* Indaga PGR en registros catastrales * 69 allegados en la mira * El pobre es él, no los parientes * Declaración de bienes a toro pasado * Iván Hillman provoca veto de Conagua a
Veracruz * No comprueba gastos por mil
500 millones * Caso Tamayo: CIDH también
exige justicia * ¿Y la Fiscalía regional
en Coatza?
Mussio Cárdenas Arellano | 29 julio de 2016
Tribuna Libre.- Una fibra derrumba
al tirano: la familia. Ahí pega la PGR. Va por la esposa y la suegra, la madre
y el hermano, el concuño y el primo, la red de prestanombres que fueron
forjando la fortuna descomunal —y en tiempo récord— de Javier Duarte.
Va por 69 personas
físicas y morales, los allegados, el círculo rojo del gobernador de Veracruz,
los que de la nada se erigieron en acaudalados, por sus manos los millones y
las mansiones, potentados con ranchos y chalets, dueños de condominios en
edificios de superlujo.
Mal día para
Javier Duarte. Lo sacude Reforma
—miércoles 27— con una revelación que esta vez no puede eludir: la
Procuraduría General de la República indaga entre la familia y los amigos
cuantos bienes poseen y cómo los pudieron adquirir.
Hurga la PGR en la
base de datos de la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz.
Quiere establecer cuanto tenían antes de asaltar el poder y cuanto detentan en
los últimos días de Javier Duarte como desgobernador.
Requiere
información catastral, los registros de Karime Macías Tubilla, su esposa; María
Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su suegra; Cecilia de Ochoa Guasti, su madre, y
Daniel Duarte de Ochoa, su hermano, el círculo que más duele… si es que algo le
duele a Javier Duarte
Va por José
Armando Rodríguez Ayache, su concuño, el de los departamentos, junto con su
esposa Mónica Macías Tubilla, en la Torre Pelícano, en Boca del Río, y ella con
una casa en Woodlands, Texas, el paraíso en el que quieren disfrutar de lo
obtenido en su paso por el poder en Veracruz.
Rastrea la PGR los
bienes de Jorge Fernando Ramírez Tubilla, primo político del gobernador, primo
hermano de Karime, ex subsecretario de Ingresos y ex procurador fiscal del
gobierno de Veracruz, su nombre en una casa de Maricopa, Arizona, Estados
Unidos, que disfrutan los Duarte-Macías.
Se integra todo en
el expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016, radicado en la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, donde también
solicita la documentación catastral de dos equipos de beisbol: los Cafeteros de
Córdoba y los Rojos del Águila de Veracruz.
Detalla Reforma:
“El 5 de julio el
gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus
abogados sumaron dos acusaciones en contra del mandatario Javier Duarte por
desvío de recursos públicos. Una en la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y
otra ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por evasión fiscal.
“La primera
denuncia está relacionada con información sobre la red de operadores de Duarte
para desviar del erario recursos en la compra de bienes en el país y en el extranjero.
“En tanto, la
segunda se basa en información que detalla una lista de 22 ‘empresas
fantasmas’, que fueron creadas al inicio de la Administración de Duarte para
justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.
“La PGR investiga
además propiedades en Veracruz de funcionarios como José Antonio Chara Mansur,
delegado federal de la Secretaría de Economía y a quien en la denuncia se le
vincula con 13 propiedades en Woodlands, Texas; Octavio Manuel Ruiz Barroso,
edil de Alvarado y Gerardo Bonilla Suárez, encargado del Velódromo de Xalapa”.
Sigue Reforma:
“La Procuraduría
General de la República (PGR) indaga los antecedentes catastrales de 35
empresas de Veracruz, entre ellas, los equipos de beisbol Cafeteros de Córdoba
y Rojos del Águila de Veracruz”.
Cita a los Mansur,
los que están en el gobierno y los que están fuera de él. Y los tilda de
testaferros. Habla de las 25 propiedades con valor superior a los 3 mil
millones de pesos, a las que se refiere Yunes azul en sus denuncias.
“Yunes asentó en
la denuncia —agrega Reforma— que Moisés Mansur Cysneiros, es socio de la
Inmobiliaria Cartujano y que ha construido algunos de esos inmuebles.
“En esa solicitud
de información, figuran 35 empresas que van desde inmobiliarias, hasta tiendas
deportivas, de frutas y verduras, autotransportes, refacciones y de
gasolineras.
“Por ejemplo, la
PGR quiere conocer los antecedentes catastrales del equipo Cafeteros de
Córdoba, que resurgieron en 1972 cuando Chara Mansur llevó a esa ciudad la
franquicia de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) para el cual se construyó el
estadio ‘Beisborama’.
