* Descartó a 21 aspirantes y apuntaló a
Portilla * Reculó al final * ¿A favor de la Sala Pro-corrupción? * Lupe Porras quiere ser magistrada
anticorrupción * Las presiones de
Ciro * Cambios en Observatorio
Ciudadano * Brenda quiere un coyote para
Etileno * No llega la Gendarmería * A Peña y Duarte les vale.
Mussio Cárdenas Arellano | 05 julio
de 2016
Tribuna Libre.- Cambia, engaña,
miente. Camaleónica, Mónica Robles de Hillman ensalza y golpea, adula y
traiciona. Así apuntaló a Francisco Portilla, descartó a 21 aspirantes a
fiscal, lo encumbró, destacó su perfil —“el mejor”— y en el último lance reculó.
Pregona que se
abstuvo de votar, de convalidar el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla
como fiscal anticorrupción, el alfil de Javier Duarte para conformar la burbuja
de impunidad que le evite parar en prisión, porque era priista y había sido funcionario
duartista.
¿Y eso no lo supo
desde el principio?
Dice la diputada
por Coatzacoalcos que Portilla Bonilla tenía el mejor perfil pero que no era
autónomo y de ahí que no suscribiera el dictamen de la Comisión Permanente de
Procuración de Justicia, aunque éste pasara con el voto de Marcela Aguilera
Landeta y Gustavo Gudiño Corro y luego fuera congelado. No era autónomo.
¿Y eso no lo supo
al arrancar la pasarela de aspirantes?
“El perfil del
licenciado Portilla —precisa Mónica Robles—, sin duda es el mejor de los que se
presentaron. Sin embargo, yo consideré que no cumplía con un principio, que
aunque no estaba considerado en la convocatoria, sí forma parte del espíritu
del Sistema Nacional Anticorrupción, del cual deriva el estatal, que es el principio
de autonomía”. Ajá.
Diría que Portilla
Bonilla es un funcionario “extraordinario”, el perfil idóneo, el fiscal
anticorrupción que Veracruz merece: procurador de justicia, alcalde, diputado,
subsecretario de Gobierno, secretario general del Congreso, notario.
Le faltó contar
que lucra con el sistema, su hijo incrustado en la nómina del gobierno de
Veracruz, “aviador” en la Secretaría de Finanzas, a las órdenes del
subsecretario de Ingresos, en 2012, como lo revela la periodista Claudia
Guerrero, autora de la columna Entre lo Utópico y lo Verdadero.
Le faltó citar que
siendo alcalde de Córdoba le llovieron reclamos por corrupción en el área de
Comercio y señalamientos por manipular contratos de obra pública.
Le faltó detallar
que trafica influencias, espacios para sus amigos y protegidos, un cargo en la
Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, otro en Espacios Educativos.
Para Mónica Robles
es “el mejor” y “Paco Portilla” es “extraordinario”. Pero resultó que es
priista, fue funcionario de gobierno y no es autónomo. Y aunque ese requisito,
el de la autonomía, no lo menciona específicamente la convocatoria, lo tronó.
“Puede generar
conflicto de intereses y eso lo hace inelegible, aunque no está establecido así
en la convocatoria. El proceso fue totalmente legal, apegado a lo que se
estableció, pero este tema de la autonomía, a mi parecer es fundamental y por
eso es que no firmé el dictamen”, dice.
Habla y refleja
que su mente es un galimatías, el caos que emerge del golpe de timón que abortó
la imposición de Portilla Bonilla en la Fiscalía Pro-Corrupción, uno de los
engranajes del paquete de impunidad que haga inmune a Javier Duarte a las
amenazas de Miguel Ángel Yunes Linares de enviarlo a prisión por el saqueo a
las arcas del gobierno de Veracruz.
Véase el show de
las palabras, circo de ideas, en tres pistas el caos de la diputada Mónica
Robles:
“Si ‘Paco
Portilla’, es el mejor perfil, ‘lo cierto es que justamente el diseño
institucional el darle autonomía a la fiscalía el que duren con periodos que no
coincidan con el del gobernador, le va a dar a cualquiera que esté ahí la
autonomía para hacer bien su papel, ya nos corresponderá a nosotros como ciudadanos
discutir que cumpla bien con su papel’ ”.
