabajador Pablo Ruiz Domínguez, que revelan el uso electoral de cinco programas federales. Hasta ahí todo bien. Cita el robo de los recursos de Sedesol, dinero de los beneficiarios, en cajeros automáticos de los bancos, programa de jornaleros agrícolas, empleo temporal, 3x1 migrantes y gestores voluntarios. Quiere saber qué ha hecho, por ejemplo, Sedesol para evitar que el dinero de los programas sociales se use sin mayor reparo para obtener votos para el PRI. Hasta ahí bien. Pero alguien le pasó una versión incompleta. La PGR ya terminó de integrar la averiguación previa a instancias de la denuncia presentada por el ex candidato del PRD a diputado por el distrito 30, Alejandro Gutiérrez Cabrera. Lo que pudo subir a tribuna la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, sería un exhorto para que la PGR realice su determinación y consigne el caso a un juez. Archivadas, las denuncias de Encinas, Bueno y Ruiz no se movían ya. Presentó la suya Gutiérrez Cabrera, enchinchó en diversas instancias y obligó a concluir la investigación judicial. Lo que le falta a la PGR es determinar. Y una vez hecho eso, a correr Marcelo, a correr Víctor Rodríguez, a correr Rosario Robles. Y hay otra en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en que también le resultará responsabilidad al frustrado cacique de Coatzacoalcos…


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