José Miguel Cobián | 01 noviembre de
2016
Tribuna Libre.- Son las 11 de la noche de un día cualquiera y
recibo la llamada de un amigo, pidiendo apoyo para su hijo, pues participará en
un debate en su escuela y quiere escuchar mi opinión sobre un asunto. Le digo que encantado y enseguida me llama
el chico. La pregunta es muy sencilla
¨¿Sirve de algo la denuncia ciudadana?¨.
Lo primero que se me ocurre es preguntarle a
que país se refiere, porque si se trata de México, lo voy a ayudar a que él
mismo encuentre la respuesta. Primero le
pido que investigue cuántos delitos se denuncian en el país. Encuentra una respuesta, 4.5% de los delitos
se denunciaron en 2014. El siguiente
paso es preguntarle porque cree que sea tan baja la cifra. De inmediato la respuesta es que la sociedad
está atemorizada. Le pido que
investigue sobre el tipo de delitos que se producen en el país, y se da cuenta
de que muchos de los delitos no merecen que se considere que la denuncia de los
mismos traerá alguna consecuencia.
A sus 17 años, se imagina que las
investigaciones en México son similares a las que observa en la tele. Le expliqué que no, que esa es la principal
razón por la cual de cada mil delitos que se cometen en el país sólo se
denuncian 45. Denunciar implica perder
varias horas de tiempo en una agencia del ministerio público, que tiene trabajo
en exceso, y personal muy limitado.
Posteriormente hay que ratificar la denuncia y si nadie le da
seguimiento, esa denuncia se va a la estadística de delitos no investigados. Ya no pudo conocer el dato de delitos no
investigados, pero le dije que era similar (sin tener mucha certeza) a la de
los delitos no denunciados. Es decir de
cada mil delitos denunciados, se deben de investigar cuando mucho un 5%, y eso,
los delitos que son atendidos por un abogado de la parte acusadora, que es
quien en realidad aporta la mayoría de las pruebas. En conclusión hasta este momento de la
plática el chaval hizo cuentas y me dice, ¨¿entonces de cada mil delitos que
hay en el país sólo dos son investigados? ¨.
Sí, pero eso no es lo peor, porque todavía
falta la estadística de los delitos consignados ante un juez por parte del
agente del ministerio público (le explico que el nombre ya cambió pero que
hacen lo mismo). Resulta que de cada mil
casos que son consignados ante un juez, menos del cinco por ciento llega a
sentencia condenatoria. Y además de
ello, las prisiones del país están llenas de personas que están esperando
sentencia condenatoria o de libertar por parte de un juez, y hay personas que
llevan años detenidos sin sentencia.
Muchos años.
Al fin chamaco se puso a hacer cuentas y me
dice, que según lo que le comento, de cada diez mil delitos 1.125 llegan a
condena para el delincuente. A partir
de allí le expliqué que la capacitación profesional de las agencias de procuración
de justicia deja mucho que desear. Los
titulares son abogados, en su mayoría sin conocimientos de criminalística,
aunque sí de derecho. Los agentes
investigadores, nuestro FBI, son personas que terminaron la preparatoria, y
ya. No se les ha apoyado para que
mientras están en funciones también logren recibirse de criminólogos o de
abogados. Los recursos técnicos también
son muy limitados. No hay prácticamente
investigación científica ni bases de datos que sirvan si se aplicara la ciencia
en la investigación. Grave, muy grave
la situación. Y el origen es muy
sencillo.
Hace algunos sexenios, las procuradurías no
tenían presupuesto propio, o era mínimo. Quien financiaba la operación de el
aparato de procuración de justicia era el crimen organizado a través de
cuotas. Por eso los agentes
ministeriales no tenían para gasolina, o para rollos fotográficos, o para lo
que fuera. Y desgraciadamente cada año
el congreso del estado no le aumenta el presupuesto a esta área del poder
ejecutivo. Hoy que el sistema de
gobierno tiene que enfrentar a otro tipo de criminales y en el cual los
acuerdos son limitados o inexistentes, nos encontramos con que a la fecha no
hay profesionalización de las policías en todo el estado ni en el país, a pesar
de varios sexenios con el mismo compromiso.
No hay una procuración de justicia que atienda a las víctimas y sobre
todo, entregue resultados a la sociedad, y luego todavía nos encontramos con un
poder judicial saturado y en algunos casos permeado por la corrupción.
Es por ello que el contrato social ha sido
violado una y otra vez por cada gobierno en turno. El sueño de justicia pronta y expedita es,
ha sido y parece que será, un sueño eterno para los mexicanos.
Así que allí termina la primera parte. La segunda es mas triste aún, porque
comentamos sobre la denuncia ciudadana, pero en medios masivos de comunicación
o mediante cualquier otro medio. Le
explico que incluso las marchas que juntan un millón de personas para pedir la
paz, o cualquier otra que exige el esclarecimiento de un crimen, acaba por
convertirse en una anécdota más. Pues no
dan resultados tangibles. La gente
sale a marchar, exige públicamente derechos (o chuecos como hemos visto en
muchos casos) y no pasa nada. A nadie
le importa, si acaso sólo importa lo que le pase a mi familia y a mi círculo
cercano. Es decir, actuamos como pueblo,
jamás como ciudadanos.
Enseguida quiso saber porque no asumimos la
mayoría de edad como país. Pero como
dice la nana Pancha, esa ya es otra historia.