“Actualmente ese
equipo juega a nivel estatal y lo encabeza José Antonio Mansur Beltrán.
La PGR también
quiere la misma información de los Rojos del Águila de Veracruz, que es parte
de la LMB.
“Sus directivos
son José Antonio Mansur Galán y Jean Paul Mansur Beltrán, quienes también son
parte de la lista de la investigación federal FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales”. O
sea, la red de prestanombres de Javier Duarte.
“Otras empresas
—agrega Reforma— de las cuales la PGR solicitó antecedentes catastrales son
Frutas y Verduras Asépticas (Fyver) asentada en Coatzacoalcos desde 2005 (de
Tony Macías, el suegro incómodo de JDO); Hidrosina Plus; Contreras y Janeiros
SC, firma de abogados especializados en las materias fiscal y administrativa; y
Mansur Sports, asentada en Córdoba.
“En la relación de
propietarios de los inmuebles atribuidos en la denuncia de Yunes contra Duarte,
sobresalen 13 en Woodlands, Texas, a nombre de José Antonio Mansur Beltrán,
quien es delegado de la Secretaría de Economía en Veracruz.
“Con esto, la PGR
no sólo requirió la información catastral de José Antonio Mansur Beltrán sino
de Mónica Patricia Mansur Beltrán; el empresario Nisim Mansur Cohen, Lucía
Patricia Beltrán Sánchez, José Antonio Ruiz Bandín; José Juan Janeiro Rodríguez
(socio de Contreras y Janeiros SC); José Manuel Ruiz Falcón, y David Alejandro
Osorio Aguirre”.
Sabíase de las estrecheces
familiares, unos sin empleo, otros trampeando para sobrevivir, alejados de la
vida de opulencia que sólo dan los golpes de suerte, la herencia desbordada o
los años de trabajo a todo vapor.
Sabíase de la
medianía económica antes que Javier Duarte fuera gobernador, incluso en los
días en que era secretario de Finanzas de Fidel Herrera Beltrán, su mentor e
impulsor.
Y hoy, los
familiares, los amigos, son millonarios. ¿De dónde, cómo, cuándo tropezaron con
la diosa fortuna?
Desatado el
escándalo, admitida la existencia de la indagatoria por parte de la PGR, se
asume Javier Duarte como un gobernador único, de uña corta, si acaso 2 millones
de pesos en su haber, joyas que son herencia de la abuelita de Karime Macías,
dos casas, una con valor de 700 mil pesos y otra por un millón. Nada más.
Da show el
gordobés. Convoca a la prensa y ahí, frente a todos, en palacio, muestra su
declaración de bienes, a toro pasado, documentos en mano, expiando culpas, como
si el agravio se extinguiera con rollo, llevando a Veracruz a la quiebra y al
miedo social.
“En los últimos
meses se ha suscitado una campaña de desprestigio con mentiras, calumnias y
difamaciones en contra de mi persona y mi familia. Las motivaciones han sido
evidentes: son de carácter político-electoral y estaban destinadas a crear una
estrategia mediática comprendida en diferentes etapas y así lo entendí; por
ello evité contestar en aras de no interferir en el proceso electoral que se
estaba desarrollando, y porque además las acusaciones me parecían ridículas y
fuera de lugar”.
Pero lo ridículo
lo hace hablar. Celebra, dice, que la PGR indague, le dé curso a las denuncias
de Yunes Linares y “exijo a la Fiscalía General del Estado (FGE) actuar con
toda puntualidad y que desahogue la investigación iniciada a petición del
presunto gobernador electo por la existencia de supuestos prestanombres, y que
mida con la misma vara de justicia a todos por igual.
“De igual manera,
le exijo determine las investigaciones que obran en su poder por los delitos de
peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra de Miguel Ángel
Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez. Que mida con la misma vara de la
justicia a todos por igual. Estoy seguro que la intervención de la PGR dará
certeza a este tema. La verdad nos hará libres”.
Preconiza el gober
que él, por si no lo saben, es casi pobre. Acumula una ridícula fortuna
mientras a Karime, la suegra, la mamá, el hermano, el concuño y el primo, los
amigos, los empleados, los socios, les va mucho mejor.
Lo que Javier
Duarte no les dice a sus familiares es que él, pobre como es, no tiene nada que
esconder. Ellos sí.
A los familiares
los cerca la PGR por la súbita fortuna que ostentan, por el uso de recursos de
procedencia ilícita, por su explosivo enriquecimiento, por el origen del dinero
que detentan, por los documentos que los incriminan.
