Xalapa,
Ver. | 27 julio de 2016
Tribuna Libre.- Seis meses después
de que la policía de Veracruz golpeara a un grupo de ancianos que protestaban
por la falta de pago de sus pensiones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
concluyó que las autoridades de esa entidad violaron las garantías individuales
de los adultos mayores, a quienes el gobierno de Javier Duarte dejó de pagarles
su jubilación desde 2015.
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La Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, encabezada por Namiko Matzumoto
Benítez, omitió manifestarse en torno a la represión policial emprendida contra
pensionados el 23 de diciembre de 2015 –aunque éste fue el motivo original de
la queja presentada ante la CEDHV–, pero, a través de su recomendación 16/2016,
sí concluyó que el gobierno de Javier Duarte violó el derecho a la protección
de personas adultas mayores y el derecho a la seguridad social, al retener los
pagos a jubilados y pensionados desde el año pasado.
La queja ante el
órgano estatal encargado de la protección a los derechos humanos fue interpuesta
por 707 derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz,
aunque el número real de afectados es mucho mayor.
El gobierno de
Duarte tiene 15 días para pagar
Según estadísticas
del mismo Instituto de Pensiones de Veracruz, 28 mil 987 personas en el estado
tienen derecho a esta prestación, a todas las cuales se les retuvo o suspendió
el pago de la pensión, uno o más meses, en el periodo que corre del año 2015 a
la fecha.
De hecho, para
julio de 2016, al menos mil 400 adultos mayores o personas con incapacidad
laboral permanente seguían sin recibir la pensión a la que tienen derecho, tal
como reconoció el mismo gobierno de Javier Duarte. Por ello, aunque la queja
por la retención de pensiones fue interpuesta sólo por 707 afectados,
La Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz exigió al gobierno de Duarte que el
aporte económico se regularice no sólo para los 707 afectados que promovieron
la queja, sino para todos aquellos que desde 2015 han sufrido retrasos o
retenciones en el pago de su pensión.
La CEDHV, además,
exigió que se tomen las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan
jamás, ya que “el derecho a recibir una pensión implica, necesariamente, que
ésta sea pagada en tiempo y forma”, por lo que “resulta inaceptable que (en
Veracruz) existan retrasos injustificados en el pago hacia aquellos que deben
gozar de un trato diferenciado y preferente”.
Según el Instituto
de Pensiones de Veracruz, la retención de pensiones es culpa de la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado, organismo que admitió el hecho, sin
mayores explicaciones.
Por esta razón, la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio un plazo de 15 días hábiles para
que el gobierno de Javier Duarte libere los fondos retenidos a los adultos
mayores y a las personas con incapacidad laboral permanente, quienes tienen
derecho a una pensión.
De no cumplir con
este plazo, se advirtió, “esta Comisión Estatal estará en posibilidades de
solicitar su comparecencia ante el Honorable Congreso del Estado de Veracruz”. www.revistarepublica.com