Eso decía antes
que la revuelta de los veracruzanos en las redes sociales, la presión de la
prensa nacional, la descalificación de Carolina Monroy, lideresa nacional del
PRI, lo alejara de la cúpula de su partido, obligaran dar marcha atrás y
desechar a Portilla Bonilla
A lo largo de
semanas, 22 aspirantes a fiscal anticorrupción pasaron por el Congreso.
Entregaron documentación, afianzaron su propuesta, cabildearon, sus padrinos en
el círculo duartista, los fidelistas pujando por el cargo desde el cual atarían
de manos al próximo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.
A la Comisión de
Procuración de Justicia llegó el contingente de aspirantes y de los 22 fueron
descartados 14. Portilla Bonilla seguía ahí, en el ánimo de Mónica Robles,
Aguilera Landera y Gudiño Corro, pese a no ser “autónomo”.
Hubo un período de
entrevistas. Los evaluó la tríada de diputados, sus alcances ahí, sus conceptos
sobre la impunidad ahí, un show en el que la mayoría de las propuestas eran
bazofia porque de lo que se trata es de que la acción de la justicia no llegue
al gobernador de Veracruz saliente.
Sabíase de
antemano que la Fiscalía Anticorrupción sería para Portilla Bonilla, ligado y
servil a Javier Duarte, un tiempo subsecretario de Gobierno, operador en
Córdoba en los días en que Javier Duarte fue inventado como diputado federal,
en 2009, el cargo que le permitió al gordobés contar con el requisito interno
del PRI para llegar al gobierno de Veracruz.
Quedaban en el camino
Martín Lozano Sánchez, Dulce María Romero Aquino, David Ambrosio Molina
Vázquez, Juan Fidel Medina Martínez, Deckar Israel Hernández Soto, Carlos
Vidarte Fernández, Pedro de Jesús Ocampo Trujillo, Eduardo Valdés Hernández,
León Vladimir Hernández Ostos, Ángel
Muñoz Ocampo, Pablo Murrieta Serrano,
Arturo Miguel Chipuli Castillo, Tomás Cristóbal Cruz y Julio Cesar Sosa Miros.
Ocho se ajustaban
a los términos de la convocatoria y serían entrevistados el 28 de junio:
Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Manuel Gerardo Basilio
de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini, Gustado Adolfo Payán Meza, Ana
Luz Herrera Hernández, Francisco Portilla Bonilla y Juan Manuel Herrera Sosa.
Así hasta el 30 de
junio. Ese día, presionado por la sociedad de Veracruz, distanciado del PRI
nacional, cuya presidenta Carolina Monroy lo tildó de falto de ética por
confeccionar un paquete de impunidad, tenso el ambiente político por la
agresión a Yunes azul a las puertas del Congreso estatal, Javier Duarte dio
marcha atrás.
Tuvo entonces
Mónica Robles que justificar el revire. Y dijo que Francisco Portilla Bonilla
no reunía el requisito de autonomía.
Lo descubrió la
mañana del 30 de junio, cuando el tema de la Fiscalía Anticorrupción fue
retirado de la orden del día.
Mañosa, tramposa,
Mónica Robles invocó un requisito que no aparecía en la convocatoria a la que
ciñeron los 22 aspirantes a fiscal.
“Al haber sido
funcionario publico de la administración estatal tan reciente, en 2015, eso lo
hace que no tenga ese principio, que aunque no está establecido en la
convocatoria si está establecido en el sistema nacional”, refiere Mónica Robles
a la Agencia AVC.
Comulga Mónica
Robles con el paquete de impunidad de Javier Duarte. Tan es así que estuvo de
acuerdo con la creación de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo —Sala Anticorrupción—, cuya función
en teoría “será conocer las responsabilidades administrativas de servidores
públicos y particulares e impondría las sanciones correspondientes”.