Él, bien. Ellos
algo tendrán que explicar.
Quizá Javier
Duarte la libre. Su familia no.
Los trabó.
Archivo muerto
Por omiso,
negligente, por no comprobar el uso de recursos, Iván Hillman llevó a Veracruz
a la condición de “entidad inelegible” para recibir los millones de Conagua. No
hubo en 2016 inversión en obras de agua, drenaje y alcantarillado. Y el
Terrible Iván dejó de comprobar el uso de mil 500 millones de pesos. Le imputan
al ex alcalde de Coatzacoalcos supuestas irregularidades en los programas Apazu
y Prossapys, que son los dos únicos programas federales que realiza la Comisión
Nacional del Agua. Con ello se frenaron
construcciones ya iniciadas, en el 2014 y 2015, y fueron canceladas gestiones
para 2016. Lo revela el asesor de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en
la Cámara de diputados, Manuel Sánchez Giles, y lo difunde La Jornada Veracruz,
en a pluma de Fernando Inés Carmona. “El delegado de Conagua no comprobó el uso
de recursos económicos federales que se destinaron para el estado de Veracruz,
dinero que se debió aplicar en diversas obras de agua, drenaje y alcantarillado
en aquellos municipios del estado que gestionaron los recursos”, precisa Sánchez
Giles. Explica que el veto a Veracruz en 2016 también se atribuye a la falta de
comprobación de gastos, “así como del cierre de ejercicio y todo esto es
responsabilidad del director general del organismo de Cuenca Golfo Centro de
Conagua, Iván Hillman Chapoy, así como del director de agua y saneamiento de la
misma dependencia, Carlos Ignacio Alonso Zúñiga. Es un dinero que no se
comprueba en qué se utilizó”. Es crónica la desfachatez de Iván Hillman. Siendo
alcalde de Coatzacoalcos ejerció 2 mil millones de pesos. Nadie sabe en qué los
invirtió. Su obra es fantasmal, intangible. Y ahora, una década después, vuelve
a las andadas. Provocó que Veracruz fuera vetada por la Conagua, por no
comprobar en qué aplica los millones que pasan por sus manos. Habría qué
empresas realizan obra en gestión, algunas de Coatzacoalcos, especializadas en
inflar montos y estimaciones. Habría que ver el derroche sin comprobación.
Habría que ver la relación laboral con los empleados. Ahí hay pus… Para Pedro
Tamayo, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide justicia.
Su Relatoría Especial destaca que el periodista se hallaba bajo las medidas
cautelares del gobierno de Veracruz, “medidas extraordinarias de protección”. Y
aún así el asesinato ocurrió. No protegió a Pedro Tamayo Rosas, corresponsal de
El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político en Tierra Blanca, el Sistema de
Alerta Temprana y Planes de Contingencia. Expresa la Relatoría Especial de la
CIDH “su profunda preocupación por el aumento de la violencia contra
periodistas en México, que se expresa en el incremento de la cifra de
asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían estar
vinculadas al ejercicio de la profesión”. Son ya ocho días. Nada se sabe de los
asesinos. Nada se advierte en torno a los policías que realizaban rondines en
torno al hogar, o a los que llamaron a la ambulancia proporcionando un
domicilio distinto al lugar donde ocurrió el crimen, o a la patrulla que
interceptó al taxi en que viajaba un hijo de Pedro Tamayo tratando de darle
alcance al vehículo en que huían los sicarios. Van ocho días, condena el crimen
la UNESCO y la Relatoría Especial de la CIDH, protesta la prensa crítica, se
indigna la sociedad, lloran sus deudos, y la impunidad sigue inalterable, los
criminales protegidos e intocables… Nada camina en la Fiscalía General. O sí.
Si acaso el show de “Culín”, sus alardes, el ego y los reflectores, pero de
justicia ni hablar. Ni quien confíe en la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro zona sur, ubicada en Coatzacoalcos, la llamada Unidad de Extorsión,
que no resuelve secuestros y cuando ocurren suele llegar a los domicilios de
los familiares cuando, se supone, nadie sabe aún nada. Luis Ángel Bravo
Contreras, alias “Culín”, presume instalaciones nuevas para la Fiscalía
Regional, en Coatzacoalcos. Las recorre. Trasciende que el arrendador es el
diputado García Bringas. Se le da amplia difusión. Y todo sigue igual. Ni
instalaciones ad hoc ni justicia para la sociedad. Todo es un embuste…