Justo el reclamo de los Ayuntamientos Veracruzanos.
Héctor Yunes Landa| 31 octubre
de 2016
Tribuna Libre.- Un número importante de
Ayuntamientos del país enfrentan condiciones financieras adversas,
repercutiendo directamente en los ciudadanos y las economías locales.
En el caso de los
ayuntamientos veracruzanos, además de las circunstancias mencionadas arriba,
los problemas financieros de estos se agravan, generando con ello la falta de
pago a proveedores, empleados municipales y dando lugar a una muy limitada obra
pública. La entrega tardía de las participaciones federales por parte del
gobierno del estado a los ayuntamientos muchas veces les impide a estos
aprovechar recursos federales destinados a obra pública municipal dada la
imposibilidad de aportar el porcentaje que les corresponde a los Ayuntamientos,
el llamado pari passu.
Esta retención injustificada
de las participaciones federales por parte de la desastrosa administración de
Javier Duarte de Ochoa ha sido denunciada de manera recurrente por presidentes
municipales veracruzanos emanados de todos los partidos políticos, lo que
originó incluso diversas observaciones de la Auditoría Superior de la
Federación y los más severos cuestionamientos del Titular de la ASF al
gobernador con licencia, hoy prófugo de la justicia.
Asimismo, municipios de
Michoacán y Morelos se han declarado en insuficiencia de pagos. No obstante que
el gobierno federal duplicó entre el año 2000 y 2014 las aportaciones a los
municipios.
De acuerdo al último reporte
trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los municipios en el
país registran adeudos por el orden de los 47 mil 243 millones de pesos. Son 20
municipios los que concentran el 45 por ciento de la deuda pública municipal.
En los últimos ocho años los
pasivos municipales en el país crecieron 83 por ciento, registrando
principalmente tres tipos de compromisos: con banca múltiple, banca de
desarrollo y emisiones bursátiles.
No obstante la situación
financiera por la que atraviesan los ayuntamientos, organismos como el
Instituto Mexicano para la Competitividad refieren que las autoridades locales
tienen aún oportunidades para fortalecer sus haciendas.
En promedio, el 70 por
ciento de los recursos municipales provienen de la federación y estados,
teniendo ingresos propios de solo alrededor del 20.9 por ciento.
El Instituto Mexicano para
la Competitividad propone una serie de acciones con la finalidad de mejorar las
finanzas municipales, como la de regular la administración y asignación de
recursos, adoptar e institucionalizar las mejores prácticas en la elaboración
de los presupuestos, utilizar de manera responsable los instrumentos de
financiamiento, así como un sistema de subasta pública que permita obtener
mejores condiciones de contratación a los municipios.
Desde el Senado de la
República estaremos vigilantes de que se cumplan con las disposiciones
establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federales y
Municipios, misma que regula el gasto y la contratación de empréstitos, para lo
cual fue creada la Comisión Bicamaral en esta Materia.
Finalmente, reitero mi
solidaridad a los presidentes municipales veracruzanos y especialmente a los
ciudadanos, quienes son los que desafortunadamente pagan las consecuencias por
la insuficiencia de recursos derivado de la falta de entrega de éstos por parte
del gobierno del estado a las autoridades municipales. De ahí que insistiré que
la situación que enfrentan los Ayuntamientos se resuelva por las dos vías:
política y financiera.
Mi solidaridad con los
alcaldes y con los ciudadanos no se reduce a una expresión mediática. He
solicitado a los titulares de la SEGOB y de la SHCP su inmediata intervención a
fin de que se atienda y resuelva su justo reclamo, tal como el propio
gobernador Interino del estado de Veracruz lo reconoce y que, ante la falta de
recursos tomó la oportuna decisión de solicitar el apoyo del gobierno federal
para hacer frente a esta lamentable situación.
De ahí que continuaremos
pendientes de que las autoridades estatales restituyan a las haciendas
municipales los recursos etiquetados que les corresponden y que indebidamente
fueron utilizados para otros fines.
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