De acuerdo con el
comunicado del Congreso de Veracruz, 30 legisladores la aprobaron, 14 votaron
en contra y hubo cuatro abstenciones. Mónica Robles no combatió la creación de
la Sala de Impunidad Duartista, ni desde su curul ni en tribuna.
Reza el boletín:
“Durante la novena
sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno aprobó este dictamen con
30 votos a favor de los diputados de los grupos legislativos del PRI, PVEM y
Nueva Alianza; 14 en contra —de los diputados de las bancadas del PAN, PRD-MC,
del legislador del PT, Eladio del Ángel Zumaya; del PRI, Ricardo Ahued
Bardahuil; del PVEM, Jesús Vázquez González— y cuatro abstenciones —de los
diputados Gerardo Fuentes Flores, de Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y José
Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI, así como de Domingo Bahena Corbalá,
independiente”.
Mónica Robles no
aparece entre los que votaron en contra ni se abstuvo.
Toda la bancada
panista y el PRD votaron en contra.
El único del PRI
que votó en contra fue Ricardo Ahued.
El único del PVEM
que votó en contra fue José Jesús Vázquez.
Cuatro
abstenciones: Gerardo Fuentes Flores, de Nueva Alianza; Octavio Pérez Garay y
José Ramón Gutiérrez de Velasco, del PRI, así como de Domingo Bahena Corbalá,
independiente.
¿Y Mónica Robles?
Cierra la pinza
Javier Duarte con la Sala Anticorrupción. Ahí tendrá tres magistrados que
propondrá a su mayoría priista y aliados, inamovibles durante 10 años. Se trata
de los magistrados de la complicidad.
Es una intromisión
en la vida interna del Poder Judicial, a quien correspondía realizar la
propuesta. Seguro se irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y perderá
efecto justo cuando Javier Duarte deje el gobierno, vulnerable entonces, en
manos de Yunes Linares.
Crear esa Sala es
otra aberración. Implica asignar presupuesto, personal, áreas de trabajo cuando
la pandilla duartista le debe 100 millones de pesos o más al Poder Judicial de
Veracruz, recursos para aportar al Instituto de Pensiones del Estado y a obras
para los juzgados en el nuevo sistema penal acusatorio.
Quedó en suspenso
el nombramiento del fiscal anticorrupción y pasó, en cambio la creación de la
Sala Anticorrupción, el paquete de impunidad de Javier Duarte en marcha, con el
aval del priismo, de los verdes, de los otros aliados, las rémoras que le
cuestan una fortuna al pueblo de Veracruz.
La rechaza Ahued,
se abstienen Octavio Pérez y José Ratón, vota en contra el verde José Jesús
Vázquez, el medio hermano del extinto cacique sureño Cirilo Vázquez Lagunes. ¿Y
Mónica Robles? ¿A favor del paquete de impunidad duartista o en contra?
Pronto será Monica
Robles diputada yunista azul.
Lo suyo es el
engaño.
