José Miguel Cobián | 26 julio de 2016
Tribuna Libre.- Cuando me enteré de que un
despacho de la ciudad de Puebla obsequiaba los amparos en contra del proyecto
de cambio de destino del impuesto del 3% a la nómina traté de analizar –a pesar
de ser parte interesada- si era correcta o no la actitud de los empresarios, y
cuál sería la razón de su participación en dicho amparo, que al final no llegó
a buen término, pues se buscaba evitar que la legislatura lo aprobara. Cabe aclarar que hay otro en curso buscando
el rechazo al cambio y ubicar como inconstitucional dicho cambio.
De entrada me llamó la
atención que esos mismos empresarios que hoy se amparaban, a lo largo de las
modificaciones que realizó primero el gobernador Fidel Herrera y posteriormente
el gobernador Javier Duarte, no se opusieron, salvo verbalmente en reuniones de
contertulios. Ahora que saben que el
próximo gobernador será Miguel Ángel Yunes, se sintieron en confianza para
mostrar judicialmente su oposición.
Me cuestionaba en lo
personal, pues no acababa de entender el porque unos empresarios de cámaras de
comercio o industria se oponían a dicho cambio, que a fin de cuentas iba a
beneficiar a sus pares, ya que serían empresarios de las cámaras de comercio e
industria los que al fin recibirían su pago en un plazo no mayor a cuatro años. Investigué con varios de ellos y las
respuestas fueron desde defender al próximo gobernador (como si necesitara que
lo defendieran), hasta lo presuntamente ilegal de la medida, y paso a explicar:
El primero me dijo que si él
fuera a recibir el estado, no le gustaría que el dinero del 3% se utilizara
para pagar adeudos atrasados, sino para realizar obra pública y como garantía
de prestamos para las Pymes, como originalmente se había establecido el uso de
dicho impuesto, cuando era del 2%.
Esta respuesta me pareció divertida, pues Miguel Ángel se va a convertir
en el hombre más poderoso del estado en unos cuantos meses, y no necesita que
alguien lo defienda, y menos con un amparo que de antemano se sabía
perdido. Ya sabrá que hacer el próximo
gobernador, pues entre sus facultades está la de derogar dicho impuesto
–dejando sin objeto los fideicomisos creados- y en su caso crear algún otro que
lo sustituya pero no tenga un destino ya predeterminado en la gubernatura
anterior.
Otro empresario me comentó
que le parecía incorrecto que un impuesto se utilice para pagar deudas, ya que
su destino debe de ser distinto a ese, y que sería fácil echarlo para atrás,
con lo cual se perdía la garantía supuestamente generada con el cambio de
objeto de dicho impuesto para los actuales acreedores. A él le contesté que en lo personal yo
prefiero que a todos los empresarios que nos deben dinero el gobierno nos lo
paguen en cuatro años, y no perderlo para siempre.
Quise resaltar que si bien
es cierto que puede haber deudas infladas e incorrectas por operaciones no
realizadas o generadas con el fin de beneficiar a algún conocido. La mayoría
(si no es que todas) las deudas que se establecen en los fideicomisos, son
deudas reales, causadas en el ejercicio normal de gobierno. Y todavía el gobernador electo no se ha
pronunciado informando que pagará dichas deudas, por lo cual los acreedores del
estado tememos que simplemente las desconozca y sea imposible cobrarlas, con el
prejuicio consiguiente para empresas y trabajadores, e incluso para la propia
economía del estado.
En esa discusión estábamos y
me pregunta el mencionado empresario que es lo que yo propondría. Le dije que en principio, Miguel Ángel tiene
la inteligencia, capacidad y equipo de colaboradores, para poder diferenciar
entre las deudas reales, y aquéllas que pudieran no serlo. Que sería muy interesante investigar los
adeudos y reconocer los que lo son en realidad, pues aquéllos que no lo sean,
podrían llevar una hebra en dirección a algunos pagos realizados de manera
incorrecta. Y sobre todo, si la
supervivencia de empresas y de empleos depende de que esas deudas se liquiden,
es muy importante encontrar mecanismos para ello.
Inmediatamente brotó la
queja, de que así pensaba yo porque a mi me debe una pequeña cantidad el
estado. La respuesta fue contundente. No
hablo por mí, imagina lo que empresas pequeñas con cobros pendientes de menos
de un millón de pesos sufren si no se les liquidan los adeudos. Imagina los
beneficios para la economía de Veracruz si se pagan dichas deudas, y las
empresas recuperan su ímpetu (obvio, las empresas que ahora sufren por falta de
liquidez por no haber recibido sus pagos a tiempo).
No es posible pensar que
todas las empresas que le vendieron algún bien o servicio al estado, y aquéllas
que le proporcionaron algún bien en arrendamiento son falsas, u obtuvieron
ganancias estratosféricas. Si ese fuera
el criterio, habría que medir con el mismo rasero a las empresas que le venden
a la federación y a los ayuntamientos.
Siendo el gasto público un
motor de la economía, el sólo pago de esos adeudos de gasto corriente,
generaría una mejoría significativa en la ya de por sí decaída economía
veracruzana. Por ello, me suena muy rara
la oposición de los empresarios aunque como ya lo expresé arriba, hay razones
algunas más válidas que otras para el rechazo del cambio de uso del impuesto a
la nómina que jamás se ha usado para lo que fue creado. Entiendo perfectamente
la oposición de los diputados del PAN y del PRD, e incluso la misma oposición
del gobernador electo. Ellos tienen sus
razones desde su perspectiva.
A los empresarios que se
oponen, a las cámaras de comercio e industria, a los diputados hoy de oposición
y al gobernador electo les pediría que si se oponen a dicho cambio o si lo van
a revertir a partir del 1 de diciembre, le ofrezcan a todas esas empresas
mexicanas y veracruzanas alguna alternativa para lograr recuperar lo que en
derecho les pertenece. Y también para
seleccionar el trigo de la paja y sancionar a la paja.
Por eso, titulé esta
colaboración ¿Qué es lo correcto? Y es lo que le pregunto a usted amable
lector@
