La violencia política de género existe desde el momento en que a las mujeres se nos negaron nuestros derechos
*La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa
señaló que la violencia política de género es un problema que enfrentan las
mujeres en todo el mundo.
*Alanis Figueroa destacó como buena práctica la
elaboración de Protocolos de Atención.
Pachuca, Hidalgo. | 28 julio de 2016
Tribuna Libre.- En Pachuca, Hidalgo, se lleva a cabo el “Diálogo Regional, Intercambio
de Buenas Prácticas: Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres”, convocado por la Organización de los Estados
Americanos, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belém do Pará, ONU Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos, la organización Asociadas por lo Justo y Amnistía
Internacional, así como el Gobierno del Estado de Hidalgo, la SEGOB, CONAVIM,
PGR, SRE, INMUJERES, INJUVE, entre otras instituciones. El fin de este espacio
es el intercambio entre representantes de gobierno, sociedad civil, academia y
organismos internacionales, involucrados en la atención a la violencia contra
las mujeres y niñas, así como la reflexión sobre los retos y experiencias,
esfuerzos y compromisos que están teniendo un impacto positivo en el
continente.
María del Carmen
Alanis Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), participó en el Panel 2: Temas emergentes en materia de
violencia contra las mujeres, en donde señaló que, si bien en términos
legislativos, jurisprudenciales y académicos, la violencia política de género
es un tema emergente, en términos fácticos existe desde hace muchos años. Para
ejemplificarlo, habló de lo que tuvieron que enfrentar las sufragistas para
conseguir el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres.
Alanis Figueroa se
centró en transmitir tres ideas fundamentales. La primera, la violencia
política es un problema que enfrentan las mujeres en todo el mundo. La segunda,
es necesario que las autoridades, las académicas y las organizaciones sepan
identificar este tipo de violencia, documentarla, denunciarla y llevar los
casos ante la justicia. La tercera, los protocolos constituyen buenas prácticas
frente a la inexistencia de leyes en la región. Además, las órdenes de
protección tienen que ser implementadas por los órganos competentes.
Uniéndose al
sentido de la campaña del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos
Internacionales, la Magistrada concluyó manifestando enfáticamente que la
violencia política de género no es el precio que tienen que pagar las mujeres
por ejercer sus derechos humanos. Su integridad física y psicológica no es el
precio por ser candidatas, su derecho al honor y a la imagen son el precio por
ejercer un cargo público, su seguridad, el acoso, la discriminación no son el
precio por formar parte de los espacios donde se toman decisiones que definen
el rumbo de un país.