Archivo muerto
Fidelista,
duartista, Lupe Porras quiere ser magistrada. Puja para estar en la terna Que
proponga el desgobernador de Veracruz para integrar la Sala Anticorrupción
—Sala Especializada en Materia Anticorrupción del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo— con la que Javier Duarte se pretende blindar. Lu-pilla mayor,
con una estela de corrupción, con cuentas chuecas en Minatitlán, cuya alcaldía
presidió, es la carta de Ciro Félix Porras, su hijo, diputado local, que con el
beneplácito del fidelismo y del duartismo, la quiere ver simulando que aplica
la ley contra la corrupción. Trasciende en el Congreso de Veracruz que sólo así
—su mami en la terna infernal— Cirito votaría por el fiscal anticorrupción que
proponga Javier Duarte, a punto de un ataque de nervios el gordobés por tener
fiscal y magistrados a modo, cómplices que lo cuiden, que eviten que el
gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, una vez en el cargo, lo confine
en la cárcel. ¡Qué aberración! Lu-pilla Porras sumió a Minatitlán en la
bancarrota, dispuso de créditos bancarios, dejó de pagarlos, liberó cheques sin
la firma del síndico, acumuló inconsistencias en el manejo de los recursos por
más de 500 millones de pesos, pagó 45 millones de pesos por un puente, el de
Capoacán, que nunca se construyó, reprimió a sus adversarios y críticos con
porros. Y ahora, vía Ciro, su hijo, el legislador, quiere ser magistrada
anticorrupción. Lo que es la desfachatez… Cambio en la cúpula del Observatorio
Ciudadano de Coatzacoalcos, en septiembre. Deja su presidencia Luis Fajardo
Vázquez, quien por más de cinco años lo encabezó. Vía el OCC, se pudo tener una
medición precisa del nivel de violencia e inseguridad que devora a Coatzacoalcos
y al sur de Veracruz, con metodología para identificar el delito, sus causas,
sus omisiones, el papel que juega la autoridad, la efectividad o no de los
operativos policíacos, si funcionó o no el Mando Único Policial, el crecimiento
del secuestro, la extorsión, el levantón. Cifras, datos, el por qué del caos y
el baño de sangre, en la labor del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos,
primero en su género en Veracruz, con el respaldo de figuras de la talla de
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Alejandro Martí, de México
SOS, se constituyó en un termómetro de la violencia, incómodo para el
duartismo, sobre todo para Arturo Bermúdez Zurita, el “general” de cero
estrellas, secretario de Seguridad Pública, cuya policía es lo peor que le pudo
ocurrir a Veracruz, inodada en levantones de inocentes que luego son entregados
al crimen organizado. Se va Luis Fajardo pero OCC seguirá en la misma línea y
con la misma intensidad… A ver. Dice Brenda Manzanilla Rico que un despacho de
la ciudad de México será el que se encargue de cuantificar el impuesto predial
que Braskem-Idesa deberá pagar al ayuntamiento de Nanchital. O sea que la
tesorería municipal no tiene capacidad de realizar esa labor, medir la
extensión del predio en que se ubica el complejo Etileno XXI, verificar la
tabla de valores catastrales, determinar el monto a pagar. Suena a transa de la
alcaldesa, semejante a lo que hiciera Marcelo Montiel en Coatzacoalcos, cuando
usó información que conoció cuando fue oficial mayor del Congreso de Veracruz,
frenando a Armando Rotter que pretendió cobrar a las subsidiarias de Pemex en
Pajaritos, Cangrejera y Morelos, entonces convertidas en sociedades anónimas, y
esperó a ser presidente municipal para apretar, embargar, condonar y llevarse
un botín de 242 millones de pesos, incurriendo en un delito fiscal, pues estaba
impedido para eximir de pago al contribuyente. Sólo falta con que Brenda
Manzanilla use los servicios de Abogados y Asociados Internacionales, de Tony
Macías, para realizar un par de notificaciones y llevarse una millonaria
comisión… Insensibles, gobierno federal y de Veracruz a la exigencia —no
solicitud— de cumplir con la llegada de la Gendarmería Nacional a
Coatzacoalcos. A solicitud del cabildo de Coatzacoalcos, empresarios, profesionistas
y líderes de agrupaciones civiles suscribieron un desplegado en el que
reiteraban el llamado a que esa instancia federal la que asuma el control de
las tareas para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Días
después no hay respuesta. en el desplegado se evidencia la crisis de seguridad,
operativos policíacos fallidos, la población inerme. Javier Duarte dijo días
antes de la elección del 5 de junio que la Gendarmería llegaba a Coatzacoalcos.
Falso. Dice su secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, que sí llegó pero
se tuvo que ir a Chiapas y Oaxaca. Falso. Si así fuera lo sabrían el alcalde
Joaquín Caballero y su cabildo, los mandos policíacos locales, la prensa
adscrita a la fuente policíaca. No hay tal. Y transcurren los días y la indiferencia
en el gobierno peñista y ni se diga en el duartista, es criminal…