Hilario Barcelata Chávez | 21 junio
de 2016
Tribuna Libre.- Ahora es claro que
Javier Duarte estaba seguro de la derrota electoral que venía y es evidente
que, invadido por el pánico que le provoca la certeza del proceso penal en su
contra que interpondrá el gobernador electo Yunes Linares, diseñó con gran
cálculo, un conjunto de reformas a la Constitución, que tienen como propósito
debilitar la capacidad de defensa legal del nuevo gobernador ante los ataques
que seguramente ya le tienen preparados o que le podrían preparar los
funcionarios que Javier Duarte intentará dejar designados en cargos
fundamentales: el Fiscal, el Contralor General y el Fiscal Anticorrupción.
Javier Duarte parece confiar que con estas armas podría detener cualquier
embestida legal que atente contra su libertad
y su patrimonio mal habido. Veamos en qué consiste este retorcido
entramado legal.
1.- Eliminación
del Fuero Constitucional
Se reforma el
artículo 76º constitucional para eliminar la prerrogativa del Fuero
constitucional, al gobernador, a sus secretarios de despacho y a los
presidentes municipales, pero se mantiene como privilegio para los Diputados,
el Fiscal General del Estado, los Magistrados y el Presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.
Habrá quien diga
que esta reforma ha sido un reclamo social y que reducirá la impunidad de las
autoridades, pero en realidad no lo es tanto, porque carece de contenido y
alcances democráticos, por ser como es: tramposa y malintencionada. Diseñada
más bien como una emboscada para las futuras autoridades. Sólo de esa forma se
entiende por qué no se elimina también el fuero a los diputados, a los
magistrados y al Fiscal, los cuales seguirán disfrutando de un privilegio que
les garantizará impunidad. Por cierto, estos son los funcionarios que el actual
gobernador quiere dejar como herencia al próximo gobierno, para protegerse de
las acciones que éste emprenderá en su
contra.
El Fuero
constitucional fue creado para salvaguardar a los poderes del Estado, de
eventuales acusaciones y juicios sin fundamento o por arbitrariedad. En México
ha servido para que los funcionarios corruptos no vayan a la cárcel, por lo que
su eliminación es deseable, pero debe incluir a todos los funcionarios y a
quienes detentan un cargo de elección popular. Hacerlo de manera selectiva,
oculta una siniestra intención, porque eliminar el Fuero a punto de terminar su
gobierno y sin someterse él mismo a esa nueva circunstancia legal, hace de la
reforma de Javier Duarte una patraña que sólo confirma lo deplorable que es
como gobernador. Sin fuero, Javier Duarte ya habría sido acusado penalmente y
destituido como gobernador.
2.-Designación del
Contralor General del estado por el Congreso local
Se reforma el
artículo 33º constitucional (fracción XLII) para facultar al Congreso para
designar (con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados) al
Contralor General, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo.
Resulta evidente
que Javier Duarte intenta dejarle al nuevo gobierno un funcionario con poder
suficiente para obstaculizarle su labor y que responderá a los intereses del
gobierno que se va y no a los de la sociedad, por lo que, más que pensado para
vigilar el buen desempeño del próximo gobierno, un Contralor “heredado” en
realidad podría constituir un bastión de amenaza permanente para disuadir los
intentos de procesar penalmente a Javier Duarte y todos los que han sido
señalados por corrupción. Queda en evidencia también, la intención de
permitirle al gobernador Duarte, a como dé lugar, designar al funcionario que
requiere para esos fines, porque si el Congreso rechaza al que propuso, tendrá
el privilegio de enviar tantas propuestas como desee, hasta lograr que se lo
aprueben.
3.- Creación de la
Fiscalía Anticorrupción
Se reforma al
artículo 67º constitucional para crear la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, cuyo titular será nombrado por las dos terceras partes de los
integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública que éste
emitirá. Esta figura legal es indispensable para depurar la administración
pública del estado, y es muy positivo que se elija mediante convocatoria
pública y no a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el modo
en que está diseñado todo el proceso de elección de este funcionario, expresa
claramente la intención de dejar en manos de Javier Duarte y del Fiscal
General, su designación y su permanencia.
Por dos razones:
a) primera, el texto
constitucional señala que el nombramiento del Fiscal Especializado podrá ser
objetado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en cuyo caso se
procederá a un nuevo nombramiento, repitiendo el procedimiento. Esto significa
que el Gobernador Duarte podrá objetar tantas veces como quiera al funcionario
elegido por el Congreso, hasta que sea elegido uno que le garantice impunidad.
Esto no sólo es cuestionable por el privilegio que le concede, sino que además
representa una desproporción y desequilibro de poder muy grande, impropio en
una ley, porque una decisión caprichosa, arbitraria y sin fundamento, podrá más
que la decisión del Congreso basada en un concurso público en donde se
valorarán las capacidades profesionales y éticas de quienes deseen obtener el
cargo.
b)Segunda, el
texto constitucional establece que el Fiscal Anticorrupción podrá ser removido
por el Fiscal General del Estado. Nuevamente una desproporción y desequilibro
de poder. Lo correcto sería que sea el Congreso a quien corresponda juzgar el
desempeño del Fiscal Anticorrupción y si lo amerita, destituirlo, porque es la
autoridad que le dio el cargo. Que lo pueda remover el Fiscal General no sólo
le concede un poder excesivo a un funcionario del Ejecutivo frente al Poder que
representa la soberanía popular. Esto significa que si en la designación del
Fiscal Anticorrupción se elige a un funcionario que en la práctica resultara
“incómodo” al gobernador Duarte, aún le quedará la opción de ordenar al Fiscal
que destituya a dicho funcionario. Claro, el texto constitucional prevé que
esta destitución podrá ser objetada por las dos terceras partes de los
integrantes del Congreso del Estado, pero en las actuales condiciones de
control que ejerce el Gobernador Duarte sobre el Poder Legislativo, resulta
razonable pensar que esa objeción no existiría.
4.- El –Comité
Coordinador Anticorrupción
Queda pendiente
dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir la legislación en materia
local anticorrupción e instalar el Comité Coordinador Anticorrupción, que
instaurará el Sistema Local Anticorrupción y que estará integrado, entre otros,
por el Fiscal Anticorrupción y el Contralor General, el titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y el del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, funcionarios en cuya designación ha intervenido directa o
indirectamente el actual gobernador, por lo que dicho Comité quedaría bajo su
control o al menos le servirá como medio de contención para el proceso penal en
su contra que ya está a punto de llegar.
Dr. Hilario Barcelata Chávez
Coordinador
OBSERVATORIO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
FACULTAD DE ECONOMÍA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Av. Xalapa s/n, esq. Av. Avila Camacho.
91020, Xalapa, Ver., México.
(52) (228) 8 42 17 00 Ext. 14222
ofp@uv.mx