*Ante las denuncias de los municipios de Villa
Aldama y Tamalín a sus administraciones 2011-2013, el Congreso aprobó que el
Órgano de Fiscalización reabra los expedientes y en caso de irregularidad la
Fiscalía deberá emitir la sanción.
*Respecto a la intervención de la tesorería de
Banderilla en próximos días se darán a conocer los avances.
Xalapa, Ver. | 27 julio de 2016
Tribuna Libre.- Será el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) quien emitirá el dictamen técnico
derivado de la denuncia que presentó la actual administración del municipio de
Villa Aldama respecto a presuntas obras inconclusas en el periodo 2011-2013,
informó el diputado Francisco Garrido Sánchez, quien añadió que de encontrarse
irregularidades será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien proceda con la
sanción penal o administrativa.
El presidente de
la Comisión Permanente de Vigilancia explicó que el 21 de julio pasado el Pleno
del Congreso de Veracruz aprobó la realización de revisiones financieras a los
ayuntamientos de Villa Aldama, Tamalín y Banderilla.
En el caso de
Banderilla está intervenida la Tesorería para revisar el ejercicio del gasto
2016 porque hay una presunción de desvío de recursos federalizados, afirmó
Francisco Garrido, quien expuso que en los próximos días la Secretaría de
Fiscalización deberá presentar un informe sobre los avances obtenidos.
La actual
administración de Villa Aldama no estuvo satisfecha con el resultado de la
Cuenta Pública del periodo 2011-2013 en relación a la obra consistente en el
equipamiento del pozo profundo y un tanque elevado, así como la construcción
del Sistema Múltiple para la congregación de Cerro de León; ante ello, añadió,
procedió a una denuncia ante la FGE y este órgano solicitó al Congreso la
autorización para que el ORFIS abra los expedientes en mención.
El Pleno también
aprobó que el ORFIS practique una revisión a los expedientes de la
administración 2011-2013 del Ayuntamiento de Tamalín a efecto de dar
cumplimiento a la denuncia de la actual administración. En este caso es revisar
si hubo o no omisión en la entrega de documentos obligatorios a fin de
determinar si hay o no daño patrimonial en la hacienda pública municipal.
El legislador
Francisco Garrido advirtió que de encontrarse alguna irregularidad en
cualquiera de estos casos deberá sancionarse a quien lo haya cometido.
Si resulta tal y
como lo denuncian los ayuntamientos, primero tendrán que concluirse las obras
que estén pendientes y en su momento emitir la sanción penal o administrativa,
“pero esto lo hará la Fiscalía, el Congreso únicamente aprobó reabrir los
expedientes”.
